Había motivos suficientes para que las bancadas oficialistas mostraran júbilo por el golpe asestado desde el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, convertido en un mero apéndice jurisdiccional de la nueva gobernanza. Sus rostros, en la conferencia que ofrecieron minutos después de la sesión, demostraban todo menos entereza. Derrota moral, se leía en sus actitudes.
Las y los diputados davidistas se reunieron posteriormente en un café cercano al recinto legislativo. Ahí el ambiente más bien daba la impresión de tensiones e inquietudes. Por más que el TRIJEZ metió los brazos y pies completos a la vida de la LXIV Legislatura para regresarles sus comisiones, hace semanas que perdieron la mayoría en el pleno y con ello el poder.
Ahora, con una “victoria” que solo eleva el conflicto, se genera un vacío legal y una eventual parálisis tanto en la Mesa Directiva como en las Comisiones hasta que la Sala Monterrey defina los criterios que guiarán el caso. Por ello las caras largas de los oficialistas. La argumentación del TRIJEZ deberá soportar la jurisprudencia 44/2014 de la Sala Superior: la integración de comisiones legislativas se rige por el derecho parlamentario.
Sin embargo, la noticia corrió rápidamente hasta Fresnillo, y tomó a David Monreal Ávila en pleno júbilo y en medio de una audiencia pública, después de inaugurar la feria del empleo municipal. Para entonces, su secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, ya había informado en entrevista colectiva a los medios ahí reunidos, del asesinato de un policía fresnillense y su hijo menor de edad.
Marín no repitió aquello de que los homicidios dolosos fueran alarmantes, ni insistió en que más bien debía mirárseles como una invitación, una llamada de atención y una advertencia de los delincuentes. De cualquier forma las bandas delictivas mandaron otro mensaje para los risueños funcionarios: dos vidas fulminadas en segundos, a unas calles de donde se encontraban David y Verónica del Carmen Díaz Robles.
Entusiasmada, ella compartía sonrisas con el que se dice “gobernador”. Pensaban probablemente en los resolutivos que consumaron Rocío Posadas Ramírez, José Ángel Yuen Reyes, Gloria Esparza Rodarte y Teresa Rodríguez Torres, por mera percepción, para recuperar el control ficticio a punto de implosionar nuevamente en la Legislatura.
El único ausente fue el magistrado Esaúl Castro Hernández, pues concluye el periodo para el que fue electo en el pleno del Senado de la República como magistrado electoral por siete años, desde el 19 de noviembre del 2015. Por ende, busca mantenerse fuera de peligro para futuras encomiendas, como la de consejero presidente del IEEZ que le fue negada el año pasado.
Hace bien, la ruptura política entre el Bloque Plural Ampliado y la nueva gobernanza es total, especialmente después de que David buscara vía telefónica al diputado Guadalupe Correa Valdés con el objetivo de ofrecerle la misma tregua que le prometió a Priscila Benítez Sánchez en una francachela, y días después al TRIJEZ ingresó la impugnación de Armando Delgadillo Ruvalcaba contra la neoaliancista.
La respuesta de “Lupe” Correa (palabras más, palabras menos), de acuerdo con quienes conocieron del ofrecimiento, era de esperarse: “nos pide construir puentes de comunicación y consenso mientras busca jodernos en el Tribunal Electoral”. Esa es la política del que le llaman “gobernador”, ondear la bandera de paz mientras envía a sus serviles a enlodarse las manos.
A estas alturas es difícil darle cualquier valor a una sola de las palabras o promesas que salen de la boca de David Monreal. Tal como él lo invocó en aquella francachela por el cumpleaños de Ernesto González Romo: “fuera máscaras”, por la mala y a punta de caprichos (como tanto se ha insistido en este espacio) será la forma en que David empuje cada vez más cerca del barranco a Zacatecas.
Ahora bien, cabe la posibilidad de que con este estire y afloje legislativo la nueva gobernanza únicamente busque distraer al Bloque Plural Ampliado y a las “dirigencias” de los partidos de “oposición” (extraviadas desde hace tiempo). Prioritariamente debe de salir del foco público una estrategia de mayor alcance que ya despliegan en la Secretaría General de Gobierno, como campaña política anticipada.
Se trata de la conformación de 31 secciones electorales en las que Javier Reyes Romo ha dividido los 58 municipios del estado. En cada una de ellas deberá entregarse, de manera constante y a través de la fundación Mariana Trinitaria, calentadores solares de 18 paneles, tinacos, tabletas electrónicas y una fuerte cantidad de despensas.
El diputado Alfredo Femat Bañuelos sería el agente detrás de la estrategia de dádivas a través de la fundación “altruista”, ya que anticipan una fuerte pérdida de sufragios en al menos la mitad de los municipios del estado, debido al descontento generalizado que produce entre los votantes el nombre del que llaman “gobernador”. Tal como lo reflejan las encuestas de aceptación.
Ahora que el dato se encuentra en el aire será más sencillo rastrear el movimiento de recursos desde la Secretaría General de Gobierno, las partidas presupuestales discrecionales que componen el Capítulo 7000, la relación con las listas de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social, y el cruce de recursos federales. Eso de convertir a la Legislatura en un distractor, sería algo completamente deliberado.
#Casualidades: Al corte de esta columna, el director de Comunicación Social del INAI, Oscar Flores Flores no ha extendido ninguna carta aclaratoria o solicitud de derecho de réplica del Instituto para rectificar la información que publicamos el día de ayer en Agenda Política.
Y no lo ha hecho, porque no hay nada qué rectificar: desde el pasado 4 de abril, el pleno de los comisionados se deslindaron del pleito personal que Norma Julieta del Río Venegas pretendía deslizar en contra de este periodista y la colega Verónica Trujillo Jiménez.
Muy al estilo de la nueva gobernanza, quería utilizar a todo un Instituto con la finalidad de “proceder penalmente” por un asunto que carece de materia jurídica alguna, como lo es una simple rectificación de información errónea que ella quería hacer pasar como “manipulación de la PNT”.
Ella lo dijo públicamente y se evidenció desde el 21 de enero, en los espacios de comunicación donde se siente más cómoda. Incluso se atrevió a hablar de “medidas cautelares” por presunto “daño moral”, más nunca solicitó su derecho de réplica a este espacio conforme lo establece la normativa. Antes prefirió utilizar a otros medios (con los que ha tenido convenios el INAI) para señalar nuestro trabajo.
A todas y cada una de sus palabras se les llama “acoso judicial” en contra de la libertad de expresión, y hoy, ambos periodistas tenemos los elementos suficientes para demostrar que, a través de denuncias, se pretende combatir el cerco informativo crítico contra los excesos arbitrarios del poder como lo es en su caso.
Ninguno de ambos asistiremos presencialmente a la Unidad de Transparencia del INAI, como lo supone Julieta del Río, a que nos informen acerca de “expresiones documentales” que ella misma y otros seis comisionados afirmaron en abril que no existen (o sea, no hubo denuncias, sólo amagos; gran error). Lo sabe, y utiliza el pretexto como una forma de ocultar que su pretensión no procedió y que el poder que presume hacia afuera también tiene bastantes limitaciones.
Twitter: @GabrielConV