Acapulco, Gro.- De acuerdo con la especialista en el marco regulatorio alrededor de las actividades extractivas de minerales en México, la Lic. Karina Rodríguez, de la firma R&F Rodríguez Matus Feregrino, no existe fundamento legal que respalde la petición de algunos líderes sociales para cancelar concesiones mineras en caso de que las empresas no respondan a las negociaciones impuestas por comuneros o ejidatarios.
Como un problema recurrente y que afecta a nuestro país dentro del espectro de garantías a la inversión, la consultora especificó que si bien es “políticamente incorrecto” que las empresas se nieguen a acceder a las demandas de algunos gremios -que en muchos casos reciben influencia de estos líderes que desvirtúan los intereses de las comunidades a las cuales dicen representar- no procede legalmente el cierre de una mina debido por la falta de acuerdos entre las comunidades y las industrias.
Al respecto, la abogada en asuntos mineros explicó que es un tema de ponderación jurídica sobre los derechos de las personas que también trabajan en las minas. Se refirió al caso de la empresa Newmont-GoldCorp en donde no hay respeto al estado de derecho, pues la mina, consideró, “no puede trabajar, porque no la dejan trabajar“, y con ello también afecta los ingresos de sus empleados al mantener la suspensión de operaciones en el complejo de Peñasquito.
Con respecto a la controversia constitucional alrededor de los impuestos de remediación ambiental que fueron aprobados en 2017 por la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, la especialista aseguró que la Suprema Corte de Justicia reconoció que los estados tienen facultad para regular en materia ecológica dentro de sus propias facultades. Sin embargo, dijo, los estados podrían desvirtuar estos instrumentos legales para disfrazar de remediación ambiental algunas cuestiones recaudatorias, por lo que caerían en simulación.
En lo que tiene que ver con la aprobación del Fondo Minero como uno de los gravámenes que más ha pegado en el nivel de crecimiento del país como un destino de inversiones en el campo de la extracción de metales pesados, la consultora legal mencionó que el destino de los recursos debe ser garantizado por el Gobierno Federal pues fue una de las aportaciones, junto con otros derechos, que tenía como finalidad el desarrollo social en comunidades donde hay asentamientos mineros, y no únicamente como apoyos en forma de subsidios sociales que no están relacionados con su objetivo original.
Sobre los convenios y acuerdos que signan las empresas con las comunidades, Karina Rodríguez explicó que normalmente se acuerdan los pagos por el acceso a los terrenos, y en algunos casos se da la preferencia a las comunidades para ofrecerles empleo en igualdad de circunstancias, así como un enfoque al desarrollo social. Asimismo afirmó que la industria extractiva desde hace 15 años ha estado abierta a la negociación.
Previo al inicio de la XXXIII Convención Internacional de Minería que se realiza de manera bianual, organizada por la CAMIMEX y la AIMMGM, representantes de algunos medios de comunicación a nivel local y nacional, entre los cuales se encuentra Agenda Política, sustuvo distintas mesas de trabajo con especialistas en distintos temas alrededor de la minería.
Entre algunos de los temas abordados se consideraron: el potencial geológico minero, la situación de la minería en México, tipos de minas y procesos mineros, marco legal de la minería y concesiones mineras, así como el uso del agua y del cianuro en la extracción de minerales.
Para ello, se contó con la presencia de la Ing. Flor de María Harp, Directora del Servicio Geológico Mexicano; el Ing. Sergio Almazán Esqueda, asesor de la Cámara Minera de México; el Ing. Rodolfo Balderrama, Gerente de Operaciones de la minera LeaGold; el Ing. Alfredo David Gidi, Gerente Corporativo de Medio Ambiente en industrias Peñoles; y el Ing. Gabriel Rodríguez Zamorano, Auditor del Código del Cianuro en México.