La nueva gobernanza bien podría prescindir de la Secretaría de Desarrollo Social, si así se lo propusiera en una nueva iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. En resumidas cuentas, ese fue el argumento detrás de las justificaciones con las que Carlos Alberto Zúñiga Rivera atajó los señalamientos de inamovilidad de la dependencia a su cargo.

Prácticamente se asumió a sí mismo como un simple director de Atención Ciudadana, abocado a reunir las solicitudes de algunos municipios pintados con el color de su partido. Su despacho, un apéndice de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Educación y Cultura, a las que repartió culpas de la absoluta ineficiencia que él le imprime al servicio público.

Esa modificación caería “como anillo al dedo”, pues Zúñiga Rivera finalmente podría justificar el monopolio que mantiene sobre la agenda del gobernador. Desde giras por los municipios a las que nombra “Audiencias por la Transformación” y que, dice, “llegaron para quedarse”, hasta la lista de funcionarios que él define cuándo y en qué horario serán atendidos por David Monreal Ávila.

Algunas de las tareas que en su momento dijo desempeñar Mariano Alberto Casas Valadez, sin un nombramiento que avalara cualquiera de las funciones que se autoasignó con tal de quedar bien con el que se dice “gobernador”, como firmar convenios de publicidad con medios de comunicación sin estar facultado para ello, ni cuidar que los montos se licitaran, concursaran o adjudicaran.

Paradójicamente, una vez instalado en la Jefatura de Oficina del Gobernador, Zúñiga ya no tendría pretexto para no concertar las reuniones de David con Ricardo Olivares Sánchez, Guillermo Carrillo Pasillas y Maribel Villalpando Haro que desahoguen el presunto retardo burocrático con el que detienen la correcta dispersión de los apoyos sociales que, según él, opera su dependencia.

A Carlos Zúñiga, además, le quitaríamos el peso de no conocer a fondo una secretaría ni el total de sus atribuciones, y pasaría un rato menos tenso en las comparecencias legislativas buscando entre sus montículos de oficios la lista de programas que opera la SEDESOL actualmente, los cuales no conocía (ni sus montos) y tuvo que leer en una tarjeta informativa que le llegó de súbito para responderle a la diputada Priscila Benitez Sánchez.

Recurso de Infraestructura Social Básica (81 millones), Bienestar para Grupos Vulnerables (156 millones), Apoyos Educativos para el Bienestar (80 millones), y la entrega de Uniformes Escolares, la cual, aseguró, “no representó un costo a este ejercicio fiscal porque eran uniformes que ya se recibieron de la administración pasada”.

De las compras desde su secretaría, de las que también quiso deslindarse sin explicar que las convocatorias las realiza el despacho a su cargo y los proveedores tienen afinidad con el grupo político identificado con la Delegación de Bienestar, el diputado José David González Hernández le acotó una precisión a la que no pudo o no quiso responder.

El del Distrito XII con cabecera en Villa de Cos subrayó: “el mismo proveedor de útiles escolares es el mismo proveedor de los pavos que se entregaron en Navidad. Ayer el secretario de Seguridad Pública reclamaba que quienes dotaban de alimentos a la Secretaría de Seguridad y a sus elementos eran los mismos que podían vender cemento y los mismos que podían vender aviones”.

Empero, no hubo un dato más revelador del desempeño de la SEDESOL que el que utilizó Zúñiga para maquillar -y a la vez confirmar- sus subejercicios. Con cierta normalidad de quien desconoce la negligencia de haber tomado aquella decisión, el titular informó que hasta el mes de noviembre (a semanas de concluir el año fiscal) dispersaría todo el gasto que no concretó en once meses anteriores.

Ahora bien, la impresión generalizada de su comparecencia la sintetizó Manuel Benigno Gallardo Sandoval cuando hizo referencia a Zúñiga Rivera como “el hombre invisible”. Así lo han renombrado (para disgusto de los funcionarios de la nueva gobernanza) el grupo de presidentes municipales ajenos a Morena, y las y los diputados a quienes no ha dado una sola audiencia desde que rindió protesta en el cargo por el que cobra un estímulo de “responsabilidad”.

Y lo manifestó en términos semejantes Gabriela Montserrat Basurto Ávila al reclamar al funcionario al que ni siquiera conocía: “no haces una gracia al decir que apoyas a Pinos, es tu obligación atender a los 58 municipios”. Más tarde, la diputada revelaría que el secretario se presenta públicamente con título de maestría, cuando ni siquiera ha concluido sus estudios.

Del lado de las bancadas oficialistas y las porras de la Delegación de Bienestar muy poco pudieron lograr con la estrategia de “defensa”, en la que desactivaron las páginas anónimas a través de las cuales difundieron un video con una fuerte carga de violencia política en contra de dos diputadas el miércoles anterior. Video que, curiosamente, ayer mismo borraron.

Sus mensajes no pasaron del tono tedioso: “excelente trabajo secretario”, “un funcionario en campo y no de escritorio”. Tenían razón en esto último, y de ello se encargó el posicionamiento en tribuna de la diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza al momento de mostrar una fotografía del secretario que, indiscriminadamente, utiliza el helicóptero oficial para trasladarse entre municipios.

Aunque, todas estas manifestaciones que evidenciaron a un priismo al que levanta ámpula el trato que reciben de una secretaría a la que consideraron por años su joya de la corona y componente primordial de la máquina electoral tricolor, no tendrá consecuencias si no se preguntan seriamente: ¿no sería mejor ahorrarse un secretario? Al menos en el presupuesto, porque “invisible” ya es.


#Casualidades: Mientras el titular de SEDESOL (“Zuñi”, para los cuates) naufragaba en un mar de documentos que ni siquiera había ordenado prioritariamente para su consulta, y se sumía en la curul para resistir el enojo y el nervio, David Monreal Ávila se desentendía de todo aquello.

De nueva cuenta recibió al embajador Kenneth Lee Salazar. Sin un banquete de por medio, ahora volvieron a las buenas intenciones, los videos y las fotografías, de las que no se desprendió una sola política de seguridad en aquel trato de “cooperación” y “colaboración”.

Que Zacatecas es una prioridad, que los empresarios de minería recibirían la atención adecuada (después un año de estrenar la nueva gobernanza), que habrá una agenda (porque todavía no existe) de temas de interés bilateral, y que capacitarán (otra vez) a los cuerpos de seguridad.

Será que la delegada de Bienestar, Verónica del Carmen Díaz Robles, no fue requerida a la mesa de colaboración por aquello de que detesta a los gobiernos neoliberales, con los cuales no tiene problema en compartir los alimentos cuando de socialité se trata.

Por la tarde, y después de una cabalgata frustrada supuestamente por el clima, David inauguró el Congreso Nacional Charro, del que no han transparentado el convenio firmado con la Federación Mexicana de Charrería para ocultar la simulación de operaciones financieras, parecida a la que realiazó el IZC con el concierto de Ángela Aguilar.

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