El Instituto Zacatecano de Cultura delató su coartada al testar un contrato que firmó Ma. de Jesús Muñoz Reyes con el presunto “representante” de la cantante Ángela Aguilar Álvarez, el pasado 29 de marzo, que tenía como objeto amparar la “prestación de servicios artísticos” en el marco del Festival Cultural Zacatecas, durante su edición 2022.
Al calce del documento, la Unidad de Transparencia del IZC justifica que los datos personales relativos a la nacionalidad, Clave de Elector, Registro Federal de Contribuyentes, y el domicilio particular, fueron suprimidos conforme al artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Además de que no les asistía la razón al ocultar estos datos (y existe una enorme cantidad de antecedentes resueltos por los órganos de transparencia locales y nacionales, en ese sentido), ellos mismos dejaron todas las evidencias posibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de buena parte de la información que buscaron esconder.
No hay otra razón para haberlo decidido de esa forma que la de encubrir una red de corrupción y simulación que comienza a abrir sus brazos en todo el estado, y de la que la contratación de una empresa para la colocación de luminarias en la Villanueva de “Chailito” González Álvarez fungió como la punta del iceberg de esta investigación periodística acerca de un esquema de probables operaciones inexistentes.
La clave del enmarañado vuelve al dato de mayor controversia: el domicilio fiscal que declara Jerónimo Joel Leyva Molina, representante legal y administrador único de CORPORB S.A. de C.V., la empresa que, como se explicó aquí el pasado viernes, dice alojar sus oficinas en el número 3913 de la calle Monte Albán, de la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. En el lugar, recordemos, sólo existe el consultorio psicológico “Equilibryum“.
Pues bien, el Registro Federal de Contribuyentes que sí fue dado de alta por el IZC en la PNT dentro de sus obligaciones de transparencia, conduce a la misma personal moral que vendió luminarias en Villanueva: COR180509Q32. O sea, la empresa CORPORB S.A. de C.V. Sin embargo, su domicilio fiscal, sin haber sido modificado ante el Servicio de Administración Tributaria, presenta otros datos.
Leyva Molina, como “representante” de Ángela Aguilar, dice que las oficinas de CORPORB no se encuentran en el 3913 de la calle Monte Albán, sino en la Avenida Coyoacán, número 1878, piso 14. La colonia es Del Valle, también en la alcaldía Benito Juárez. Y que sus actividades no son las de representación legal de artistas, sino la de “comercio al pormenor de lámparas ornamentales y pantallas para lámparas y candiles”.
Junto con estas, también la de “alquiler de equipo para el comercio y los servicios, comercio al pormenor en ferreterías y tlapalerías” (sic). Tal cual le aseguró a la Secretaría de la Función Pública en el último trimestre del 2021, cuando solicitó su alta en el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados (RUPCOVA), del gobierno estatal, según queda asentado en la PNT.
Aún y con ese registro validado en la SFP, Ma. de Jesús Muñoz Reyes, en el expediente IZC/CA/CJ/FITC/272-1/2021 (igualmente testado) contrata a Jerónimo Leyva para el “servicio de renta de producción técnica del festival internacional de jazz&blues 2021 en el patio del museo Manuel Felguerez los días 21, 22, 23, 28, 29, 30 de octubre 4, 5 y 6 de noviembre” (sic).
Del expediente se desprende el memorándum IZC/DREF/118/2021 que muestra la rúbrica de Marco Antonio Saucedo Martínez, encargado de la Red Estatal de Festivales (como solicitante), que autoriza la Coordinación Administrativa del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, donde se valida esa otra adquisición a CORPORB.
El techo presupuestal alcanza los 696 mil pesos para la renta de audio de sala, monitores, micrófonos, video, pantallas led, iluminación dmx, iluminación convencional, estructuras, escenario, sobre escenario, consolas de audio e iluminación. Ninguna de las actividades para las cuales Jerónimo Joel Leyva solicitó su registro en el RUPCOVA de la Función Pública ese año.
Pese a ello, el IZC no llevó a CORPORB a un concurso restringido entre tres participantes -como lo obliga la Ley de Adquisiciones- y, sin una solicitud posterior de ingreso o modificación de actividades empresariales en el padrón de proveedores, a Leyva Molina le adjudica el contrato IZC/CA/CJ/FCZ/009/2022 por 2 millones 900 mil pesos “en carácter de representante legal de la artista Ángela Aguilar”, en marzo de este año.
Hay un contraste periodístico obligado con el Acta 18, de la Sesión Ordinaria 11, con fecha del 14 de marzo de 2019, en la que el cabildo capitalino aprueba el nombramiento de Ángela Aguilar Álvarez como la imagen comercial de la campaña publicitaria y marca registrada “Zacatecas Enamora”, y en la que la cantante nunca designa a un representante legal, mucho menos en la figura de una persona moral con dos domicilios fiscales evidentemente irregulares.
Si a esto agregamos que no existe ninguna referencia pública de que Jerónimo Joel Leyva Molina, el mismo que vende luminarias a distintos municipios y organiza ferias populares con el RFC COR180509Q32, sea quien realice las funciones de representación artística de la familia Aguilar, ¿por qué la nueva gobernanza eligió a su empresa CORPORB como proveedor de ocasión para Ángela?
Si David Monreal Ávila pretendía desentenderse de la simulación de operaciones financieras en municipios que provienen de un posible prestanombres como lo es Joel Leyva, el concierto de Ángela Aguilar en el Festival Cultural de este año lo hace corresponsable de un esquema de flujo de recursos públicos para empresas fachada. De paso, salpica de legítimas sospechas a los Aguilar en su desastroso “gobierno”.
#Casualidades: Todo parece indicar que, a falta de acuerdos, al reloj legislativo se le exprimirá el último minuto del próximo viernes 30 de septiembre para definir el calendario de glosas del primer informe en tiempos de la nueva gobernanza.
En el inter, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, este martes dará cátedra a los de la primaria Montessori en que se ha convertido la LXIV Legislatura.
Momento oportuno para abrir el tema obligado: en Zacatecas se puso de moda el “que no me vengan a mí conque la ley es la ley” como bien dio el ejemplo David Monreal Ávila al desestimar la suspensión provisional de las corridas de toros, en la plaza que administra el SEDIF.
Otro más es el de la escasez de recursos del Poder Judicial gracias a que las bancas oficialistas (que hoy ya no lo son tanto), aprobaron un bodrio de presupuesto de egresos hecho a gusto de algunos funcionarios de la Delegación de Bienestar.
Por cierto, ya son cotidianas las constantes ausencias de Verónica del Carmen Díaz Robles en los “operativos” de entrega de pensiones de Bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad, lo mismo que en la aplicación de vacunas para menores de edad.