Vaya imágenes de “pacificación” nos regaló el cuarto informe (a secas) de David Monreal Ávila. De nueva cuenta utilizaron a las Fuerzas de Reacción Inmediata (creadas presuntamente para combatir al crimen organizado) con fines de intimidación y disuasión… ¡de una protesta pacífica!
Y no era cualquier protesta, sino la que organizó un colectivo de acompañamiento a las familias de las víctimas de desaparición forzada en Zacatecas (2.7 personas por día), que “pusieron en riesgo la seguridad” al colocar mantas de protesta con los números que resumen la otra crisis, palpable y verificable.
Si la percepción gubernamental ya se encontraba lo suficientemente cuestionada en la agenda pública por el homicidio de Ada Karina Juárez Jacobo y José Rodolfo Cárdenas Olvera (ambas víctimas de privación ilegal de la libertad) y la privación temporal de la libertad de Carmelo Vera Moreno, en el “tercer estado más pacífico del país”, lo de este lunes retrata de cuerpo entero su política oficial.
No sólo la que ha obligado recientemente a la Coordinación de Comunicación Social a restringir cualquier transmisión “en vivo” de sus eventos oficiales porque los discursos que menciona Rodrigo Reyes Mugüerza en esas convocatorias restringidas para acarreados, generan más descontento que convencimiento.
Ahora también tenemos a los mismos cuerpos de seguridad que llevaron a Zacatecas al rating nacional por las imágenes del 8M en 2024, pero reprimiendo y amenazando a un contingente de no más de 20 manifestantes porque se atrevieron a colocar un tejido y algunas mantas en un puente peatonal.
“Ustedes y los desaparecidos se van a la verga” sentenciaban mientras disuadían -por protocolos que nadie conoce- los riesgos públicos de caminar con pancartas en un paso a desnivel. ¿Sin consentimiento de la autoridad? A decir del general Arturo Medina Mayoral, que presuntamente se encontraba incomunicado desde horas antes.
Marisela Dimas Reveles confirmó a este columnista que, a diferencia del titular de Seguridad Pública, ella sí tuvo conocimiento de lo que sucedía en los accesos viales al Palacio de Convenciones. Porque hoy en día difícilmente cualquier funcionario público, en horario laboral, decide no consultar sus medios de comunicación convencionales.
Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos no había dispuesto observadores para las protestas que se realizaban en esos momentos, Dimas Reveles sí envió a las y los encargados de verificar lo que sucedía en aquel puente peatonal desde el momento en que fue informada de las acciones de las FRIZ.
Por iniciativa propia, como también aseguró a este espacio, ella luego se puso en contacto con César Artemio González Navarro, subsecretario de Desarrollo Político, para mediar con las autoridades la posibilidad de regresar los tejidos que servían como instrumento de protesta (conducta que no configuraría un simple “robo”).
Esa misma noche iniciaron una queja de oficio, la cual se mantienen a la espera de que sea ratificada por los colectivos acompañantes de las familias de víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, la activista Cristela Trejo Ortiz ya ha diferido con la ombudswoman por distintas omisiones que apreció en las acciones de la CDHEZ.
En primer lugar, Trejo Ortiz explica que, como queja iniciada de oficio, no se necesita la ratificación de las colectivas para desarrollar las investigaciones contra los funcionarios a las órdenes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz (policías estatales y de tránsito), debido a lo cual hoy valoran otorgar o no su afirmativa.
Además, manifestó que la Comisión otra vez ha solapado al “gobierno” (así le dicen) de David Monreal Ávila, pues como órgano encargado de vigilar la garantía de derechos humanos, ofrecerles a las víctimas iniciar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por un presunto “robo”, terminaba por encubrir una conducta distinta.
Esta tiene que ver con el protocolo que confirmó Medina Mayoral en entrevista colectiva al concluir el informe, situación que obligaría a sancionar faltas administrativas contra los cuerpos de seguridad por el uso excesivo de la fuerza, amenazas y obstrucción del derecho a la manifestación pacífica.
El hecho mismo de que el subsecretario de Desarrollo Político haya servido como facilitador para devolver un importante instrumento de protesta ratificaría la intromisión de la autoridad estatal en un asunto público, y no en un tema entre particulares que quisiera hacerse pasar como mero “robo” de un tejido.
Vistos así los hechos de los que todos fuimos testigos este lunes, cabría preguntar: entonces ¿la presumida “pacificación” de Zacatecas se trata de invisibilizar la crisis de inseguridad que comienza a manifestarse como un incremento gradual y sostenido de las cifras de desapariciones forzadas? Porque, inlcuso en lo simbólico, pareciera como si este gobierno nos repitiera, todos los días, un sonoro y contundente: “váyanse a la verga”.
#Casualidades: La administración de Miguel Ángel Varela Pinedo dará un viraje en la proyección municipal durante el 2026. El eje fundamental de gobierno tendrá como prioridad el relanzamiento local de Zacatecas como marca turística.
No una marca como “Zacatecas Deslumbrante”, sino un sello particular desde el ayuntamiento con la creación del Consejo Ciudadano de Promoción Turística, para revalorar las necesidades del sector empresarial más importante en la capital.
Se trata de ir más allá de los conflictos con la nueva gobernanza, y enfocarse en la prestación de servicios públicos. Al menos eso fue lo que arrojaron las opiniones de distintos grupos de enfoque entrevistados por el municipio.
La gente entiende con mucha claridad las diferencias entre la administración de Miguel Varela y la de David Monreal, resultado de las decisiones que tomó el ayuntamiento durante el conflicto por los permisos para la construcción del viaducto elevado.
Sin embargo, ya marcados los límites distantes entre uno y otro en la opinión pública, la ciudadanía exigió la modificación de los servicios públicos como se habían ofrecido hasta el gobierno de Jorge Miranda Castro.
Y más importante aún, el afianzamiento de Zacatecas municipio como un destino turístico con eventos culturales al nivel de los que ofreció en su sexenio Amalia García Medina, así como la oferta de entretenimiento y servicios para lo cual se integrará aquel Comité Ciudadano.