¿Por qué Javier Núñez Orozco, director del INCUFIDEZ, firmó un convenio con la Federación Mexicana de Charrería (FMCh) por 15 millones de pesos para la realización del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2022 en Zacatecas “Vicente Fernández Gómez”, que sería administrado y operado por Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo?
Esa es la gran interrogante que surge en el episodio más reciente de la investigación periodística que realizó Agenda Política, en torno a los gastos que representaron las actividades deportivas alrededor de la charrería, en el periodo del 7 al 30 de octubre de ese año. Los pocos datos que se han podido obtener apuntan a un camino muy claro.
Durante la reunión del 13 de mayo del 2022, en la que se dieron cita David Monreal Ávila, Le Roy Barragán Ocampo, Ricardo Olivares Sánchez, Javier Núñez Orozco, así como los representantes legal y de tesorería de la FMCh, José Antonio Salcedo López y Rafael Alberto Rodríguez Fuentes, “se establecieron acuerdos y compromisos de ambas partes”.
En esa fecha aquel convenio fue rubricado, pero únicamente con las firmas de Núñez Orozco y Juan Antonio de Alba Celedón (Coordinador Administrativo del INCUFIDEZ) como representantes de gobierno, así como la de José Antonio Salcedo López de parte de la Federación Mexicana de Charrería, y ahí nació un “Cuaderno de Compromisos”.
Prácticamente, el Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas servía como cajero automático para la realización del campeonato nacional charro, mientras la Secretaría de Turismo absorbía todas sus actividades y promocionaba, con sus imagotipo y logotipo de la SECTURZ y “Zacatecas Deslumbrante”, un evento que pertenecía al INCUFIDEZ.
De hecho, en la publicidad que se insertaba dentro de las transmisiones vía Facebook previo a los eventos deportivos, incluso aparece el imagotipo de la CONADE, un organismo nacional que no aportó un solo centavo en el acuerdo por 15 millones de pesos. No así el de la SEFIN, aunque tuvo participación en la reunión previa al convenio, porque los recursos provenían única y exclusivamente de las oficinas de Javier Núñez.
Tal cual lo explica la cláusula segunda del convenio: “para el cumplimiento del objeto del presente convenio, EL INCUFIDEZ tendrá como obligaciones las siguientes: entregar la cantidad de $15,000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de apoyo”. Por ende, la presencia de Ricardo Olivares, en la reunión del 13 de mayo, fue meramente testimonial.
A partir de la firma, Núñez Orozco se obligaba a transferir 10 millones de pesos a la Federación Mexicana de Charrería, a más tardar el 2 de julio del 2022. Y luego, otros 5 millones de pesos, el 15 de agosto. Esa fue la esfera de responsabilidad en la que actuó el INCUFIDEZ en el campeonato nacional charro, y ahí agotó sus funciones.
Lo que sigue tiene que ver con el “Cuaderno de Compromisos” que acordaron minutos antes de la rúbrica del convenio, y con el que la Secretaría de Turismo se apropia de un evento de carácter deportivo. Ese documento, a la fecha, no ha sido expuesto por la Unidad de Transparencia de esta secretaría. Su opacidad y el celo con el que lo protegen, lanza dudas al aire.
Empero, gracias a una de las repuestas otorgadas por el director del SEDIF, Víctor Humberto Delgado de la Torre, Agenda Política conoció la forma en cómo la SECTURZ monopolizó el campeonato. Proviene de una resolución aprobada en el pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia (IZAI), por unanimidad de votos.
Dicha resolución recayó en el Recurso de Revisión IZAI-RR-086/2023, con el cual las comisionadas Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Nubia Coré Barrios Escamilla y el comisionado Samuel Montoya Álvarez, dan la razón a Agenda Política sobre las constantes negativas de la Secretaría de Administración, la de Turismo, y el SEDIF, de entregar la información de aquel evento.
Con el oficio de Número 629/2023, el IZAI notifica que, después de las reiteradas evasivas de la nueva gobernanza, el Instituto obligaba al SEDIF a entregar cualquier documento relacionado con el campeonato charro que estuviera en su poder. Sólo así se conoció una diligencia firmada por Le Roy Barragán Ocampo con fecha del 29 de septiembre del 2022, que esclarece el monopolio advertido.
“Por medio del presente comparto con usted que la ciudad de Zacatecas fue elegida como sede del Congreso y Campeonato Nacional Charro ‘Vicente Fernández Gómez’ Zacatecas 2022, por lo que… le solicito respetuosamente su consentimiento para hacer uso del Lienzo Charro ‘Antonio Aguilar Barraza’ del 7 al 30 de octubre”. Lo acompaña el sello de la SECTURZ y la firma de su titular.
Casualmente, también el 29 de septiembre, Víctor Humberto de la Torre firma otro oficio dando respuesta positiva a la solicitud de Le Roy, aún y cuando el director del SEDIF recibió la petición el 31 de septiembre, y Barragán Ocampo, del director, el visto bueno para uso del lienzo hasta el 5 de octubre. Casi como si se comunicaran telepáticamente.
La respuesta de Víctor concede otro hallazgo: aún y cuando una de las cláusulas del “Cuaderno de Compromisos” establecía que el lienzo charro “deberá tener las medidas que marca el Reglamento de competencias en su capítulo I Art. 2, y estar terminado 45 días antes de la inauguración del evento”, la nueva gobernanza presumía remodelaciones en el “Antonio Aguilar” apenas el 29 de septiembre, o sea, una semana antes.
El recorrido que realizaron ese jueves en las instalaciones del lienzo David Monreal, Le Roy Barragán y Guillermo Carrillo Pasillas, titular de Obra Pública, fue motivo de un comunicado oficial, con el que la nueva gobernanza además confirmaba que no sólo había condonado el pago por el uso del recinto, sino que inyectaría dinero público para remodelar el edificio. Recurso público que a la fecha vive en la opacidad.
La nueva gobernanza aún se niega a transparentar el cuaderno de compromisos, después de casi ocho meses de la solicitud original de información que al menos pudo arrancar algunos datos mediante un recurso de revisión que procesó el IZAI. Un fenómeno en el que debería de poner más atención la diputada Zulema Yunuen Santacruz Márquez.
Como presidenta de la Comisión de Transparencia y Protección de Datos, la neo-perredista que se ha embarcado en una lucha por evidenciar los fallos de gobierno, tal vez no sepa que Zacatecas es una de las 10 entidades a nivel nacional que legalmente faculta a los sujetos obligados a entregar información hasta 20 días después de solicitada, cuando la media de otros estados es de10 días. Ahora que dice levantar su encrucijada, obligada está a presentar una reforma en el tema que le quite privilegios al “gobierno”.
#Casualidades: Que a Jorge Iván Ávila Correa no lo mató la golpiza que sufrió por parte de un grupo de jóvenes prepotentes, amparados en el poder, dice Francisco José Murillo Ruiseco. Y que uno de los hijos de David Monreal Ávila nunca participó en la trifulca, asegura.
Sin explicar qué consecuencias tuvo la riña en la salud de Jorge Iván, hoy sabemos que, si bien no participó un hijo -según el fiscal-, sí lo hizo un sobrino que lleva el apellido Monreal (para el caso, lo mismo).
Y que su mismo abolengo hoy le ayuda al joven a “reparar el daño” a través de un acuerdo monetario debido a que sí es culpable del delito de “lesiones no graves”, aunque no fue el único que golpeó a Jorge Iván. De los demás muchachos tampoco hay información.
De las tres líneas de investigación que deberían de entrecruzarse para conocer en su totalidad lo ocurrido la noche del 2 de julio y la madrugada del 3 de julio del 2022, el fiscal no pronunció una sola palabra, pues se abocó a deslindar de responsabilidad al hijo de David.
El gran problema para la familia de Jorge Iván es tener que poner una cifra a la golpiza que sufrió su hijo, y para la sociedad, el tener que atestiguar un procedimiento abreviado (reparación monetaria) que lo más probable es que contenga cláusulas de confidencialidad para ocultar otros sucesos.
No obstante, los amigos que auxiliaron a Jorge Iván esa noche han abierto la narración de hechos lo más extenso posible, que la Fiscalía no podrá dar carpetazo con un acuerdo monetario, pues en el imaginario social esos jóvenes tienen más credibilidad que la presunta procuración de justicia.
Nota: en correspondencia al periodo de asueto oficial, esta columna volverá a su publicación habitual la segunda semana de agosto.