*Una investigación de Agenda Política y Verónica Trujillo Noticias
Nos advirtieron de la trama desde el mes de abril del año 2017. María Soledad Luévano Cantú, excandidata de Morena por la capital de Zacatecas derrotada en tribunales, construía una narrativa atractiva a las y los críticos del exgobernador Miguel Ángel Alonso Reyes.
La entonces diputada local de la LXI Legislatura había advertido, durante la glosa del quinto informe de gobierno de aquel mandatario, los vericuetos de corrupción con los que se distribuían los recursos para obra pública. Desde entonces señaló a los constructores alineados con el alonsismo.
Ocho años después, pareciera que el sexenio de Miguel Alonso se extendió de manera indefinida, al menos en cuanto al presupuesto en “obras faraónicas”. Un sector de los equipos que componen el monrealismo simplemente no dan crédito al “sinsentido” de gobernar con lo mismo y los mismos, comenzando por Ernesto González Romo.
Para ser precisos, no comenzaron ahí las diferencias. Como antecedente inmediato, el 26 de septiembre del 2019, el exdiputado Javier Calzada Vázquez (ahora promotor de la iniciativa en contra de la construcción del viaducto elevado) presentó un punto de acuerdo a sus pares de la LXIII Legislatura.
El objetivo: solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión minuciosa “de cada una de las etapas en que se realizó la obra del Centro Cultural ‘Toma de Zacatecas’, la que contenga marco normativo de sustento, proceso de concurso y adjudicación, estudio de factibilidad, inversión federal y estatal en cada caso”.
Un punto de acuerdo cuya redacción no supera las cuatro páginas, y que no encuentra desperdicio alguno en su lectura. Sin embargo, además de que Javier Calzada ya olvidó aquella solicitud, no quiso ir al fondo del tema: la relación persistente entre las constructoras involucradas en tres grandes obras.
Aquí surge la primer pregunta: ¿qué vínculo existe entre el Centro Cultural “Toma de Zacatecas”, el Parque Ecológico “Bicentenario” y el Sistema Integrado de Transporte “Platabus”? Dos empresas: Rumbo Constructora S.A. de C.V., y Construcciones y Edificaciones AMASA S.A. de C.V.
Una de las cuales aparecen dentro de la investigación que realizamos en Agenda Política, publicada en fecha del 24 mayo del 2020, titulada “Los beneficiarios de la carretera Fresnillo-Valparaíso”. A diferencia de Calzada Vázquez, en este portal informativo presentamos una relación de constructoras y sus propietarios.
La más importante, tal vez por la importancia que le dan hoy en los despachos de la Secretaría de la Función Pública, es la empresa Rumbo Constructora. Ya había advertido Soledad Luévano desde el quinto informe de gobierno de Miguel Alonso que aquella contratista pertenecía a José Guadalupe Bañuelos Robles.
A través de un prestanombres, uno de los principales accionistas del Grupo Constructor Plata S.A. de C.V. (donde también participa Eldaa Catalina Monreal Pérez), diversificaba la captación de obra pública. No precisamente un prestanombres como dijo Soledad, sino un familiar directo, su hijo Jonathan Bañuelos Martínez.
La figura de Jonathan toma relieve en el quinquenio de Alejandro Tello Cristerna, al ganar la licitación LO-932060991-E1-2021 con un valor total de 32 millones 315 mil 739 pesos para la edificación de terracerías, taller y obras exteriores de la terminal uno del Sistema de Transporte Integrado Zacatecas-Guadalupe conocido como Platabus.
La firma de dicho contrato se realizó el 4 de junio del 2021, apenas tres días antes del triunfo de David Monreal Ávila en urnas. En misma fecha también se firmó el contrato que ampara la licitación LO-932060991-E2-2021 con valor de 18 millones 726 mil 147 pesos a Construcciones y Edificaciones AMASA S.A. de C.V.
A la empresa de Raúl Gerardo Ávalos Villareal (cuyo apoderado legal en esa ocasión fue Carlos Avelar González), se le encargó la construcción de obra civil y edificios de servicios para la terminal uno en Zacatecas. Empero, ese combo de constructores fueron la excusa por la que Ernesto González abrió recientemente los expedientes del Centro Cultural.
Recordemos que el pasado 19 de septiembre, mediante convocatoria abierta a distintos medios de comunicación, el titular de la Función Pública presentó las irregularidades en las que incurrieron tanto “Lupe” Bañuelos y Raúl Ávalos en las dos etapas de la construcción del “mamut” de la corrupción.
La primera se le entregó a Construcciones y Edificaciones AMASA, en el mes de diciembre del 2014, mediante la transferencia de 230 millones 512 mil pesos. La segunda etapa, en cambio, sólo ampara 88 millones 382 mil 470 pesos que Rumbo Constructora cobraría por trabajos al interior de la mega estructura arquitectónica.
De las 15 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y 21 sanciones administrativas que se produjeron en el “quinquenio de la impunidad” (Ernesto dixit), ninguna consecuencia real recayó sobre los dos grandes constructores. Peor aún, en un acuerdo entre Alejandro Tello y David Monreal, a los observados los revivieron con más dinero.
El mismo que hoy se encuentra invertido en el Sistema de Transporte Integrado Zacatecas-Guadalupe, y del que la nueva gobernanza inyectó otros 26 millones 713 mil 610 pesos ni más ni menos que al contratista José Carlos Bañuelos, familiar de los accionistas del Grupo Constructor Plata, que nunca había captado contratos que superaran los 3 millones de pesos en obras menores.
El convenio establecido en fecha del 28 de julio del 2023, lleva las firmas de José Luis de la Peña Alonso (titular de Obras Públicas) y Luz Eugenia Pérez Haro (otra fresnillense del clan Monreal, exsubsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial), para las obras complementarias de la terminal dos, en Guadalupe.
No sin antes “relanzar” el proyecto que la nueva gobernanza tenía en el olvido, con una inversión cercana a los 6 millones de pesos divididos entre Jesús Santiago Castillo Vargas, Carlos Francisco González Haro y Raúl Armando Salinas Salinas. Con ellos “supervisarían” obras complementarias, rediseñarían su modelo tarifario, y realizarían un nuevo análisis del costo beneficio del negocio que ahora cambiará de dueños: el Platabus (David) Monreal – Bañuelos.
Qué opinión tendrán de todo este escenario las y los constructores afiliados a la CMIC Zacatecas que encabeza Jorge Alberto de la Peña Díaz, compadre de Ricardo Monreal Ávila y tío en tercer grado de José Luis de la Peña Alonso, el todavía secretario de Obras Públicas. Habrá que cuestionarlos.
*Con información de Verónica Trujillo Noticias y Agenda Política.