La jueza de distrito Margarita Quiñones Hernández no sólo estaría en condiciones de suspender de manera definitiva la ilegal obra del viaducto elevado, debido a que carece de cualquier permiso, estudio y/o dictamen que avalen su construcción hasta el momento. En sus manos, si así lo decide, también se encuentra el futuro político de Rodrigo Reyes Mugüerza.
Las declaraciones del titular de la Secretaría General de Gobierno que circularon este jueves no dejan lugar a dudas sobre la condición de violencia política de género con la que la nueva gobernanza pretende realizar la “defensa” de un proyecto que se esmeran en presentar como uno que se encuentra en “orden”, sin entregar documento alguno que deje constancia de tal situación.
Si existen los permisos, dictámenes, estudios de factibilidad, estudios de impacto ambiental y modificación del patrimonio cultural de Zacatecas, ni Reyes Mugüerza ni José Luis De la Peña Alonso se han preocupado por ofrecer una conferencia de prensa en la que pongan a disposición de la opinión pública cualquiera de los 46 requisitos que su momento, por ejemplo, les solicitó Jorge Miranda Castro como edil capitalino.
Simplemente no hay una sola página con la que puedan defender el viaducto elevado, porque ni siquiera la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio fe de que contaran con permisos para realizar cualquier trabajo sobre el subsuelo, ni mucho menos establecer un protocolo de redistribución vial, como el que inició la Dirección de Policía de Seguridad Vial hace unos meses.
Todos los trabajos de la Secretaría de Obras Públicas que comenzaron en diciembre del 2024 a la fecha han sido actos contrarios a la legalidad de la misma obra. Con ello suman daños al erario público, daños a la vialidad central de la capital de Zacatecas, omisiones y responsabilidades administrativas, y la negativa de informar qué sucede con el destino de 3 mil 652 millones de pesos.
Lo único que existe al día de hoy es un puñado de camionetas pick-up Tunland E5 que el Centro SICT Zacatecas adquirió a la agencia FOTON en fecha reciente, como otro de los compromisos de las dependencias federales para llevar recursos públicos a las empresas de César Deras Almodova y César Deras Solano como prestanombres y operadores de negocios de Ricardo Monreal Ávila en distintas dependencias y municipios del estado.
El grueso de actos suspendidos provisionalmente en distintos amparos dentro del Poder Judicial de la Federación simplemente se realizaron por encima de cualquier marco legal conocido. Empero, a la administración de David Monreal Ávila le pareció buena idea acusar a Margarita Quiñones de presuntamente sostener una “relación personal” con un abogado. Lo mismo tendrían que decir de otros actos de suspensión que vienen en camino.
El problema es que el único que formalizó dicha declaración ante medios de comunicación es el mismo que divide el trabajo de la General de Gobierno en dos: actos administrativos y actos proselitistas. Rodrigo sigue sin entender que las concesiones que le ha otorgado David llegan con un muy alto costo, al punto en que podría perder su carrera política por los próximos cuatro años (mínimo) si llegaran a proceder en su contra por violencia de género.
Él, como gobernador “substituto” está más preocupado por reunir al gabinete para dictar órdenes y calendarios de las “Brigadas de la Paz y el Bienestar”. Así lo hizo, por ejemplo, en el citatorio que circuló el pasado viernes a distintas dependencias, y que tuvo que postergar tres días. La razón: el arranque de su campaña (a estas alturas a cualquier puesto) que comenzó con más vacíos administrativos.
Como lo explicaron quienes conocieron de aquella reunión, Rodrigo Reyes sugirió intervenir un polígono muy pequeño de la colonia Tres Cruces sin ninguna documentación que avalara las requisiciones ciudadanas a las que dijeron que pretendían atender. Llegaron a pintar, barrer, rotular, intervenir rampas, podar árboles, porque así se les ocurrió.
De los materiales que ocuparon tampoco existe constancia de qué secretaría ejerció las compras, ni quién las distribuyó. La “estrategia” se fijó un lunes por la tarde y al día siguiente llegaron al polígono a darles “atención” a las mismas estructuras con las que Mariano Casas Valadez se había reunido el 13 de febrero, en otra campaña proselitista del secretario general de Morena como aspirante a presidente municipal de Zacatecas.
Se entiende entonces por qué la nueva gobernanza reincorporó en sus eventos a la delegada Adilene Rosales Romero, a quien habían separado de su agenda desde las “Posadas de la Paz”. Pues bien en las “brigadas para barrer y pintar” también estuvo presente Gabriela Evangelina Pinedo Morales que, como se explicó aquí en otras entregas, ha placeado a Reyes Mugüerza con las estructuras de la capital para presentarlo como “candidato”.
Cada vez surgen más elementos que dejan ver que aquella “ruptura” entre ricardistas y La Secta no era más que un diferendo que con el tiempo habían de recomponer para salvarse de una inminente derrota. Y lo que es más grave, al momento de redactar esta nota Agenda Política tuvo acceso a los escritos de queja de Ángel Manuel Muñoz Muro, Susana Rodríguez Márquez y José Luis de la Peña, ninguno de los cuales manifestó conflicto de interés, corrupción, relaciones personales, ni la sarta de insensateces que declararon David y Rodrigo.
Este portal también tuvo acceso al contrato entre Gobierno del Estado y las empresas Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Suereste, el cual establece una cláusula de Terminación Anticipada con una compensación para la empresa, con cargo el Fideicomiso del viaducto elevado, por los trabajos realizados así como los “gastos no recuperables” en que hayan incurrido. Fuentes internas de la nueva gobernanza hablan de cantidades de hasta por 1 mil millones de pesos.
Y otra más de Suspensión Temporal por causas imputables al Gobierno del Estado que “pagará las actividades concluidas, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables”. Con ello confirman que la ausencia de permisos son responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas, de lo contrario “en caso fortuito o de fuerza mayor” no existiría responsabilidad alguna del gobierno con el contratista. O sea, los 4 millones de pesos diarios de los que habló De la Peña Alonso.
#Casualidades: Conjurada la reciente huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Secretario General, Ángel Román Gutiérrez, ahora lleva la tarea de darle orden, legitimidad y legalidad al proceso electoral ordinario 2025 para la elección de la nueva rectoría.
Si mantiene la institucionalidad que mostró hasta el último minuto en la relación con el Sindicato del Personal Académico, que encabeza Jenny González Arenas, habrá condiciones óptimas previas a la instalación de urnas en las unidades académicas, y la invitación al voto universitario tendrá normalidad.
A la par, Ángel Roman, de manera independiente, ha continuado el pliego petitorio que se estableció en las distintas mesas de trabajo con Jenny González, quien también se apunta como posible aspirante a dirigir la rectoría de la UAZ, si el sindicato valora la toma de decisiones que tuvo en las últimas semanas.
Como se advirtió en otras entregas, en ambos equipos se muestra fiabilidad pese a las diferencias internas naturales que pudieran surgir tanto en la parte patronal como en la de las y los trabajadores. Sin embargo, vendrán tiempos de consenso en próximos días para el proceso electoral.
En redes sociales ya circula una invitación oficial del Consejo Universitario para concluir la correcta integración del padrón de votantes que asistirán a las urnas, conforme lo establezcan los plazos y fechas de la convocatoria en la renovación de autoridades de la UAZ.
Veremos de qué manera convergen los acuerdos en cada una de las facciones que ya espera la publicación de dicha convocatoria para poder dar a conocer sus aspiraciones de manera abierta y dentro de la legalidad. Hasta el último minuto, Ángel Román tendrá que mantener la institucionalidad con la que se condujo en tiempos de huelga.