José Francisco Murillo Ruiseco abrió agenda el lunes temprano con algunos diputados mediante acercamientos informales. Comenzaba a explorar las condiciones en que recaería la investigación alrededor del homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego que, indefectiblemente, habría de tocar a las puertas de la LXIV Legislatura una vez se involucró penalmente a un servidor público actualmente en funciones.
Así inició un segundo cabildeo, posterior al de su comparecencia del pasado miércoles, que adelantaría algunos puntos a tratar en la reunión de la Junta de Coordinación Política, a la que estaba citado al mediodía. Lo que se explicó ahí y quienes escucharon las hipótesis, proyectaba lo que más tarde habría de convertirse en una solicitud formal de la Fiscalía a la Legislatura.
Todas y todos los coordinadores de bancada se dieron cita en el segundo piso de la sede del Congreso, excepto Gabriela Evangelina Pinedo Morales, que recién releva a Maribel Galván Jiménez como parte del acuerdo para regresar a su curul, abandonar la oficina de la Secretaría General de Gobierno, y dar cabida a Rodrigo Reyes Mugüerza.
No fue del interés de Pinedo conocer las hipótesis expuestas por Murillo, sin embargo sí alcanzó a sus pares en el tramo final de una mesa que ya no disertaba sobre el “tema de temas”. Por qué la representación formal de Morena decidió acudir a la convocatoria hasta que la Fiscalía concluyó su visita oficial, es una primera interrogante en esta trama.
Empero, a la JUCOPO sí asistió la otra representación (informal) de la nueva gobernanza, que hace poco exigía la misma coordinación que hoy ocupa Gabriela Evangelina. Aunque sin el nombramiento requerido para tomar la voz y presentar un voto en ese órgano de deliberación, Violeta Cerrillo Ortiz arribó (tarde) a insistir que todo era un montaje para perjudircar a un candidato y amigo suyo.
En calidad de invitadas también permanecieron en la sala de juntas las diputadas Priscila Benítez Sánchez, Georgia Fernanda Miranda Herrera y Susana Andrea Barragán Espinosa, con autorización de Enrique Manuel Laviada Cirerol. Y los datos que recibieron de un fiscal, aparentemente muy seguro de concatenar su teoría del caso sobre un homicidio que puede cimbrar las estructuras políticas del estado, lo guardaron para sus oídos.
No tenía sentido profundizar sobre los detalles alrededor de la muerte de Raúl Calderón, que de por sí dibujan una imagen dantesca y escatológica de un posible crimen pasional. A final de cuentas la Legislatura no es juez en este procedimiento, sino únicamente una instancia en el curso legal que pasa por abrir un procedimiento de desafuero.
Los términos de la reunión eran meramente políticos, y por ello tomaron nota de una de las tantas advertencias del fiscal, que comienza a replicarse en distintas esferas. Palabras más, palabras menos, Francisco Murillo les aseguró que, hasta el momento, David Monreal Ávila no había dado una sola instrucción en dicha investigación y que no pagaría complicidades altamente demandantes.
La misma decisión tomaron en el Senado de la República, pues clausuraron todo interés en escuchar cualquier argumento que tenga que ver con el procedimiento legislativo, la investigación del homicidio y su judicialización, así como el futuro legal y político del servidor público ahora involucrado.
Con ello, Murillo confirmaba que, en otros asuntos, la Fiscalía sí mantiene contacto con el que se dice “gobernador” para sondear el interés y/o conveniencia de los casos que sigue el órgano de procuración de justicia, lo cual a estas alturas no resulta en novedad. Pese a ese vínculo entre poderes, hoy Raúl Calderón desafía al entramado institucional en Zacatecas.
La primera estructura política a prueba es la LXIV Legislatura. A decir de las y los convocados en la JUCOPO el ánimo de las bancadas partidistas, aunado al deslinde certero de la nueva gobernanza en el homicidio, se traducirá sin muchas dificultades en una votación que esta misma semana habría de modificar la composición política de uno de los municipios del corredor electoral.
Es tal la certeza, y tal el interés de cuidar el procedimiento legislativo, que incluso las pláticas ya comienzan a abrirse en el sentido de quién sucederá en el puesto vacante a dicho servidor público. Siempre y cuando la teoría del caso esté plenamente robustecida con datos de prueba que puedan sostener las hipótesis de la Fiscalía.
De esto existe un primer soporte, convertido en la solicitud formal del Fiscal para iniciar la solicitud de desafuero, que fue entregada de su mano a la Junta de Coordinación Política este lunes cerca de las nueve de la noche. Esto después de una audiencia de más de cinco horas en las que se vertieron un cúmulo de evidencias, que luego resultaron en dos órdenes de aprehensión; la segunda estructura: la judicial.
Otra estructura política más que trastoca el homicidio de Raúl Calderón, es la social. Quienes conocen ambas órdenes aseguran a este espacio que la segunda pertenece a la cónyuge del servidor público ahora involucrado formalmente en un proceso de desafuero. Veremos cómo absorben la opinión pública y las redes sociales la presunta historia de este delito.
Por ahora, este martes será uno de protagonismo para la LXIV Legislatura. Sabremos si las y los legisladores están a la altura de las circunstancias expuestas por la Fiscalía y ratificadas por un juez. Es un precio muy alto que deben pagar quienes jueguen con la institucionalidad por intereses personales y políticos; aunque complicidades y mezquindades no faltarán.
#Casualidades: Las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas ya no despiertan el interés que levantaba hace algunos años. Se han convertido en rituales cerrados a los que sólo asiste su ejército de siervos para amurallarlo.
Sus discursos tampoco penetran en la opinión pública, dentro de un estado que alberga los últimos lugares de aceptación para la marca presidencial y de su partido. La realidad se convirtió en la mejor oposición al discurso dogmático, y esta entidad es su mejor ejemplo.
A cinco años de gobierno, López Obrador aún presume la pretendida “pacificación” del estado, cuando sus propias fuentes de información en la Ciudad de México confirman que los cuerpos especiales de reacción recientemente enviados, obedecen más bien a otro interés.
Este tendría que ver con las amenazas de un cártel del narcotráfico contra representantes del gobierno federal en Zacatecas, por lo que una gira anterior (con un evento de acceso restringido) y las fuerzas de reacción surgieron como respuesta a dicha intimidación.
Este es el preámbulo con el que su séquito deberá de convencer en la próxima elección, en medio de la crisis política y de seguridad que asoma en el estado. A estos se añade un próximo desafuero que desnudará con mayor precisión el gran colapso en el que se encuentran.