Foto: Mario Hernández, socio de KPMG México.
Acapulco, Gro.- Como autoridad corresponsable en la realización de convenios o contratos entre particulares, que tienen como fin la explotación del subsuelo mexicano para la extracción de metales pesados, el Gobierno Federal estaría obligado a contar con un ente público que ratifique los acuerdos entre las empresas mineras y las comunidades donde se asientan sus complejos extractivos.
En entrevista para Agenda Política, el Lic. Mario A. Hernández, socio de KPMG, una firma especializada en auditorías así como asesoría legal y fiscal, comentó que debido a que la celebración de contratos o convenios entre las empresas y las comunidades tenedoras de los terrenos, es de índole particular, tendría que existir una mejor coordinación entre el gobierno, los habitantes de las zonas mineras y las empresas extractivas.
Estos contratos significan el compromiso por parte de la empresa minera así como de parte de las comunidades en la obtención de contratos de derecho de uso y derechos de paso, con la finalidad de que ambos interesados respeten los acuerdos establecidos en cada uno de los instrumentos convenidos, explicó el especialista en el marco fiscal aplicable a la minería.
Frente a la notoria cantidad de conflictos sociales con los dueños de los terrenos donde se realizará la extracción de metales pesados, ya sea ejidatarios o comuneros, y debido a que en los últimos años se intensificaron sus prácticas sociales de movilización para detener la producción minera, o bien a través de huelgas sindicales, Mario Hernández manifestó que es necesario un ente regulador que sancione y ratifique conforme a lo establecido en los convenios originalmente signados.
Como ejemplo, el socio de KPMG explicó que los contratos de exploración actualmente son inscritos ante la Secretaría de Minas, un ente que se encarga de supervisar y de corroborar las condiciones de los convenios que fueron signados para la inspección de regiones con potencial extractivo.
De la misma forma, Mario Hernández propuso un ente equivalente que pueda revalidar las cláusulas de los contratos signados entre particulares para la extracción de minerales, con la finalidad de otorgar una garantía legal e institucional de que ni la empresa ni las comunidades modificarán los contenidos originales conque fueron signados dichos convenios.
En el segundo día de mesas de trabajo entre representantes de los medios de comunicación de nueve estados con intensa actividad minera, así como especialistas en la materia, la CAMIMEX y la AIMMGM pusieron a debate temas como el marco fiscal de la minería, el cierre y remediación de minas, desarrollo comunitario de la minería, así como los antecedentes, aplicación y estado actual del Fondo Minero.