El cabildo del Ayuntamiento de Ojocaliente ayer informó que, mediante decisión colegiada, dicho órgano de gobierno había acordado cancelar la Feria de la Tuna y la Uva 2026 debido a los hechos de violencia del fin de semana, que dejaron a una treintena de familias damnificadas por el ataque a la comandancia municipal con explosivos de alto grado.
Juan Manuel Zambrano Jiménez no se detuvo a culpar a los gobiernos del pasado, como el de Daniel López Martínez (Morena), que dejó sendas deudas en su administración del 2021 al 2024. Las autoridades municipales evitaron la simple retórica y tomaron decisiones políticas conforme al contexto de inseguridad que crece en Zacatecas.
Más tarde, integrantes de la nueva gobernanza presentaron la “Fuerza de Tarea Ojocaliente”, cuando ya habían transcurrido algunas horas después de que las y los pobladores de dicho municipio -que sufrieron daños colaterales por la explosión- se habían dirigido a los poderes estatal y federal a través de los medios de comunicación para señalar su inacción.
En La Informativa de este lunes pasaron de enmarcar algunos hechos de violencia por la “colindancia con Aguascalientes” a enfrentar una nueva crisis de inseguridad dentro de la entidad. En una especie de “contrición” Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó que en Zacatecas el uso de explosivos por parte de la delincuencia organizada se ha vuelto una constante.
Después de instalarse -con bastante terquedad- en responsabilizar a un tanque de gas por el atentado a las corporaciones estatales de seguridad aquel 23 de septiembre del 2024, el titular de la Secretaría General de Gobierno finalmente aceptó que el origen del siniestro fueron explosivos detonados “a distancia”.
Arturo Medina Mayoral había advertido meses antes, en ese año, que las corporaciones estatales recibieron amenazas de un grupo de la delincuencia organizada. Su nombre aparecía entre los objetivos de las células delictivas involucradas luego en el ataque con explosivos afuera del estadio Francisco Villa.
En una conferencia sobre seguridad, el 4 de marzo del 2024, Medina Mayoral manifestó que un grupo de ocho integrantes de un grupo delictivo (tres de ellos de origen colombiano) “traían instrucciones de agredir a las fuerzas de seguridad, de agredir a los mandos de las policías, incluyendo al de la voz, pero eso no nos va a detener… vamos a seguir con todas las tareas de inteligencia” en seguridad.
La gran pregunta en este momento, pues el titular de Seguridad Pública vuelve a determinar que dicha organización criminal es la que realizó el ataque en Ojocaliente, es: ¿en qué consisten dichas tareas de inteligencia y dónde están sus resultados para el caso específico de los sucesos de este domingo?
¿Por qué las Fuerzas de Reacción Inmediata, más que disuadir, se dedican a operar las contingencias de inseguridad? Cuando no están ocupados en realizar tareas de “logística y distribución” para la Feria Nacional de Zacatecas, como se impusieron -por criterios del Patronato de la FENAZA– el año pasado.
Es innegable, en estos momentos, que el clima de inseguridad en el estado se recrudeció después de los hallazgos del pasado 18 de julio, cuando diez cuerpos de empresarios, exfuncionarios y funcionarios, fueron repartidos en tres puntos geográficos locales que se conocen por permanecer como zonas de conflicto entre bandas delictivas.
Y no sólo surgen hechos delictivos que bien podrían enmarcarse en la categoría de “terrorismo”, además han posicionado de manera efectiva distintos videos en redes sociales con los que acusan de colusión de autoridades estatales (y a una aspirante de Morena al gobierno estatal) para favorecer a una organización delictiva. La Mesa de Construcción de Paz, a la fecha, no han desmentido los mensajes.
Estos videos tienen una carga de relevancia porque la célula delictiva que los elaboró advirtió del incremento de operaciones en tierra en municipios como Jerez. En menos de 24 horas, la demarcación que gobierna Rodrigo Ureño Bañuelos conoció dichas confrontaciones en las calles del centró histórico, tal como se había insinuado.
Esa misma organización delictiva estaría relacionada con los sucesos de Ojocaliente, de acuerdo con Medina Mayoral. ¿Cómo explicar entonces que se trata de todo un conglomerado criminal que, a diferencia de algunos estados del sur (Quintana Roo, Tabasco y Chiapas), en el meridional del centro norte las corporaciones de seguridad sí tienen instrucciones de impedir su avance?
¿En eso consistía la estrategia “abrazos y no balazos”? ¿Posicionar a Hernán Bermudez Requena como brazo armado (institucional) de una banda delictiva en Tabasco, y a Oscar Alberto Aparicio Avendaño (exjefe de las FRIZ) como encargado de desarrollar los mismos objetivos en Chiapas? Mientras, en Zacatecas, es visto como un grupo delictivo “non grato”.
La Mesa de Construcción de Paz, más específicamente la Secretaría de Seguridad Pública, debería de contextualizar mejor su narrativa de confrontación al crimen organizado (ahora que dejaron a un lado el triunfalismo absurdo), en un país donde la palabra “acuerdos” (pactos) embona perfectamente en el rompecabezas que dibuja la crisis de seguridad persistente.
#Casualidades: La repartición de útiles escolares y mochilas al inicio del ciclo educativo, ya tienen a la SEDUZAC en el ojo del huracán. En distintas escuelas, la entrega de apoyos se realiza a nombre de “la licenciada Verónica Díaz“.
Armando Delgadillo Ruvalcaba (cuarto secretario de Educación), además se ha identificado públicamente con las aspiraciones de la senadora con licencia, y ha participado en actividades proselitistas que prohíben las convocatorias de Morena para la elección de coordinaciones estatales.
La promoción personalizada con recursos públicos (en este caso, a través de la entrega de apoyos) se encuentra regulada a nivel constitucional. Sin embargo, en Zacatecas la utilización de los padrones de beneficiarios del gobierno federal siempre se ha explotado electoralmente.
Lo curioso es que, después de siete años de controlar los esquemas de reparto de subsidios del Bienestar, “la licenciada Verónica Díaz“ simplemente no ha capitalizado toda esa estructura de apoyos sociales para incidir en las encuestas de Morena.
Así le sucedió en 2023, cuando Mario Delgado Carrillo confirmó en una conferencia de prensa que Díaz Robles no se encontraba entre los mejores perfiles para encabezar la fórmula guinda al Senado. Y, ahora, en los despachos de Citlalli Hernández, los números indican que las cosas llevan años sin cambiar. No podría ser distinto pues no hay campañas más allá de su estructura de voto duro.