Es algo simplemente inédito. Sabíamos que las autoridades electorales podían actuar a discreción y por consigna, como el acuerdo con el que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas votó (de manera ponderada) para anular la elección en la capital del estado, situación que no prosperó en la Sala Superior del TEPJF.
Más nunca imaginamos que un Consejo General, de manera colegiada, inventara un criterio de “validez” de la elección de jueces y magistrados por “redondear” el promedio de las y los candidatos que no cumplían con un requisito establecido en la convocatoria, sin medias tintas ni ambages.
Pese a un punto de acuerdo presentado en el pleno de la LXV Legislatura para que la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Instituto Electoral de Zacatecas se dieran a la tarea de revisar los requisitos de cada contrincante, el IEEZ de plano torció cualquier lógica y todo marco jurídico posible.
Empero, el juego de José Manuel Frausto Ruedas y el Consejo General consistió en aventar el balón al Tribunal Electoral, sabiendo que no hay criterio alguno para “promediar” calificaciones que otorgaron otras instancias educativas que nada tienen que ver con los procesos electorales, ni son sujetos obligados de la norma electoral.
Eso en el caso de las candidaturas de Victoria Cabral, Ana Luis Ortiz, Christopher Valdez, René Saucedo y José Luis Esparza, cinco contrincantes que desafiaron el principio constitucional de certeza electoral, porque nada tenían que hacer en unos comicios en los que no podían participar.
Aunque el filtro legislativo y del Comité de Evaluación fuera lo suficientemente poroso para dejar pasar a cualquier aspirante, el IEEZ tenía la obligación de guardar un poco de congruencia frente a toda esta vacilada judicial. No fue así y, por el contrario, abrieron la puerta a distintas impugnaciones que incluso dan pena ajena.
No podía esperarse otra cosa de una autoridad que dijo que los “acordeones del Bienestar” tenían legitimidad como guía de apoyo, con tal de no romper la muy endeble escenificación electoral y prevenir así una casada de votos nulos que hubieran inundado los resultados en urnas.
De no ser por estas evidentes (y risibles) incongruencias, la suerte de Francisco Pérez Compeán es la misma que tendrían que haber corrido las y los otros aspirantes que ni siquiera debieron aparecer en las boletas electorales. Empero, el Consejo General del IEEZ asumió el costo político de presentarse como el aval de la burla judicial.
Lo que nos lleva a un punto mucho más sensible. Las que vimos hace un par de semanas, y durante la improvisación de un proceso electoral azaroso, son las condiciones político jurídicas con las que habrán de realizarse los comicios del 2027, ya con el pleno de la Sala Superior integrado por otras fuerzas políticas.
La presidencia de ese organismo quedará en manos de Claudia Valle Aguilasocho, magistrada de la Sala Regional Monterrey que reforzó (sin sustento) la anulación de los resultados de la elección en la capital en los que resultó derrotado Jorge Miranda Castro. Es una coyuntura de empoderamiento para el monrealismo, otra vez.
Por ende, la “justicia” tendrá más un soporte de pesos y contrapesos entre grupos y facciones políticas, que su propio marco legal (y su razón de ser). Lo mismo que en el caso de jueces y magistrados locales que responden a las cuotas del Bienestar. El camino de la impunidad queda libre, ahora sí, para David Monreal Ávila.
Nos encontramos en la recta final de la vida de los tribunales como se conocían hasta esta elección. En septiembre, y con la puerta abierta a sanciones administrativas y penales en el caso de los amparos en contra del viaducto elevado, el reacomodo de piezas, como dijo David, vendrá en favor de la nueva gobernanza.
Por eso se entiende que, pese a la presunta “cancelación” del segundo piso, el gabinete del “más inteligente de los Monreal” siga litigando para echar atrás las suspensiones definitivas del “robo del siglo”. No han tenido suerte en ese camino, y sus informes justificados siguen sin presentar los supuestos “permisos” de la obra.
En efecto, mientras la opinión pública se distrae con temas circunstanciales como el de la absurda elección judicial, la presa Milpillas o la rescisión contractual a Rubén Ibarra Reyes, la nueva gobernanza, en sigilo, junto con las empresas constructoras de HYCSA buscan ganar tiempo al no desistirse legalmente del viaducto elevado.
Todo parece indicar que esperan los tiempos legales del cambio de jueces y magistrados, en septiembre, para dar por válida la sentencia pública de David Monreal: “el segundo piso va porque va”. Al menos así lo demuestran en los litigios de los amparos de los que esperan todavía las audiencias constitucionales.
El problema es que en próximos días tendrán que demostrar, frente al juez primero de distrito, que no existe tal rescisión contractual de la que habló Rodrigo Reyes Mugüerza, y que se preparan simultáneamente para recibir sanciones económicas y administrativas provenientes de las omisiones en las que han incurrido.
La prioridad oficial, en estos momentos, no es remodelar el proyecto “Movilidad para el Bienestar”. El objetivo de David es darle vida al nuevo sistema de justicia dependiente de Morena y de los poderes ejecutivos estatales y federal, y demostrar que lo utilizará de manera discrecional para imponer su voluntad (que más bien capricho).
Estaríamos entonces por conocer la composición política de este ficticio sistema de justicia. De tal manera que a la oposición no le quede duda que la única ruta posible sea en parte desaparecer, mientras otros tantos alcancen a “convertirse” y “redimirse” en los pantanos de la nueva gobernanza y de la 4T.