El éxodo de Newmont está en marcha. Este lunes, a través de un extenso correo electrónico, la plantilla laboral de Peñasquito confirmó los rumores de la reducción de puestos de trabajo que pondría en marcha la transnacional tras confirmar los cálculos que dan a la mina una vida media de explotación por otros 4 años.
En esta comunicación institucional, el personal fue advertido de los primeros recortes que “se habrán completado antes de que finalice el año” mediante un primer paquete de 400 despidos con liquidaciones laborales conforme al marco legal federal, finiquitos y apoyo psicológico a quien así lo requiera.
En cuanto a los gastos de la minera, Peñasquito reconoció que revisaría los costos bajo su control, incluidos los laborales, inmobiliarios, de consultoría, contratación, tecnología, gastos discrecionales y gastos operativos. El objetivo: simplificación de procesos (menos mano de obra), y economía de recursos (menos dispendio).
Actualmente, la extractora localizada en el semidesierto zacatecano produce alrededor de 5 mil empleos directos, de los cuales el 70% han sido distribuidos entre la población local. Los indirectos crecen en 500% al localizarse en 25 mil empleos de este tipo, mismos que serán afectados con los recortes de Peñasquito.
El global de estos 30 mil se perderán irremediablemente en 2029, cuando la empresa se decida por el cierre total de operaciones, debido a que la explotación subterránea de minerales -aunque factible-, es una actividad poco rentable hoy en día en la industria extractiva, en comparación con sus costos de operación.
De manera gradual, Zacatecas perderá uno de sus pilares más importantes de generación de fuentes de empleos formales, cifras que de por sí han permanecido en caída libre durante este sexenio sin planes de contingencia que contengan la erosión de la economía formal del estado, dando paso a la informalidad y a la industria ilícita.
En un contexto político en que la nueva gobernanza mira por la bonanza de unas pocas familias y un reducido grupo de empresarios, el golpe de Peñasquito a las finanzas locales también pondrá en crisis los ingresos propios del estado en el que nacieron los mal llamados“impuestos de remediación ecológica”.
Del cobro de dichas tasas impositivas, Jorge Miranda Castro (exsecretario de Finanzas en el gobierno de Alejandro Tello Cristerna) presumía jubiloso -en febrero del 2021- que la transnacional Newmont otorgaría al estado en ese ejercicio fiscal cerca de 600 millones de pesos como medida recaudatoria “de vanguardia”.
Hoy, menos jovial, quien hace las veces de secretario de Economía después de haber perdido la elección en la capital de Zacatecas, tendrá la obligación de proponer un panorama acorde y consecuente a su “medida recaudatoria de vanguardia” y la pérdida gradual de un pilar fundamental en la economía interna.
Ahora que concluyeron los festejos de humo de Carlos Puente Salas (patrocinados por David Monreal Ávila), los del Verde Ecologista tendrán que dar respuesta oficial a la crisis que ha detonado este mismo año: ¿qué hacer sin los ingresos de Peñasquito y sin las fuentes de empleos directas e indirectas que generaba la transnacional?
Porque mientras juegan a negociar con Ricardo Monreal Ávila a mantener a un aspirante más en las encuestas, pues Rodrigo Reyes Mugüerza no termina de salir del fondo cuando vuelve a enredarse, una pata de la frágil mesa que representa la economía zacatecana se quebrará en cuatro años más.
Por cierto, lo último que se supo de Puente Salas previo a su informe legislativo fue el cabildeo que empujó dentro de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral para la anulación de los resultados en urnas del municipio capitalino. Sin el respaldo de Claudia Sheinbaum Pardo, los ecologistas luego perdieron esa impugnación en la Sala Superior, señal indubitable del “apoyo” que les confieren en Palacio Nacional.
Pero, en lo que tendría que estar enfocada la dupla Miranda-Puente es en preguntarse cómo vender una marca poco conocida, y a la cual se liga públicamente con la corrupción del Verde Ecologista en el ayuntamiento de Zacatecas. El mejor ejemplo: la presunta inversión de 100 millones de pesos en el programa Capital Iluminada.
O cómo uno de sus prestanombres, Octavio Romero Sánchez, ha servido de arrendador de las oficinas del PVEM en Zacatecas, y constructor encargado de la remodelación de las oficinas del ayuntamiento en la administración de Jorge Miranda, tal cual lo dimos a conocer en este portal en abril del 2024.
Si Jorge no entiende que desde hoy trabaja para Puente y no para David como marca de partido, y cree que le puede dejar todo al peso de Morena y la Secta del Bienestar, alcancen o no la candidatura les espera una campaña cuesta arriba y sin beneficio alguno de la duda. Puede comenzar por hacerse cargo de los 400 empleos que Peñasquito pondrá en la calle antes de diciembre. ¿O no es el titular de Economía?
#Casualidades: Y de nueva cuenta, la Policía Estatal vuelve al ojo del huracán. Todo comenzó como una presunta riña, que nunca debió ser una “riña”. Las corporaciones de seguridad, como ya es costumbre, hicieron lujo de su bien conocido excesivo uso de la fuerza.
Lo ha señalado la opinión pública atinadamente en redes sociales, pese a que la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción y Paz restringió la publicación de comentarios en su boletín informativo circulado por redes sociales. Una presunta falta administrativa no merecía una reacción desproporcionada de los del tolete.
La ciudadana Laura Elena Torres Huerta fue la única detenida, pese a que en la riña participaron más personas a las que golpearon y no procesaron legalmente, lo cual por sí mismo es un despropósito injustificable.
Una vez liberada de los separos, la anterior directora de la Asociación de Centros de Esparcimiento Social del Estado de Zacatecas procedió a denunciar a sus agresores en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Lesiones, amenazas, robo y agresiones de tipo sexual fueron expuestas en su narración de hechos. Empero, no fue lo único que compartieron ella y otros empresarios, pues confirmaron a medios de comunicación que en la FENAZA la policía era juez y parte.
Las corporaciones de Arutro Medina Mayoral tenían como encargo supervisar y abastecer la venta de alcohol (a sobreprecio) a favor del monopolio que le otorgó David Monreal Ávila a la empresa de espectáculos del cantante Julión Álvarez.
Para evitar que nadie se diera cuenta de tal conflicto de interés Ginés Jaime Ruiz impidió que Protección Civil del municipio supervisara la seguridad de las instalaciones, pero más temprano que tarde el esquema oficial de este monopolio salió a la luz, junto con otras linduras.