Aunque lo crean o no, estimados lector y lectora, en Zacatecas sí hay un Programa Estatal de Seguridad Pública para los próximos cinco años. Se encuentra en calidad de “proyecto”, y fue presentado apenas el pasado 11 de noviembre del 2022 (a más de un año de que iniciara la nueva gobernanza), por el todavía secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín.

Corría en esa fecha la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública a la que asistió la excandidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, ahora secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y fue aquel viernes del mes de noviembre, que David Monreal Ávila se comprometió a las consultas que conocimos el día de ayer.

Dijo entonces que se iba a escuchar “a representantes de las iglesias, universitarios, campesinos, jóvenes, mujeres, para que podamos, juntos, construir la paz”, según el boletín oficial con el que también presumieron que al presentar el proyecto Marín Marín, inmediatamente “obtuvo la aceptación de los poderes Legislativo y Judicial”.

Ello no implica que fuera aprobado en esa misma sesión, lo cual fue corroborado por Gabriela Evangelina Pinedo Morales recientemente en una conferencia de prensa durante la cual confirmó que no existe tal programa. Si hubiera cuidado sus palabras al menos hubiera advertido que sí existe el documento, aunque el calendario de la burocracia (cual elefante reumático) no se ha ajustado para darle el visto bueno.

Lo anterior no le impedía ponerse en contacto con el secretario de Seguridad Pública para pedirle los pormenores del “proyecto” que dio a conocer hace dos meses, puesto que tenían que adelantar el contenido genérico del programa frente a las organizaciones a las que este lunes les solicitaron un diagnóstico enfocado en la producción de políticas públicas de la prevención social del delito.

No fue así. Pinedo Morales, con unas cuantas hojas a las que dio lectura, más bien utilizó su tiempo para la “politiquería”, esa que tanto les molesta en la nueva gobernanza. Su diagnóstico del fenómeno delictivo: todo es una “herencia maldita”, con un sesgo de análisis enfocado en los últimos 11 años de gobiernos locales, como si el crimen organizado hubiera brotado del suelo en una fecha determinada. Algo así como “generación espontánea”.

No debería de representar un obstáculo para la secretaria de Gobierno el conseguir una copia del libro “La Infamia”, que publicó el senador Ricardo Monreal Ávila hace un par de años. Ahí podrá conocer cómo la narcotización de la política en Zacatecas -a decir del exgobernador- llevaba a generar “campañas de lodo” (así les llamó David) contra su familia desde el año de 2008.

Nos encontramos a unos meses de que el episodio en la bodega deshidratadora de chiles, adjudicada, entre otros, a David Monreal, cumpla tres lustros desde que la entonces Procuraduría General de Justicia abriera el expediente de averiguación previa PGR/ZAC/I2008F. Indicios de una suerte de crimen organizado embrionario que mermaba la vida pública y política en el estado, existieron desde esas épocas y en años previos.

Junto con este, a Zacatecas le sobran antecedentes claros del fenómeno delictivo que no pueden borrarse por el simple capricho de un sexenio, so pena de promover diagnósticos que únicamente lleven a la autocomplacencia. Así, el gobierno de David Monreal Ávila como presidente de Fresnillo, por ejemplo, concluyó el año 2009 con un récord de 25 homicidios (la cifra más alta entonces).

Igual puede consultarse el compendio de “Principales Delitos Cometidos en el Estado entre 2005 y 2013”, de la Dirección del Sistema Estatal de Información, en el que se asienta registro de que en ese mismo gobierno crecieron mayoritariamente, entre 2007 y 2010, los delitos del fuero común (robo, lesiones y daño en propiedad ajena) tan sólo detrás del municipio capitalino.

Abrir los diagnósticos acerca del comportamiento de la delincuencia organizada significa conocer su cronología para entender su desarrollo. Empero, David y su nueva gobernanza sostienen, sin ningún estudio de caso (que por ley debería de producir Gabriela Pinedo según el artículo 16 de la Ley de Prevención Social de la Violencia), que todo inició hace once años. Así, por dogma de fé en su credo de secta.

Y tampoco basta condenar al sistema de producción capitalista como responsable del deterioro del tejido social, si el mismo gobierno que sataniza al neoliberalismo como la causa de todos los males, recibe al embajador Kenneth Lee Salazar para ofrecerle acompañamiento y coordinación con tal de encontrar respuestas a la violencia que promueve su modo de explotación económica.

No hay un ápice de congruencia en su pensamiento ni en su visión del fenómeno delictivo. Cómo es que, sin el menor pudor, David le organiza tremendo banquete a un representante del gobierno neoliberal norteamericano en el museo Rafael Coronel, con el que buscan mejorar sus relaciones diplomáticas y reducir el número de alertas de viaje que “afectan” el turismo en el estado. Contradicción tras contradicción.

Si en la rueda de prensa en la que Gabriela Pinedo daba los pormenores de las consultas ciudadanas sus palabras ya tenían un sabor de burla a la opinión pública, lo de este lunes fue una falta de respeto a las organizaciones a las que solicitan “colaboración” con tal de diseñar una política que la nueva gobernanza ha abandonado durante 16 meses.

Lo mínimo que merecían los colectivos sociales era un resumen del Programa Estatal de Seguridad Pública -ya ni siquiera un diagnóstico-, para saber en qué parte de toda su presunción burocrática se construiría la estrategia de prevención social del delito. En cambio, ayer vimos a un David muy satisfecho porque Gabriela Pinedo repetía una y otra vez su frase predilecta: “la herencia maldita” (esa de la que él forma parte). Y con esa “seriedad” abordan la crisis.


#Casualidades: Que se “complace” David Monreal por la respuesta a la convocatoria del foro realizado este lunes. De 180 ponencias registradas previo a la consulta, ese número creció hasta las y los 260 participantes de distintos gremios minutos antes de su inauguración.

No lee el que se dice gobernador que la gente se encuentra en estado de tensión y alerta por la violencia del crimen organizado, y que no son cifras de las que debería “complacerse” sino preocuparse, debido a la cantidad de segmentos a los que ha afectado el narcotráfico.

Por si fuera poco, en la red social de Gobierno del Estado, en Facebook, borraron toda la transmisión del evento para dejar únicamente un video de 17 minutos con el mensaje de David a los asistentes. Ese fue el valor que le dieron a los colectivos que asistieron a su llamado: otra vez invisibilizados.

Quienes sí dejaron de lado la politiquería que no requería el evento, fueron las organizaciones civiles. Desde la problematización del fenómeno delictivo hasta la construcción metodológica de su abordaje y su concreción en política pública, fue lo que se les escuchó ayer.

Otros que dieron un enfoque menos politiquero fueron Arturo Nahle García y José Francisco Murillo Ruiseco. Entre la familia como núcleo del deterioro (pedrada para la impunidad de los juniors que golpearon brutalmente a Jorge Iván Ávila Correa), hasta el incremento de los índices de delitos del fuero común como factores que advierten del desarrollo posterior de otras conductas criminales.

Razón de peso para que el ministerio público dé celeridad y prioridad a la investigación sobre el caso de ese joven vandalizado por personas cercanas al poder, afuera de un centro nocturno.

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