La del pasado miércoles no fue una comparecencia de rutina para José Francisco Murillo Ruiseco. Los recursos financieros de la Fiscalía y el tiempo de la agenda de su titular estuvieron concentrados, semanas antes, en un evento que no captaría del todo el ojo público, pues el calendario todavía arrastra días de descanso y un Festival Cultural que se ha convertido en el centro de atención.
Una parte de los diez millones de pesos de ampliación presupuestal que recibió la FGJEZ para este 2023, se invirtieron en el “ejercicio de rendición de cuentas” del órgano de procuración de justicia, para el deleite de una treintena de legisladores a los que se les dedicó varios días de cabildeo previo con tal de “planchar” el evento, por interés personal del compareciente.
Videos con una producción que pocas veces se han visto en los sobrios mensajes de Murillo Ruiseco, cifras engalanadas con formatos didácticos, “bombazos” informativos como la detección de algunas bandas criminales; todo envuelto en el sello de la casa ahora conocido como “Cero Impunidad”, casi como si se tratara de un eslogan de campaña (electoral o no, lo sabremos después).
Así, la Fiscalía reeditaba la estrategia de “cambiar la percepción de Zacatecas en los medios” que semanas antes planeó un grupo de empresarios, con “cero resultados” frente la suma de dinero invertida. Si dentro de las portadas (nada económicas) de algunos medios “impresos” sostenían momentum David Monreal Ávila y Rodrigo Reyes Mugüerza, de una día a otro la de ocho era para Murillo.
Específicamente con un tema que, durante sus cabildeos, el fiscal dejó bien claro que albergaba un interés particular: el del homicidio del abogado Raúl “N”. Alrededor de este se han teñido fuertes rumores, al grado de que hoy se especula que existen ya dos órdenes de aprehensión: la primera, a una femenina, y la segunda a un masculino, servidor público protegido por el fuero constitucional.
Qué razones tendría José Francisco para empujar el tema en sus encuentros legislativos previos a la comparecencia, y luego convertir esa petición en un compromiso público en el pleno, es una interrogante que se sostiene principalmente por las decisiones políticas tomadas en su oficina, que luego se convirtieron en publicidad mediática y el centro de todo su mensaje.
Dentro de esa planeación, las y los diputados también tendrían oportunidad de centrar sus participaciones en cuestionar al respecto de algunos secuestros dentro sus municipios y/o personas víctimas de violencia. Esto generó un esquema de connivencias que estuvo a punto de llevar dicho “ejercicio de rendición de cuentas” a uno en el que sólo las y los coordinadores de los grupos parlamentarios estuvieran autorizados para realizar preguntas.
Todo el escenario se conformaba de manera ideal para esconder, entre cientos de fichas de personas desaparecidas y miles de homicidios, un asunto del mayor interés público: las indagatorias alrededor de la muerte del joven Jorge Iván “N”, mediante tres líneas de investigación en las que se involucran familiares y personajes del poder político en Zacatecas.
Antecedentes existieron en el presunto “interés legítimo” de la Legislatura, un 19 de octubre del 2022, cuando el diputado José David González Hernández utilizó la tribuna no en calidad de legislador, según su errónea percepción pues sólo ellos tienen ese privilegio. Ahí expuso lo sucedido el 3 de julio, en un centro nocturno de la capital zacatecana.
Información que luego sería enriquecida por los amigos y familiares de Jorge Iván “N”, durante la marcha del 18 de octubre, donde se conoció una versión muy distinta a la de Murillo Ruiseco que en medios de circulación nacional ya desvinculaba de toda responsabilidad a uno de los presuntos implicados, de relación consanguínea con David Monreal.
De ello no sólo constaron los testimonios de los cercanos del hoy occiso, sino una publicación en Facebook desde la cuenta de la víctima en la que se señalaba puntualmente a uno de los posibles responsables. Este viernes se cumplen 284 días de la trifulca en donde hirieron de gravedad a Jorge Iván “N”, y en el discurso de Murillo simplemente ya no existe tal suceso.
También se cumplen seis meses de la muerte del estudiante, y el silencio priva si lo juntamos con declaración pública del propio David cuando demostró, días posteriores a la marcha de jóvenes bachilleres de la UAZ, un supuesto compromiso de justicia. Ese del que luego devino un mensaje de Francisco Murillo para asentar la noticia de un suicidio.
Por qué entonces la premura para dar trato privilegiado a Raúl “N” antes de la comparecencia, y en el camino ofrecer las claves de que “el poder político” no entorpecería tal investigación, al mismo tiempo que ese poder le ata las manos en otros tantos casos, o se las libera para agilizar la judicialización de carpetas e imputación de delitos contra ciertos enemigos celosamente escogidos.
Es el peor momento y contexto para elegir el camino de una fiscalía que “en la percepción” se erija como la garante de su anhelada “cero impunidad”. Nunca alcanzará esa cúspide pues en el imaginario social Jorge Iván “N” se ha convertido en un lastre imposible de superar para David y su familia, y Murillo está muy lejos de representar la palanca que leve un ancla tan pesada.
La Fiscalía hiede a su propio uso faccioso. Desde medidas cautelares para intimidar, el uso de la violencia política de género como nueva herramienta para liquidar enemigos electorales, un teatro “anticorrupción” sumido en venganzas personales, y un discurso desde la nueva gobernanza que responsabiliza al propio Murillo del empeoramiento de las condiciones de inseguridad. Contratar a Rebecca de Alba resultaba mejor distractor.
#Casualidades: A propósito de primeras planas que no le hacen justicia a la información, las declaraciones del recién estrenado secretario General de Gobierno, se homologaron y perdieron el contenido de los datos duros que dio a algunos medios.
Se trataba de pedirle al obispo las propuestas del clero en cuanto a la crisis de inseguridad que no da tregua a Zacatecas, y los acomedidos redujeron un posible diálogo con la iglesia en una frase que David Monreal ha llevado al desgaste total: “pacificar a Zacatecas es tarea de todos”.
Si bien es cierto, Rodrigo Reyes nunca ocultó que en Zacatecas había crecido en un 158% una práctica delictiva como el cobro de piso en los últimos años, como lo sugirió el obispo Sigifredo Noriega Barceló. Por ello, asegurar que “la pacificación” era un asunto plural perdía el hilo del debate público.
Qué propuestas viables ofrece el obispado, que no tengan que ver con “pactos” entre el gobierno estatal y los cárteles del narcotráfico, como lo ha sugerido con anterioridad. Y si la del pacto es su principal salida del problema, qué entiende la iglesia por pacto o por acuerdo.
Cómo el pacto atacará las causas sociales (que tampoco se regeneran de manera espontánea a través de la transferencia monetaria a las comunidades y municipios cooptados por las bandas delictivas), es una respuesta no del todo aclarada por Sigifredo.
Sin embargo, este es apenas el primer paso de la relación entre el “gobierno” y el clero, en los márgenes del cambio reciente en la secretaría encargada de la política interna y hacia el exterior con distintos grupos de poder.