Corría el mes de enero del 2019 cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador informó a la sociedad zacatecana la transferencia de 500 millones de pesos para el proyecto de la presa Milpillas, dentro del municipio Jiménez del Teúl, durante una de sus giras gubernamentales al inicio de eso que llamó “la Cuarta Transformación”.
Era la única partida presupuestal de infraestructura que cedía el tabasqueño a la administración del (¿ex?) priista Alejandro Tello Cristerna, posterior a la aprobación del Paquete Económico 2019 en el Congreso de la Unión. Los recursos para las carreteras que conectan con Aguascalientes y Guadalajara, tenían otro destinatario.
Como lo dimos a conocer en este portal a finales del mes de mayo del 2020, la remodelación de ambos trayectos fue una cesión que otorgó López Obrador a un grupo de constructores identificados con quien hacía las veces de su mano derecha en el Senado de la República, el exgobernador Ricardo Monreal Ávila.
Beneficios para unos cuantos, en comparación con el proyecto hídrico que se encargaron de contaminar desde el interior de la hoy “nueva gobernanza”. Al respecto quedan los registros de las incursiones de la exdiputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales (ahora titular de SEDUZAC) en las comunidades de El Llano, El Potrero y Atotonilco.
El “grave impacto ambiental” que señaló la entonces legisladora del Partido del Trabajo, incluía también dos denuncias de los ejidatarios afectados por el proyecto (ante el ministerio público de Sombrerete). Dos quejas ante las Comisiones de Derechos Humanos (estatal y nacional), y otra más en la Procuraduría Agraria.
Así lo dio a conocer el 28 de noviembre del 2018, posterior a una visita conjunta con otra diputada de Morena, Alma Gloria Luévano Dávila. Desde esa fecha las dos legisladoras informaron, por ejemplo, que “el total de asistentes a la reunión de Atotonilco se manifestaron en contra de la obra y en contra de las autoridades”.
El “ambiente de incertidumbre y descontento social por la falta de información real a la sociedad y su nula coordinación para el desarrollo del megaproyecto”, siempre contó con la asesoría de Gabriela Pinedo y Alma Dávila (ahora en el olvido de la nueva gobernanza), desde que se acercaron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Como consecuencia, a los meses de que López Obrador confirmó la etiqueta de aquellos 500 millones de pesos, la licitación de la presa Milpillas fue cancelada. La razón: falta de certeza jurídica a los ejidatarios que mantienen propiedad en las hectáreas donde se asientan las estructuras arquitectónicas más importantes de la recolectora de agua.
David Monreal Ávila tuvo pleno conocimiento de las tareas de “asesoramiento” que mantenían las diputadas Pinedo y Dávila a los integrantes de 19 ejidos. Impulsado por la idea de tal vez revivir el proyecto en un gobierno apadrinado por Morena, la narrativa de su equipo siempre se sostuvo en la “inviabilidad” social del proyecto.
Hasta que llegó “el segundo piso” de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ya como presunto “gobernante”, David puso en práctica el manual de imposición tal y como lo había ejercido en el fallido asunto del viaducto elevado: “si la gente quiere, la presa va”.
Que el consenso social, que la socialización del proyecto, que los beneficios de una “obra virtuosa”, que el derecho humano “al agua” (sic)… aquí sólo cambiaba el concepto de “movilidad” y el supuesto “colapso del bulevar”, por el del acceso a los recursos hídricos a largo plazo para Zacatecas.
En el fondo, la inoperatividad de todo un gobierno quedaba expuesta de nueva cuenta, sazonado por las imágenes de un David Monreal que descendía de un helicóptero de la policía estatal al ejido de El Potrero para “convencer” a los pobladores de las “bondades” de la presa, el pasado 6 de junio.
Desde ese momento David desobedeció a los acuerdos establecidos en Palacio Nacional, que eligieron al director de CONAGUA, Efraín Morales López, y al procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, como encargados de supervisar la parte medular del proyecto que suma casi 9 mil millones de pesos.
La socialización de la presa nunca incluyó enviar a un convoy de cuerpos de seguridad de la Mesa de Construcción de Paz, a manera de intimidación a los ejidatarios. Pero, para David, aquella idea resultaba incluso “necesaria”. Con 100 millones radicados en el presupuesto del estado, la nueva gobernanza hizo lo que bien sabe: estropear todo.
Tal como lo informó Ana Isabel Pineda Flores en su comunicado de este 10 de julio, en el que confirmaron que las tareas de convencimiento no habían avanzado un solo milímetro sino que, por el contrario, parece que retrocedieron gracias a las decisiones del “más inteligente de los Monreal”.
El boletín oficial, tal cual, resume: “La reunión fue encabezada por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien indicó que se contempla la realización de asambleas informativas, no vinculadas al proyecto de manera jurídica, sino orientadas a explicar el contexto, los beneficios y aclarar las versiones falsas que circulan sobre la presa”.
“Debemos explicar que la presa no es para una cervecera, ni para uso industrial o minero; tenemos que decir claramente que habrá un programa de desarrollo social basado en lo que los propios ejidatarios nos digan qué necesitan” dijo el joven gobernador sustituto.
¿Qué no habían explicado eso ya, en 2018, las diputadas Gabriela Evangelina Pinedo Morales y Alma Gloria Dávila Luévano? ¿O exactamente de qué trató la “asesoría” que ofrecieron a los ejidatarios junto con la Red de Afectados por la Minería? ¿Quién alimentó la división social, David o Gabriela? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
No hay prueba más firme del por qué fracasó el viaducto elevado, que las mismas decisiones que hoy toma David Monreal en un proyecto federal, y del que ahora tiene que rendir cuentas directamente a dos funcionarios integrantes del grupo cercano a Claudia Sheinbaum Pardo, en Conagua y la Procuraduría Agraria.
Las fotografías que presumen a Rodrigo Reyes encabezando un reunión con ambos representantes de Sheinbaum Pardo sólo hablan de la burocratización simplona de un proyecto de 9 mil millones de pesos, que en la nueva gobernanza no toman en serio. ¿Y así pretenden presumir Ricardo y David a su aspirante a gobernador (último lugar de las encuestas) en la cúpula de Morena? Tienen todo en contra.