Con fecha del 19 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, a través de su Unida de Transparencia, acordó reservar por un periodo de cinco años el proceso de licitación, concurso restringido o adjudicación directa sobre el contrato para la edificación del nuevo C5.
Ubicado en el cerro de San Simón, dentro del municipio de Guadalupe, David Monreal Ávila inauguró la construcción del recinto pasado 6 de marzo. Previo a la “colocación de la primera piedra” (en presencia del prófugo Julio “N”), durante la presentación del proyecto base el gobierno estatal procedió a difundir imágenes de renders que ilustraban el próximo edificio.
Para el 25 de septiembre, a través de un comunicado oficial el titular de la SSP, Arturo Medina Mayoral, adelantó que la construcción presentaba avances de obra que ya cuenta con instalaciones eléctricas, sanitarias, equipo contra incendios y de aire acondicionado.
Especificó también que el C5 operaría con los más recientes “sistemas de videovigilancia, videos analíticos y lectores, drones, sistemas de radiocomunicación y de transporte, centros de monitoreo, así como la reubicación de arcos de vigilancia en carreteras y en las zonas de mayor impacto del delito”.
Los datos técnicos estaban puestos en la mesa de parte de las autoridades estatales en todo el transcurso de este 2024. Sin embargo, al Comité de Transparencia de la SSPZ le pareció buena idea reservar el nombre del constructor (o constructores) involucrados en la obra multimillonaria.
Sus razones son ejemplares, por decir lo menos: “no sólo se pondría en riesgo al personal que trabaja en las empresas proveedoras ante la posibilidad de que pueden ser víctimas de extorsiones… para conseguir el catálogo de productos y servicios que oferta la misma”. ¿En el Año de la Paz? ¡Impensable! Una verdadera ofensa para Rodrigo Reyes Mugüerza.
Y sigue en su argumentación el Comité de Transparencia: “la delincuencia organizada al contar con información de los productos que ofertan las empresas, esta le serviría de guía para equipar a los miembros de sus grupos delictivos… conocer el tipo de construcción, así como la tecnología que utiliza este sujeto obligado”.
¿En serio en un contrato de obra pública incluyeron procesos de compra de herramientas tecnológicas y de equipamiento? Sí que tienen un problema administrativo en la Secretaría de Seguridad Pública para diferenciar entre obra pública y la adquisición de bienes y servicios, lo mismo que para distinguir la información que conlleva la una y la otra.
Para concluir con la disquisición del Comité, en la SSP afirmaron que si “la información requerida cayera en manos de los integrantes de la delincuencia organizada, pues estos tendrías datos relacionados con la inteligencia y contrainteligencia para la prevención y erradicación de los delitos en esta materia”. ¿No era para evitar eso su estrategia de inteligencia y contención?
Y persisten: la información “puede poner en riesgo la vida, seguridad y salud de las personas involucradas en los instrumentos contractuales, ya que esto los haría… identificables y susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados de los miembros de la delincuencia organizada”. ¿Y se les ocurre subir fotos de los constructores en sendos comunicados oficiales? Ni ellos se la creen, pues.
Mejor radiografía de la situación real por la que atraviesa la sociedad zacatecana no podrían haber dibujado Héctor Miguel Dávila Flores (Coordinador Jurídico), Rosa Isela Arellano Correa (Coordinadora Administrativa), y María Antonieta López Herrera (Secretaria Técnica), funcionarios de la SSPZ.
La lógica de Arturo Medina Mayoral dista mucho de la del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Eduardo Flores Sonduk. Y se aleja de los principios mismos de ese sistema, pues reservar la información sobre la contratación de empresas constructoras no es reservar datos de inteligencia.
Todavía tendría más sentido reservar la información sobre las compras de equipo táctico y vehículos de patrullaje, con la finalidad de que la delincuencia organizada no conozca sus características, que hasta el momento se encuentra disponible en el catálogo de licitaciones de la Secretaría de la Función Pública.
No obstante, esta figura de “reserva” suena más bien a “encubrimiento”, conforme a la solicitud que realizó Agenda Política para conocer a la empresa constructora detrás de una de las obras emblemáticas del sexenio. Por cierto, ¿cómo interpretamos aquello de que su personal podría ser susceptible de amenazas, extorsiones y atentados?
¿En qué categoría de reducción del 70% de homicidios dolosos, cae el clima de incertidumbre en el que viven hoy los constructores del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad? Porque claro, si ni siquiera ellos están a resguardo, mucho menos los inversionistas que vean en Zacatecas una oportunidad de crecimiento.
#Casualidades: Es cuestión de días para que se confirme el nombramiento de Oscar Alberto Aparicio Avendaño como nuevo Secretario de Seguridad Pública en el “hermano” estado de Chiapas.
Hasta esas latitudes se extienden los lazos del presidente de la JUCOPO en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, y su fiel escudero, el recién electo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de quien jalaba los hilos en el Senado de la República.
Curiosamente Aparicio Avendaño deja Zacatecas posterior a que se conociera públicamente la amenaza que recibió la periodista Norma Galarza Flores, presuntamente por miembros de las Fuerzas de Reacción Inmediata.
Aunque del nombramiento se tenía conocimiento con anterioridad en algunos medios de comunicación en otros estados, fuentes al interior de la SSPZ mencionaron a este espacio que Oscar Alberto salió de Zacatecas el pasado fin de semana.
De lo sucedido en el municipio de Tabasco, alrededor de la muerte de Omar Alejandro Ávalos Ledesma, tanto Arturo Medina como Oscar Aparicio se reparten responsabilidades sin que ninguno absorba el costo real de lo sucedido.
Lo mismo que la intimidación que sufrió la colega periodista (y coautora de investigaciones conjuntas con este medio de comunicación). Lo bueno que ya los capacitaron en respeto a los derechos humanos y libertad de expresión… ¡Ajá!