El dictamen de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública (2022) de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, contenido en el Informe General Ejecutivo de Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades, fue presentado por Raúl Brito Berumen a inicios del mes de abril.
Y contiene mucho más información sobre el proyecto del Sistema de Transporte Integrado Zacatecas – Guadalupe, mejor conocido como Platabus, de lo que Luz Eugenia Pérez Haro ofreció en los escasos minutos que ha destinado para explicar los pormenores de dicha obra.
Para ser exactos, apenas dos minutos y medio durante su última comparecencia en la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas. Y menos de diez minutos para incluir este sistema de transporte en la presentación del Plan Integral de Mobilidad para el Bienestar, en el evento del pasado tres de julio.
Pocas veces Luz Eugenia ha hablado de los números que componen la inversión del Sistema de Transporte Integrado Platabus. Sus datos llegan a ser bastante aleatorios, llenos de lugares comunes, y no encuentran un sentido lógico. Como asegurar que existen recursos por 116 millones de pesos para el proyecto en este 2024, de los que no se encuentra registro público alguno.
Esa cantidad la confirmó frente a las y los integrantes de la LXV Legislatura, cuando resumió -en menos de media página de todo su discurso-, que dicho presupuesto otra vez sería destinado a las terminales de transferencia en Zacatecas y Guadalupe, mismas que llevan en obras más de tres años desde que Alejandro Tello Cristerna firmó los primeros cinco contratos del Platabus.
Los cinco contratos iniciales, a decir de Brito Berumen, sumaban una cantidad cercana a los 126 millones de pesos, que fueron incrementados mediante una ampliación presupuestal total hasta los 148 millones 250 mil 361 pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2022 se tuvo un saldo ejercido de 71 millones 500 mil 194 pesos y por ejercer de 76 millones 750 mil 166 pesos.
El monto ejercido corresponde al finiquito de las obras numeradas en los contratos 1, 2 y 5. El primero corresponde a la Construcción de Terracerías, Taller y Obras Exteriores para la Terminal 1, en Zacatecas. El contrato fue “licitado” a Jonathan Bañuelos Martínez, a través de la empresa Rumbo Constructora, por 36 millones 315 mil pesos.
El segundo tiene que ver con la Construcción de Obra Civil y Edificios de Servicios para la Terminal 1. Este fue otorgado originalmente a Raúl Gerardo Ávalos Villareal, apoderado legal de Construcciones y Edificaciones AMASA, con un monto de 18 millones 726 mil 147 pesos enterados en su totalidad.
Mientras que el quinto contrato respaldó la Construcción de Techumbre de Andenes y Taller, para la Terminal 2, en el municipio de Guadalupe. Este había sido entregado a Francisco Shaid Ramírez Toribio, a través de dos constructoras: Grupo AXOZAC, y Answer S.A. de C.V., con 24 millones 993 mil pesos respaldados.
Aunque finiquitados, Raúl Brito informa que todas las obras asignadas en 2021 “contaron con terminación anticipada de contratos”, como lo adelantamos en las últimas investigaciones alrededor del Sistema de Transporte Integrado, realizadas por Agenda Política y Verónica Trujillo Noticias.
Una cuarta obra, adjudicada a la Promotora y Edificadora HUGASA, de Antonio Huerta Garza, se hace constar que el 3 de septiembre del 2021 (18 días antes de que David Monreal tome protesta como gobernador) fue notificada por “suspensión temporal” debido a la “imposibilidad financiera de continuar los trabajos”.
Antonio Huerta había confirmado el avance de trabajos en un 20%, sin embargo, la Auditoría encuentra que de los 23 millones 739 mil 161 pesos del contrato, no se presentó ninguna evidencia documental, facturas electrónicas, finiquito, comprobantes fiscales, pólizas de erogaciones y transferencias electrónicas.
A la empresa Edificaciones AMASA, del ingeniero J. Refugio Dávila Mejía, se le encargó la Construcción de Terracerías, Taller y Obras Exteriores para la Terminal 2, en Guadalupe por un importe de 25 millones 462 mil 332 pesos, contrato que también fue suspendido el 10 de septiembre del 2021 bajo el mismo supuesto: “imposibilidad financiera”.
En este mismo dictamen de Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 de SEDUVOT, el auditor superior del estado manifiesta que, para el ejercicio fiscal 2023, Luz Eugenia Pérez puso en licitación 65 millones 554 mil 874 pesos, de los cuales Jesús Carlos Bañuelos (Grupo COBAYCO) obtuvo 26 millones 723 mil 610 pesos.
Mientras que la empresa Taller Habitat, del arquitecto José Octavio Arellano Cervantes (ligado por amistad y licitaciones a César Deras Solano) se llevó la mayor tajada por 35 millones 932 mil 680 pesos. Ambos constructores realizarían obras complementarias y culminarían la edificación de “macrotechos” en las terminales de Zacatecas y Guadalupe.
De los montos establecidos por la Auditoría Superior del Estado se tiene entonces que durante el 2021, la administración de Alejandro Tello no ejerció 76 millones 750 mil 166 pesos aludiendo en dos casos “imposibilidad financiera para continuar las obras” del PLATABUS, en las terminales 1 (Zacatecas) y 2 (Guadalupe).
Mientras que durante el 2022 (cuando José Luis de la Peña Alonso aún era titular en la dependencia) no se dio inicio a ningún procedimiento de licitación de los montos pendientes, sino hasta 2023, cuando se realizan dos concursos nacionales y dos estatales por casi 68 millones de pesos. La suma efectiva de lo ejercido entre 2021 y 2023 no alcanza ni siquiera los 150 millones en total.
Esta cifra tendría que agregarse a los 116 millones que presuntamente la SEDUVOT licitó durante este 2024 (según lo informado en la comparecencia del 9 de octubre), y de los que Eugenia Pérez Haro no publicó ninguna convocatoria a licitación estatal o nacional, concurso restringido y/o adjudicación directa, ni los contratos por ese monto en este año.
Lo único que se sabe, por información de la Secretaría, es que al corte del pasado mes de febrero, la construcción del Platabus observaba un “70% de avance físico” y “69% de avance financiero” (con menos de 266 millones de pesos si sumamos las cifras devengadas). Alguien miente cuando dice -en un boletín oficial- que el total del contrato “asciende a 935 millones 692 mil 620.28 pesos” para obras que llevan sin concluirse desde junio del 2021, y que ni siquiera acumulan los 300 millones de presupuesto. ¿Verdad, Luz Eugenia?