Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscaba entre sus filas a algún legislador “intermediario” que, teóricamente, pretendía obstaculizar el acopio de frijol dentro del programa Precios de Garantía, y la nueva gobernanza se confrontaba con “tres diputados federales”, el verdadero enemigo operaba desde la capital zacatecana.
No era un tema del todo desconocido. Lo advirtió abiertamente Abraham Castro Trejo en una de las decenas de entrevistas que ha ofrecido a medios de comunicación durante los bloqueos a vías de comunicación, cuando informó (a mediados de marzo) que tendrían una primera reunión con Miguel Ángel Varela Pinedo.
En esa ocasión, Abraham presentó una breve semblanza de los gobiernos de Amalia Dolores García Medina, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa (cuando su hermano Isaías gobernaba en Pánuco con las siglas del PT y todavía no rompían con José Narro) a quienes reconoció distintos apoyos sociales para las y los productores, que luego desaparecieron con los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Era la primera vez que el de Pánuco dejaba ver cierta preferencia partidista, misma que se convertiría en acuerdos de facto con el de Tlaltenango. Ninguno de los líderes que comandan las actuales protestas dieron luz, posteriormente, sobre los puntos que se trataron ese día en el despacho de Varela Pinedo.
No fue sino hasta concluido el plantón en Plaza de Armas que el edil capitalino distribuyó un video en sus redes sociales para confirmar que los consensos entre los líderes frijoleros y el de Tlaltenango eran una realidad, y se mantendrían vigentes sea cual fuera el desenlace del conflicto con las autoridades guindas.
Otro gran indicador de que los líderes frijoleros mantenían comunicación fluida con Varela Pinedo me lo confirmaron dos diputados -durante la sesión del pasado jueves-. Las primeras legisladoras en salir, pese a que los frijoleros habían cerrado los accesos al pleno, fueron Karla Guadalupe Estrada García y “Maritere” López García.
Para el viernes en la madrugada, el único diputado de la bancada panista al que retuvieron dentro del recinto legislativo era Pedro Martínez Flores, a quien Varela Pinedo le había exigido su renuncia como coordinador de bancada una semana antes debido a que no lo incluyó en los acuerdos para la votación de la nueva auditora superior del estado.
Las señales estaban ahí y la nueva gobernanza las dejó correr. Como siempre. Carecen de recopiladores de información eficientes, no cuentan con analistas serios, reducen todo a “la oposición”, pero ni siquiera tienen una radiografía clara de sus conflictos. Y el resultado llegó en forma de confrontación la tarde del sábado.
Estaban más entretenidos con Alfonso Ramírez Cuellar, Ulises Mejía Haro y José Narro Céspedes, que minimizaron lo que se gestaba en sus narices. Y bien, ¿ahora qué va a decir la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a propósito de intermediarios y la intervención de intereses partidistas en un programa de corte federal?
El clima de repudio es tal en Zacatecas, que cualquier cerillo (por pequeño que sea) prende la pradera. Pero, las manifestaciones de este lunes no van a suspender a Ángel Mario Olais Ávila, ni van a lograr la destitución de Rodrigo Reyes Mugüerza, y no llegan al corazón del problema: la corrupción del programa Precios de Garantía.
La intervención de la estructura del Ayuntamiento Zacatecas tiene como único fin polarizar y capitalizar réditos electorales. Lo mismo que la presunta compra de miles de toneladas de frijol por parte del gobierno de Aguascalientes que, hasta el momento, sólo permanece como un simple pronunciamiento.
Siendo honestos, a estas alturas cualquier colectivo disidente puede llevar a esa polarización, porque la caja de resonancia de la inconformidad es muy grande. Sin embargo, la partidización de las causas no trae ninguna respuesta. El juego del titiritero empuja los hilos sólo a las boletas, no a mejorar la vida de quienes manipula.
Esa intervención de intereses partidistas en el acopio de frijol sólo ha logrado dos grandes problemas: blindar al coyotaje institucional (por parte de Morena), y darle sesgo al movimiento campesino (por parte del PAN). Unos roban, otros capitalizan. Y los Precios de Garantía se quedarán sin ser auditados, mientras el votante se distrae.
Las y los productores habían advertido que “lo justo” era que la federación pagara los 27 pesos por kilo de frijol, a manera de solventar los gastos de la siembra, cosecha y las distintas movilizaciones. Hoy aceptan 20 pesos, siempre y cuando caigan en ese juego de polarización. ¿Resolvieron el problema? No. Solamente fueron usados.
Y el único gran beneficiario, mira a lo lejos (desde Nueva York), cómo su presunto “rival” en las encuestas del PRI-PAN-PRD le allana el camino a la candidatura, sin un solo rasguño. Vaya, sin cansarse siquiera ni invertir un solo peso. Porque hoy, Miguel Varela debería de recordar el duro destino de la “desobediencia” de Ulises Mejía en la elección del 2021. Al de Tlaltenango le tendrán menos consideraciones todavía.
#Casualidades: Tenía rato que no se inmiscuía en el proceso interno de Morena, pues se mantiene a la espera de abrir diálogo con Citlalli Hernández Mora y decidir su futuro político dentro de la elección del 2027.
Empero, en fechas recientes Saúl Monreal Ávila creó polémica cuando le declaró al periodista Francisco Esparza Acevedo que la cláusula “anti-nepotismo” de su partido es un tema jurídico que no se ha agotado, pues falta revisar la situación de la senadora Verónica del Carmen Díaz Robles.
Madre de hija e hijo de apellido Monreal Díaz, a criterio de Saúl el conflicto de interés familiar llega hasta esa esfera y debería de ser analizado con detenimiento en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ahora encabezado por Ariadna Montiel Reyes.
Como se había advertido en este espacio con anterioridad, aquella cláusula estatutaria, en un contexto legal como es al que pretende llegar Saúl si impugna la convocatoria de su partido, verá sus alcances en la Sala Superior del TEPJF.
Hasta el momento no hay claridad (porque los estatutos de Morena son un tanto genéricos) de qué grado de interés es permitido en la cláusula. Sin embargo, lo que es una realidad es que “moralmente” no tendría que haber discriminación entre el uno y la otra. O los dos pueden, o ninguno.
En definitiva, el proceso de designación de coordinaciones estatales de defensa del voto de la 4T resultará en un fuerte conflicto interno que, aunque se diga lo contrario, podría terminar con bastantes fracturas al interior, como en la coalición con el PT-Verde, anticipando la fragmentación de Morena.