Zacatecas.- Derivado de un informe que presentó la Coordinación Nacional de Ganadería con corte al 11 de junio del 2019, Agenda Política pudo constatar la existencia de una empresa llamada “Industrias A y G” la cual obtuvo un convenio por 50 millones de pesos como “Agente Técnico” dentro del programa Crédito Ganadero a la Palabra.
Las acciones generales por las que se signaría el convenio abarcarían desde el traslado, manejo de ganado, alimentación de ganado, habilitación de espacios para ganado, otros, y semovientes. Así lo informa el Convenio de Concertación 2019 signado por el Lic. David Monreal Ávila como representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), con la persona moral denominada “Industrias A y G“.
En el docuemnto queda asentado que “Mediante oficio 116.000.216/2019 de fecha de 28 de febrero de 2019, la Coordinación Nacional de Ganadería, en su calidad de Unidad Responsable del ‘COMPONENTE’, en adelante referida como ‘UR’, designó a ‘SOCIEDAD’ (Industrias A y G) con el carácter de AGENTE TÉCNICO en la ejecución de actividades del ‘COMPONENTE‘”.
El término del convenio fenecería el 31 de diciembre del 2019, situación por la cual la Unidad de Transparencia a cargo de la Coordinación Nacional de Ganadería aseguró que “la documentación por la compra de animales categorizados dentro del programa en el Anexo Técnico indica que el informe del número de ganado entregado y desglose de los recursos utilizados en la adquisición del ganado… será entregado por el Agente al finalizar el Convenio“.
Lo anterior fue expresado por el M.V.Z. Guillermo J. S. Canchola de la Torre en un oficio casi ilegible, y que fue otorgado a Agenda Política como parte de dos solicitudes, una de información pública y otra de datos personales, donde se requirió:
“Copia del convenio que signó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con ‘Industrias A y G’, en el marco del Crédito Ganadero a la Palabra. De igual forma se solicita toda la información en posesión de SADER y la Coordinación Nacional de Ganadería, al respecto de la empresa Industrias A y G, y la fundamentación por la cual la Coordinación decidió convenir por 50 millones de pesos para la distribución de ganado y otros componentes agrícolas en el estado de Zacatecas“.
La misma petición quedó asentada tanto como información pública así como de acceso a datos personales en los folios 0000800358719 y 0000800358619, ambos con fecha de ingreso en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) el pasado 13 de noviembre de 2019.
La sospechosa negativa de información pública y datos personales.
En ambas solicitudes también se requirió que la entrega de la documentación fuera a través de los medios electrónicos (archivo pdf enviado por correo electrónico o a través de la PNT). La fecha límite de entrega de todos los datos solicitados, y de acuerdo con el sistema de la Plataforma de Transparencia, fue calendarizada para el 26 de diciembre de 2019.
Sin embargo, en ambos casos, y de forma inusual, la SADER retrasó la entrega de información formalizada desde el mes de noviembre por Agenda Política. Como medio de dilación en la transparencia obligada por la Coordinación Nacional de Ganadería, la documentación no fue entregada vía electrónica (como fue solicitada originalmente) y se notificó sería enviada de forma postal, o bien, se invitaba a Agenda Política a apersonarse a las oficinas de SADER en la Ciudad de México.
Agenda Política cubrió el pago del traslado de documentos que hasta este martes 21 de enero fueron entregados en el domicilio expuesto. En la paquetería recibida, la Coordinación Nacional de Ganadería decidió enviar dos documentos iguales, en los que se ocultó (a través de márgenes negros tachados sobre los datos) toda la información que permitiera la identificación de la empresa “Industrias A y G“.
De esta forma, los responsables de la empresa, su domicilio fiscal y otros datos personales fueron censurados en las copias de convenios girados desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sin mediar explicación acerca del porqué la información había sido anulada.
Dentro de la respuesta de la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Ganadería tampoco se encuentra explicación alguna del porqué se negaron datos que permitieran corroborar la existencia de dicha empresa, así como los encargados de la misma.
No obstante, al entregar SADER copia del convenio, el sujeto obligado confirma la existencia de la misma información, que en las disposiciones legales en materia de transparencia y datos personales, no debió ser suprimida, pues la “SOCIEDAD” corresponsable del ejercicio de 50 millones de pesos es un ente fiscalizable conforme al desempeño de sus actividades dentro del Crédito Ganadero a la Palabra.
¿Quiénes están detrás de “Industrias A y G“? ¿Por qué la negativa de respuesta violando el derecho al acceso a la información pública y datos personales? ¿Qué es lo que encubre con esta acción el Coordinador Nacional de Ganadería, envuelto en irregularidades dentro de la distribución de animales de ganado?
Son las premisas que permitirán el desarrollo de una segunda parte de esta investigación realizada por Agenda Política.
