Zacatecas, Zac.- De acuerdo con el personal de la Delegación de Bienestar en Zacatecas, la titular de la oficina Verónica del Carmen Díaz Robles habría sido excusada en el Procedimiento Especial Sancionador iniciado por el PRD en contra del uso electoral de los programas sociales del gobierno federal.
No obstante, la resolución SRE-PSC-71/2019 contradice las versiones emitidas a nombre de la funcionaria, y confirma la responsabilidad de la servidora pública, pues según los magistrados de la Sala Regional Especializada durante el desahogo de pruebas Verónica Díaz nunca aportó la documentación que respaldara que a efecto de dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) informaba al personal de la dependencia la medida adoptada por la autoridad electoral.
Como consecuencia, las publicaciones realizadas en Facebook por la subdelegada regional Maribel Villalpando y el servidor de la nación Juan Francisco Cabral, procedieron como pruebas documentales de la entrega de apoyos sociales en las que se se promocionó, de forma indebida, la imagen del presidente de la república.
Por ello, aunque la delegada aludiera haber girado instrucciones a los servidores de la nación y a los subdelegados mediante oficio CGPD/PRESIDENCIA/0101/2019 de diecinueve de agosto, suscrito por el Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, a efecto de realizar las acciones necesarias para evitar la difusión personalizada de la entrega de apoyos, no existieron pruebas que soportaran el supuesto de la funcionaria federal.
Junto con los delegados estatales de Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, . Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, la titular de la Delegación de Bienestar en Zacatecas fue omisa al no anexar los documentos con los cuales pudiera dar formalidad a las medidas cautelares que dijo acatar.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ya fue notificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionar a 36 servidores públicos de la Secretaría del Bienestar que entregaron apoyos de programas sociales y realizaron promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual infringe la ley.
Estos procedimientos para sancionar a los funcionarios podrían tardar entre 4 a 8 meses y las sanciones van desde una amonestación hasta la destitución del cargo.