La Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes confirmó, el pasado 3 de marzo, que el proyecto de “Movilidad para el Bienestar (MOBI)”, dentro del cual se encuentra la inversión por 3 mil 654 millones de pesos para la construcción del viaducto elevado, no cuenta con permisos del Centro SICT Zacatecas.
El informe justificado que presentó en esa fecha José Alfredo Ramos Juárez, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ante el juez segundo de distrito, derrumba la narrativa oficial de la nueva gobernanza, la cual se encuentra en los claroscuros que ha pronunciado continuamente José Luis de la Peña Alonso.
Las únicas actividades para las que se facultó licencia del Centro SICT en el estado, tienen que ver con trabajos previos de trazo e identificación, mismas que en ningún momento debieron “interferir sustancialmente con el tránsito, ni afectar o alterar las terracerías, pavimentos, estructuras, ni obras de drenaje existentes en el camino”.
E insiste: “dicho oficio [con el que se faculta únicamente ese par de actividades], no es autorización alguna para la construcción de puente elevado”. José Ramos hace alusión al oficio que extendió a las oficinas de De la Peña Alonso el 11 de noviembre del 2024, mismo que contiene permisos “parciales”.
El juez segundo de distrito tiene en sus manos las pruebas de que la Secretaría de Obras Públicas de la nueva gobernanza ha sostenido “el robo del siglo” a partir de mentiras difundidas públicamente, ya que el titular de la dependencia ni siquiera tenía autorización para iniciar cualquier modificación en las zonas afectadas.
Las actividades de trazo del alineamiento horizontal y la ubicación de bancos de nivel y referencia, así como la identificación de elementos existentes dentro del derecho de vía que tendrán que ser retirados, demolidos o reubicados; no están relacionadas con las obras que José Luis de la Peña inició en diciembre.
Según presumió el de Obras Públicas en una entrevista publicada en el portal La Jornada Zacatecas, en fecha del 12 de febrero, el “gobierno” (así le dicen) de David Monreal Ávila realizó “la demolición del camellón central, el retiro del parapeto y el desmontaje del mobiliario urbano… como preparación a la cimentación de la obra”.
La única autoridad a la que De la Peña Alonso ha buscado involucrar en la expedición de permisos, también aseguró que el titular de Obras Públicas nunca tuvo consentimiento para iniciar la intervención de líneas de drenaje y agua potable, así como la sectorización de vialidades que diseñó la Policía de Seguridad Vial.
Tal como se estipula en el oficio CSICT.6.31.555/2024, del 11 de noviembre del año pasado, en aquellas fechas se notificó la ejecución de distintas “mesas de trabajo asociadas al convenio de coordinación de acciones que será suscrito entre esta dependencia del ejecutivo federal y el Gobierno del Estado de Zacatecas”.
Más importante aún: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes afirmó que David Monreal y José Luis de la Peña debían “notificar a los permisionarios de derecho de vía, la necesidad de desocupar las áreas que resulten necesarias para la construcción del Viaducto Elevado de Zacatecas”.
No hay otro permisionario que el que reconoció Obras Públicas en el oficio SOP-SPC PROV/02077/2024, dirigido al entonces presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, “con la finalidad de obtener la Licencia de Construcción en términos de la Ley de Construcción para el Estado y Municipios de Zacatecas”.
Dicha comunicación rubricada por Dela Peña Alonso el 13 de agosto del 2024, reconoce que “derivado de los trabajos realizados entre los equipos de esta secretaría y la administración municipal conforme sus atribuciones… acordó la instalación de mesas técnicas de trabajo, para el análisis de documentación requerida”.
Todo ello “a efecto de solicitar y en su momento emitir la licencia requerida para la obra en mención”. Por ende, se señalaron los días miércoles 14 de agosto y viernes 16 de agosto, del año pasado, tanto para la revisión de documentación técnica, como para la revisión de planos del proyecto.
Aquellas mesas conocieron la luz pública por primera vez en esta misma columna el pasado 24 de enero, cuando se difundió el texto titulado “Así se licitó el Viaducto Elevado en Zacatecas”. En ningún momento se trató de especulaciones, sino de testimonios de quienes participaron en las reuniones entre ambas dependencias.
En efecto, la nueva gobernanza decidió tomar la vía de las omisiones administrativas una vez que Jorge Miranda perdió la administración municipal capitalina. Sabía de la negativa inicial que pronunció Miguel Ángel Varela Pinedo desde su campaña electoral, y las consecuencias que vendrían a posteriori. No tienen permisos, no tienen palabra, no tienen salida, ni tienen vergüenza.
#Casualidades: El mismo día que el Centro SICT Zacatecas rindió el informe justificado ante el juez segundo de distrito, en el amparo 196/2025 bajo la tutela del despacho Del Real & Asociados, un accidente reveló otra grieta del segundo piso.
Los trabajadores de la empresa HYCSA/CATEM aseguraron a distintas fuentes oficiales que el siniestro en la zona de perforaciones del viaducto elevado llegó como resultado de la nula capacitación laboral y la inexistencia de protocolos de seguridad.
Es de tal grado el nivel de omisiones en que ha incurrido la constructora de Alejandro Calzada Prats (que contrató mano de obra corporativizada al sindicato de Pedro Haces Barba), que la empresa buscó pagar gastos médicos en un hospital privado.
Esto es, HYCSA/CATEM no otorgó seguridad social a la mano de obra zacatecana, hecho que tendría que ser observado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tanto a nivel federal, como en lo local.
El problema es que a nivel estatal, dicha dependencia se encuentra adscrita a la Secretaría de Economía, donde hoy despacha Jorge Miranda Castro, otro de los involucrados en el “robo del siglo”, una vez convino a sus intereses.
El terrible accidente que sufrió un joven de Sombrerete contratado en la construcción del viaducto elevado, el cual ha comprometido gravemente la movilidad de su columna y ambas piernas, no sólo quiso ocultarse. También buscaron disimular la trama interna de omisiones en la contratación de una empresa producto de la corrupción.