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Zacatecas, Zac.- Los actos anticipados de campaña pueden ocasionar la nulidad de posibles candidaturas, recordó el vocal ejecutivo del INE en Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León, después de conocer distintas manifestacionaes públicas de algunos actores políticos en la entidad que buscarían contender por la gubernatura en el proceso electoral 2021.
El funcionario explicó que hasta ahora las posturas presentadas por los actores políticos permanecen como actos asilados, pero, dijo, si dichos actos se hacen sistemáticos, es decir, si se siguen reiterando conforme pasa el tiempo, podrían considerarse actos anticipados, situación que daría paso a la configuración de un ilícito electoral.
De acuerdo con la legislación vigente, los actos anticipados de campaña corresponden a aquellas expresiones hechas en cualquier modalidad y momento fuera de la etapa de campañas o precampañas, que contengan llamados abiertos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para candidaturas o partidos políticos.
Matías Chiquito aseguró que son los mismos partidos políticos la principal vía de litigio para evitar que los aspirantes anticipadas lleguen a una candidatura, y el principal agraviado de estos actos resulta la propia militancia del partido. En primera instancia, serán los órganos contenciosos de los institutos políticos quienes lleven el desahogo de las anomalías electorales que encuentren entre su militancia.
El vocal ejecutivo del INE dijo que el expresar intenciones de gobernar es un derecho ciudadano por lo que cualquier figura pública puede manifestarse sin problema, sin embargo, si el ciudadano “va estar en la contienda más vale que se abstenga de manifestaciones”.
Lo anterior debido a que se generan antecedentes que podrían producir, en un futuro, la cancelación de una posible candidatura, ya que, por ahora -afirmó- no se puede actuar como autoridad electoral pues aún no inicia formalmente el proceso electoral.
No obstante, esto no impide que los partidos y las autoridades electorales realicen un registro permanente del comportamiento público de funcionarios y militantes de los distintos partidos en este tema.