Cuando Saúl Monreal Ávila se supo rebasado por la delincuencia organizada en Fresnillo, recurrió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. No en un tono amable, ni de conciliación. Lo hizo para lavarse las manos del desastre que a esas alturas ya le era difícil mantener bajo control, desde hace cuatro años.
El ejemplo más emblemático, quizás, es el del asesinato de la niña Sofía Alejandra Acosta Valdez, que motivó una inusitada movilización social en ese municipio la cual concluyó en el incendio del viejo edificio del ayuntamiento. La respuesta de Saúl fue asumirse “abandonado” por Francisco José Murillo Ruiseco.
Saúl insistió, entre noviembre y diciembre del 2020, que nada podía hacer como autoridad municipal. Exigió resultados inmediatos a la Fiscalía, como si esta se encargara de los procesos de contención y disuasión del delito. Desde aquellos días, los Monreal desearon y operaron la salida de Murillo de la FGJEZ, cuando Ricardo pidió a la FGR atraer el caso.
En esa exigencia también acompañó a Saúl la entonces senadora María Soledad Luévano Cantú, y así inició una tradición ahora muy arraigada entre los Monreal: en tiempos de crisis de seguridad aventarle la bolita a la Fiscalía. Una “estrategia” para salir del paso, sin dar respuesta al clima de violencia en todo el estado.
Sin embargo, como declaró públicamente Arturo Medina Mayoral durante una conferencia de la Mesa de Construcción de Paz, el pasado 4 de marzo, los objetivos de los cárteles del narcotráfico no están dentro de la Fiscalía. Lo están, según la voz del titular de Seguridad Pública, en las corporaciones a su mando.
Si damos cierta veracidad a los mensajes del crimen organizado que plasman distintas “narco-mantas”, el objetivo tampoco es la Fiscalía, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de la Defensa Nacional. Son, exclusivamente, David Monreal Ávila y sus policías de la Fuerza de Reacción Inmediata.
Así que, esperar que la Fiscalía hoy intente convencernos de que la explosión de un tanque de gas que generó esquirlas de siluetas esféricas, es el motivo de la detonación que se vivió a un costado del estadio Francisco Villa (que nunca debió cambiar de nombre por mero capricho), el pasado domingo, no es más que la confesión del gobierno estatal de que la crisis los superó.
Las declaraciones que dio Juan Carlos Valdivia Meráz al noticiero nocturno de Ciro Gómez Leyva, y que también reprodujo el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión en cuanto la entrevista concluyó, nos relatan una “verdad oficial” que en nada tendrá parecido con lo que vivieron miles de personas el pasado 22 de septiembre.
Menos aún cuando el pasado martes se filtró en redes sociales el audio de comunicación entre las policías femeninas que asistieron a cuidar el evento que, como se dijo en este espacio desde una entrega anterior, fueron las primeras en conocer y dar clave de “granada” a la detonación que acababa de ocurrir.
No obstante, nada de ello causa el mínimo interés a la nueva gobernanza que, ajustados en otros temas, se reunieron el pasado miércoles con Jesús Padilla Estrada y Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés para afinar los detalles de las glosas del tercer informe que iniciarán el próximo 3 de octubre.
Con esa indiferencia, David le exigió a su gabinete que debían de salir a “defender” sus resultados. Y pidió a Padilla y a Bugarín Cortés que se encargaran del formato de la glosa, para evitar que la oposición tuviera contrarréplica a las preguntas que llevarían en cada sesión a partir de la primera semana de octubre.
Para el titular de la nueva gobernanza, las amenazas y la crisis que estalló el día del concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, son tema pasado. A fin de cuentas ya están en manos de la Fiscalía, y tendrá que ser esa institución la que pague los platos rotos del pleito entre Arturo Medina y las FRIZ con los cárteles del narcotráfico.
Aún y cuando este columnista tuvo acceso a las versiones de distintos trabajadores de la empresa Seguridad Industrial Omega (S.I.O.), que confirmaron que el Patronato de la FENAZA advirtió a sus guardias logísticos que existían de hecho amenazas de “atentados”, y debían proceder a la primera sospecha que encontraran en la Feria.
Nunca dieron razón de qué tipo de “atentados” hablaban, ni qué medidas debían de tomarse en cada caso. Únicamente pidieron que protegieran a la gente y se pusieran a resguardo, en caso de atestiguar “movimientos sospechosos”. De ese tamaño fue la negligencia al exponer al público a un evento al que le precedían avisos de agresiones.
Siguen jugando a los cambios de gabinete, con la mayor insensibilidad posible. Para ellos no existe aquello de la colecta de firmas para la revocación de mandato. Ni los resultados electorales del 2 de junio. Y si existen, sólo es para justificar quién llega y quién se va de un gabinete que no tiene pies ni cabeza… desde hace tres años.
#Casualidades: La auditoría externa que realizará el Ayuntamiento de Zacatecas, marca el inicio de una relación ríspida con la Auditoría Superior del Estado. Relación que comenzó con desaguisados desde el pasado 14 de septiembre.
Durante la entrega-recepción del municipio, a la que la planilla electa que encabeza Miguel Ángel Varela Pinedo acudió en cuanto la Sala Superior ratificó su triunfo, la ASE quedó muy poco conforme con las advertencias del nuevo gobierno.
La primera de ellas fue la cláusula del acuerdo que establece que, gracias a las impugnaciones que realizó Jorge Miranda Castro, el equipo entrante desconocía, en lo absoluto, el estado de la administración municipal.
Esto mientras colaboradores del exalcalde y algunos regidores vaciaban el edificio del ayuntamiento. La segunda vino el pasado miércoles, cuando Varela Pinedo llamó a distanciarse de la Auditoría, para realizar sus propias dictaminaciones.
Recordemos que a Jorge Miranda Castro y a Raúl Brito Berumen los unen antiguos negocios. Una sociedad mercantil que compró cierto terreno, hará más de ocho años, apuntan a la cercanía con la colaboraban desde ese entonces.
Empero, la pieza clave, y en juego, es nada más y nada menos que el Órgano Interno de Control del municipio. Mientras más inconsistencias aparecen, más argumentos deberá de construir Víctor Anaya Mota para justificar la pasividad de la contraloría durante estos tres años. Y vaya que las irregularidades brotan a simple vista.