La última información pública acerca de la serie de contratos que ha recibido Adilene Rosales Romero como funcionara estatal y federal en Zacatecas, corresponde a su declaración patrimonial de inicio, con fecha del 28 de julio del 2021, entonces Jefa de Departamento adscrita a la Unidad de Coordinación de Delegaciones (UCD) de la Secretaría de Bienestar.
El domicilio donde desempeña este cargo reseña el número 130 de la calzada Héroes de Chapultepec, colonia Úrsulo A. García, en la capital zacatecana. Ahí se ubica el edificio sede de la Delegación de Bienestar de Zacatecas. Sus ingresos mensuales entonces acumulaban 28 mil 33 pesos, y aseguró que el año anterior también se había desempeñado en el ámbito público.
No es fácil seguir la pista de quien hacía las veces de asistente particular de David Monreal Ávila como Coordinador General de Ganadería, y luego durante la campaña electoral del 2021. En la Plataforma Nacional de Transparencia sólo existe copia de tres contratos correspondientes a los meses de mayo, julio y septiembre del 2019, cedidos por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la UCD.
Éstos únicamente demuestran la relación laboral que mantuvo como personal de “apoyo administrativo” en aquella Unidad de Coordinación de Delegaciones. Las otras piezas del rompecabezas se encuentran en ocho declaraciones patrimoniales que guardan correlación con los mismos contratos (no consultables) de las que provienen.
Y un último fragmento de información lo otorga la solicitud con folio 000881, de la que recibe respuesta el peticionario a través del oficio UEPLEZ/002558/2018 signado por Ana Lidia Longoria Cid, anterior titular de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, todavía en los inicios de la LXIII Legislatura.
El documento explica que Adilene Rosales y Eduardo Rosales Rubio (en el presente pareja sentimental, de acuerdo con su información de Facebook), fueron anexados como auxiliares de la diputada -por vía plurinominal- Verónica del Carmen Díaz Robles a partir de octubre del 2018, al inicio del primer periodo ordinario de esa legislatura.
A diferencia de Adilene, los contratos que extendió la LXIII Legislatura con Eduardo Rosales sí se encuentran disponibles para consulta en la plataforma de transparencia. Lo mismo que buena parte de los documentos que avalan su paso por la Delegación de Bienestar como Coordinador para la Interoperabilidad de los Programas Sociales, tarea por la que recibía 10 mil pesos mensuales.
Ambos concluyen las labores de asesoría legislativa el 30 de abril del 2019. No obstante, previo a la conclusión contractual, Adilene ya había obtenido otro convenio laboral también como asesora, pero en la Delegación de Bienestar, según su declaración patrimonial de fecha de 31 de mayo del 2019. Aunque, sus tareas en la delegación datan en meses anteriores.
Así consta en los videos que difundieron distintos medios de comunicación a través de redes sociales cuando un grupo de madres de familia y directoras de Estancias Infantiles se manifestaron en las instalaciones de Bienestar, el 19 de febrero del 2019, para expresar su inconformidad debido a que la Cuarta Transformación desapareció ese programa aludiendo presunta “corrupción”.
Con dos fuentes de empleo relativamente bien remuneradas, en la misma declaración patrimonial del 31 de mayo del 2019, Adilene Romero afirma, dentro del apartado de “Adeudos”, que en ese periodo había adquirido un automóvil con un valor de 294 mil 980 pesos. De dicho total sólo había saldado, hasta el momento, 134 mil 180 pesos.
El siguiente documento más cercano del que se tiene conocimiento es su declaración patrimonial inicial del 23 de diciembre del 2019, cuando fue trasladada a la Coordinación Nacional de Ganadería en un puesto de dirección. Sus funciones principales, explica, eran las de atención directa al público, auditorías, y manejo de recursos financieros.
Sus ingresos entonces subieron hasta los 53 mil 737 pesos mensuales, que podrían haberle ayudado a liquidar el adeudo por la compra del automóvil (en 2017) del que le restaban por abonar 104 mil pesos, tal cual aparece en su declaración. Pese a ello, el pasivo lo arrastró hasta el 25 de mayo del 2021, última declaración en donde registra ese adeudo.
Dos meses después, el 27 de julio del 2021, y nuevamente en una Jefatura de Área en la Unidad de Coordinación de Delegaciones, Adilene Rosales informa no tener ni adeudos por crédito automotriz, ¡ni vehículos a su nombre! Tampoco explicó si de la posible venta del automóvil recibió algún importe que trasladara a sus dos cuentas bancarias de nómina (una en BBVA y otra en Banorte).
Empero, hace unos días, en sus labores públicas cotidianas, el titular de SEDESOL, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, se trasladó en una camioneta Amarok, color blanco, con placas YX-6737-C a nombre, ni más ni menos, que de Adilene Rosales Romero. ¿El mismo vehículo que omite declarar una particular (desaparecida de los registros públicos a partir de enero del 2022) en comodato a Gobierno del Estado? ¿A cambio de qué?
¿Información inconclusa en las declaraciones patrimoniales de un personaje extremadamente cercano a David Monreal y Verónica Díaz que, como confirman a este espacio quienes han vivido en las entrañas de Bienestar, es a la que encargan, junto con Eduardo Rosales, recibir las “cuotas” que provienen de distintos salarios de los funcionarios guindas, mientras manejan los hilos de Bienestar? Si alguien conoce a fondo el teje y maneje opaco de David y Verónica, esos son Adilene y Eduardo.
#Casualidades: Con manzanas para que nos entienda mejor el director de Protección Civil, Jeú Márquez Cerezo. En primer lugar, en ningún momento el funcionario se ha dirigido a Agenda Política para pedir derecho de réplica por la información aquí publicada el pasado 31 de mayo.
Según su criterio, evidentemente sesgado, lo mismo dice que el documento que volvemos a publicar en esta columna, de fecha del 3 de mayo del 2022, con la firma de la titular de la Coordinación Nacional, Laura Velázquez Alzúa fue, al mismo tiempo, filtrado y falsificado.
Claro que la fotografía del documento original fue filtrada a este espacio, que procedió a publicarse íntegramente y sin alteración alguna para evidenciar que Jeú Márquez no supo llenar formularios electrónicos ni documentar si se rebaso la capacidad operativa y financiera del gobierno para alcanzar una Declaratoria de Emergencia.
Es la que corresponde a las de las lluvias atípicas e inundaciones en el municipio de Río Grande, registradas el pasado 26 de abril. Debido a su impericia, Zacatecas no pudo acceder (hasta ese entonces) a los recursos que ni siquiera supo solicitarle a la Coordinación de Protección Civil.
Aquí niego categóricamente cualquier presunta falsificación, y remarco que la respuesta del funcionario llega muy tarde y sin pruebas de sus dichos. Es más fácil falsear a través de una declaración en un medio oficial público, que aceptar su negligencia. Presume, además, que algunos medios “mal informamos” por una cuestión de convenios publicitarios no negociados.
No le han explicado que no existe interés alguno de concretar una propuesta de tal tipo, cuando nuestro nicho mantiene poca competencia porque el mercado oficial quiere vender el 10%-20% de aceptación que acarrea David Monreal, mientras que nuestros consumidores se encuentran entre el 80% – 90% que sabe que su gobierno es un rotundo fracaso. La ecuación es muy sencilla. Con manzanas, pues.
Twitter: @GabrielConV