A los responsables de la Secretaría de la Función Pública les pareció buena idea que este domingo 24 de abril se enviara un boletín oficial para reseñar la capacitación que ofrecieron su titular, Humbelina Elizabeth López Loera, y el subsecretario de Control, Víctor Hugo Hernández Reyes, a las y los coordinadores administrativos del gobierno estatal ¡hace 18 días!
Como se explicó aquí el pasado martes, el 7 de abril fueron citados aquellos funcionarios -en vez de los encargados de las Unidades de Transparencia-, para hablarles de los “Criterios para el requisitado correcto del formato de la Fracción VIII, ART 39, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los(as) servidores(as) públicos(as)” (sic).
Es el texto que aparece en una de las láminas que fueron expuestas en la presentación de López Loera, tal como lo deja ver una de las fotografías que acompaña al comunicado de la Función Pública. En la imagen se hacen acompañar los dos incondicionales de la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, dentro del aula del edificio J de la Ciudad Administrativa.
El contexto: la investigación periodística sobre la “nómina secreta” de la nueva gobernanza que difundieron los portales de Agenda Política, Lalala News y La Cueva del Lobo. El boletín no explica cuáles fueron las indicaciones que recibieron las y los coordinadores administrativos, y cómo se introdujo la normatividad local de Protección de Datos Personales en esa capacitación.
Recordemos que esas fueron las razones referidas por Humbelina en el oficio SFP/DTAIP/018/2022, con el cual extendió la convocatoria de aquella reunión. Tampoco especificaron qué entiende la titular de la SFP por “simplificar el llenado de formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo de generar datos comprensibles y evitar confusión en los usuarios” (sic).
Lo que sí confirma es que, como se evidenció en el artículo periodístico, la información no se homologó, se prestó a confusión, y en algunos casos de plano se omitió. Claro que el Instituto Zacatecano de Transparencia pudo advertirle a la nueva gobernanza, a través de una investigación de oficio que se negaron a realizar, de la violación a los principios de transparencia.
Con molestia, Fabiola Gilda Torres Rodríguez renegó de las razones expuestas por este columnista, y el pleno del IZAI sostuvo que quien debía denunciar era la ciudadanía. Con ello sepultaron una de sus grandes atribuciones como organismo autónomo que les confiere el artículo 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.
Aunque, en el fondo sólo persiste una verdad incontrovertible: en la nueva gobernanza no saben qué hacer con las evidencias irrefutables del pago de estímulos millonarios al gabinete de David Monreal Ávila. La rebatinga de poder en un gobierno con fuertes divisiones internas, lo mismo se infiltró en las decisiones acerca de si era preciso responder, y cómo, a la investigación publicada.
En la Secretaría de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara exigió que las Unidades de Transparencia asumieran responsabilidad por los errores en el tratamiento de información pública. La postura no agradó al grupo de “las Julietas” (Ricardo Monreal dixit), porque las obligaba a asumir la totalidad de los costos de la nómina secreta.
De ahí que Humbelina convocara únicamente a las y los coordinadores administrativos (que fueron designados en su mayoría con el visto bueno de la Tesorera del Senado, María del Carmen Salinas Flores), para que las y los funcionarios enlace con la SAD quedaran como responsables de las omisiones, y de manera indirecta se culpara a Verónica Yvette.
Sin embargo, Humbelina (exdirectora de Capacitación del IZAI) y Víctor Hugo (exsecretario Ejecutivo del IZAI) no pueden negar que los únicos encargados de subir datos a la Plataforma Nacional de Transparencia son las y los titulares de las Unidades de Transparencia que manejan las claves de acceso, y ellos deben revisar la información antes de publicarla.
Pero, más allá de los ánimos políticos y de rivalidad, no hay un compromiso real y tangible de la nueva gobernanza con la transparencia. Lo demostró el propio David Monreal al inicio de su gobierno. Apenas cambió el atuendo formal por uno más campirano el 12 de septiembre luego de su rendición de protesta, y fue a dar el banderazo inicial de la renovación de un tramo carretero en Fresnillo.
Cómo era posible que David inaugurara una rehabilitación vial sin antes designar al responsable de licitar o adjudicar la misma, al frente de la Secretaría de Obras Públicas. ¿Con qué atribuciones? ¿Y por qué Humbelina no ha reconvenido a la Unidad de Transparencia de esa secretaría, porque no existe dato alguno en la PNT con respecto a la obra que David entregó el pasado viernes?
Fue la primera obra de su sexenio y ejemplifica a la perfección lo que la nueva gobernanza entiende por rendición de cuentas, acceso a la información y transparencia; todo eso que David pidió a sus funcionarios, por pura demagogia, a la hora de licitar y adjudicar. Es lo que les incomoda tanto de los medios de comunicación que, con evidencias, refutan un discurso ruin y descarado.
#Casualidades: Por si le faltaban problemas al SEDIF después de que la Fiscalía asistiera hace unos días a allanar sus instalaciones -resultado del pleito entre Humbelina “N” y Benjamín “N” que escalará a dimensiones incalculables- pareciera que no hay orden al interior de ese sistema.
Este fin de semana, ciudadanos advirtieron el uso de una de su camioneta con placas ZG-1501-A, y rótulos del SEDIF, para uso de actividades particulares. En la colonia Valle del Conde, donde se juegan partidos de futbol en una liga que no es pública, estacionaron el vehículo.
De este descendieron cuatro personas que asistían a los encuentros deportivos, y a menos que el SEDIF demuestre que el vehículo fue utilizado para esa “comisión” (alejada de cualquier objetivo público), la camioneta no debió salir de las instalaciones en resguardo.
Lo mismo sucedió con otra camioneta de marca Toyota, y rótulos de la Secretaría del Zacatecano Migrante, para uso de un particular. En el quinquenio de Alejandro Tello Cristerna el monitoreo del parque vehicular era responsabilidad de las secretarías de Administración y Función Pública.
En la nueva gobernanza, cada quien hace lo que le place, como ya se demostró en este espacio con los vehículos que utilizaban el subsecretario del Campo, Juan Manuel Martínez García, y la subsecretaria de Agronegocios, Jehnny Alondra Olvera Carmona.
Ambos proceden de la empresa AGROCIME, identificada como una especie de industria dedicada al coyotaje de ciertos granos. Su negocio era servir de intermediario entre productores e industriales de la semilla de girasol y del frijol, y se beneficiaban de la negociación de los precios por hectárea.
Twitter: @GabrielConV