No hay mayor impotencia política que ejercer el poder a punta de caprichos. Destituyen al diputado Armando Delgadillo Ruvalcaba de la comisión de Patrimonio, Presupuesto y Finanzas, y el 28 de abril este le gira un oficio a Ricardo Olivares Sánchez para que retenga de manera “inmediata” las participaciones y ministraciones que le corresponden al Poder Legislativo.
Obviemos la parte en la que el extitular de la comisión que se encarga de la administración interna de la Legislatura ignora que ese poder nunca ha recibido (ni recibirá) “participaciones”. Su razonamiento central es que el dinero de los diputados es el “dinero del pueblo” (que hasta el momento Armando ha cobrado puntualmente) y que hay que evitar “malos manejos”.
Como los de la Estafa Legislativa, a la que no ha dedicado un solo pronunciamiento en tribuna como un tema de “intereses personales de algún grupo político”, entre los que se cuentan tres secretarios del gabinete de la nueva gobernanza. Por cierto, la próxima semana (y después de meses) se apersona Luis Cuauhtémoc Palestina Flores en Zacatecas a dar su versión de los millones facturados.
Su objetivo principal se llama Ernesto González Romo, y jura entregar un arsenal de información que compromete al diputado. También se dirigirá a los medios de comunicación locales que evidenciamos una clara discrepancia fiscal: pasó de cobrar 15 mil pesos mensuales como asesor de los guindas, a facturar el mismo servicio pero en cifras de seis dígitos, de un día a otro.
Y es que, si se trata de llevar una estrategia consistente, las y los legisladores de la nueva gobernanza son excelentes en obstaculizarse ellos mismos. Se enquistaron en el debate sobre las Herramientas Legislativas asumiendo posiciones incluso contradictorias a los votos con los que 28 diputados (muchos de los que hoy claman por su veto) revivieron esos recursos.
Apenas amansaban las aguas de la sesión del miércoles cuando desmoronaron su propio debate público, y siguiendo las indicaciones de David Monreal Ávila (confirmado por algunos de esos diputados) convocaron a una rueda de prensa para solicitarle al Secretario de Finanzas, por segunda ocasión, que procediera conforme se le había indicado desde el 28 de abril.
Esto significa que Olivares Sánchez atraviesa las presiones malhumoradas de la nueva gobernanza para dirigirse de forma arbitraria contra el Poder Legislativo, y así cargar con los costos legales de tal acción sin que el que se dice “gobernador” se manche las manos. Muy al estilo de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas; siempre busca quien haga el trabajo sucio por ella y luego lo niega.
En el caso presente no hay excepción. Fuentes que conocieron el coraje de la comisionada aseguran a este espacio que, en efecto, el pasado mes de diciembre cabildeó con David remover a Ricardo Olivares de la Secretaría de Finanzas con tal de ocupar ella el espacio. Negada su petición, quiso ocultar cualquier huella del delito y empujó a Silvia Saavedra Sánchez como aspirante.
No sin antes despotricar, con lujo de lenguaje altisonante y exceso de amargura, en contra de los periodistas que dimos a conocer su pretensión. Hoy, a unos meses de transcurrido el episodio, en Finanzas todavía persiste el “imaginario” de que la suplente de Olivares será la subsecretaria de Egresos. Una idea que sirve a los fines de Julieta con tal de encubrir su derrota.
Todo pareciera indicar que hay una mano en la espalda de Olivares a punto de empujarlo al vacío, porque son dos veces que David (directa o indirectamente) le pide que abra un frente en contra de la Legislatura. Ambas implicarían violar los artículos 83 de la constitución local, y el artículo 42 de la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del estado.
El primero señala al ejecutivo estatal como impedido para obstruir, limitar o imposibilitar el libre ejercicio de las funciones de la Legislatura del Estado. El segundo obliga a Finanzas a realizar las transferencias de recursos a los entes públicos, en calidad de ejecutores del presupuesto, con base en el decreto de egresos aprobado y los calendarios de ministraciones.
No existe precedente alguno de tal exigencia en la administración pública estatal, además de que el planteamiento no tiene lógica alguna. ¿Cómo un cambio en la integración de las comisiones legislativas los lleva a la conclusión de presuntos “malos manejos” que nunca han llevado a su órgano de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado?
La respuesta es muy sencilla: recordemos que Maribel Galván Jiménez asumió los costos políticos de no declarar una guerra de intereses personales contra la diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza, porque las afectaciones generaban una onda expansiva que llega hasta la Secretaría General de Gobierno. Podrán argumentar “malos manejos” una y otra vez; su impunidad es compartida.
Desde los inicios de la LXIV Legislatura el condicionamiento de recursos ha sido constante, aquí no hay novedad alguna. A estas alturas, llevar a una confrontación total sólo confirmará su condición de minoría débil (los davidistas), el contrapeso de gobierno en el Bloque Plural Ampliado, y el malestar de 280 trabajadores. Insisto, no existe mayor impotencia política que ejercer el poder a punta de caprichos.
#Casualidades: Otra de las instrucciones que dio el que se dice “gobernador”, fue para su secretario de Economía, que ahora sí transparentó sus “estímulos por desempeño en el cargo”. Nada más y nada menos que los 55 mil pesos (según la Plataforma Nacional de Transparencia) que el funcionario dijo que no cobraba.
Rodrigo Castañeda Miranda convocó a las cámaras empresariales a manifestarse en contra de las Herramientas Legislativas, a través de un par de entrevistas publicadas en El Sol de Zacatecas (ya con un convenio por 5 millones) el pasado miércoles, y luego un desplegado en redes, el día de ayer.
Se quejaban del trato mínimo que recibieron de Carlos Fernando Bárcena Pous, durante el gobierno de Alejandro Tello Cristerna, lo cual es cierto. Ahora, con David Monreal, ni siquiera han tenido la fortuna de sentarse a la mesa con el negligente de la nueva gobernanza.
Empero, son los primeros en acatar órdenes. Mucho tendría que explicar Carlos de la Torre García, presidente de la CANIRAC, sobre los acuerdos aterrizados con la empresa TRASH (la misma que ya tiene en la mira la diputada Priscila Benítez Sánchez).
La obediencia no es una sospecha, sino una realidad. Si los convenios a los medios de comunicación fueron condicionados en su línea editorial a cambio de millones, los empresarios esperan a que caigan migajas del negocio (le llaman “gobierno”) que inició el pasado 12 de septiembre.
Serán el último gremio en sufrir la merma y el encono con los que, en teoría, toma decisiones David Monreal. Aún creen en que habrá condiciones y contratos para sus empresas. Cuando los “moches” sean mayores que sus ganancias, la inconformidad será evidente. Y no falta mucho para eso.
Twitter: @GabrielConV