Provocación, montaje, invitación, llamado de atención, advertencia. Escenario de horror. Un set armado con espectacularidad con la intención de intimidar e instalar el terror. Todos los anteriores son los distintos conceptos con los que David Monreal Ávila y Adolfo Marín Marín han intentado explicar, y no, el libre desplazamiento de grupos de la delincuencia organizada dentro de Zacatecas.
Chocan con otro concepto que David expuso públicamente en el mes de abril. En una de sus giras por Fresnillo, cuestionó: “¿Qué es la percepción? Es lo que la gente cree. Es el miedo, lo que crees lo que está pasando. ¿Cómo se genera la percepción? Con lo que te dicen o lo que se transmite”. Apuntaba entonces a los medios de comunicación como responsables de tal resultado.
También pretendía descalificar la metodología y los números que trimestralmente produce el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), que no sólo tiene como objetivo preguntar a la población si considera seguro o inseguro vivir en su ciudad, sino que registra puntualmente si las y los encuestados han sido testigos de una amplia gama de delitos y conductas antisociales.
Algo que comprendió bien Saúl Monreal Ávila desde hace varios meses. A diferencia de David, el edil de Fresnillo aceptó en una de sus colaboraciones para El Sol de Zacatecas fechada el 27 de enero, que “los resultados que arroja la encuesta, no pueden, ni deben demeritarse por tratarse de percepción ciudadana, aunque en ocasiones ésta no vaya acorde con las cifras” oficiales.
En efecto, no siempre existe correlación entre la percepción y las ondulaciones de cifras que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública por una simple razón: la cifra negra (delitos no denunciados) ronda cerca del 90% en el mejor de los casos. Así lo reportó el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, en un análisis recientemente publicado.
Es una actualización que se dio a conocer el pasado 7 de junio, acerca del reporte “México: Crimen Organizado y Organizaciones del Tráfico de Drogas”, de la que incluimos un enlace al archivo de consulta en esta columna. En este se señala a las desapariciones forzadas como un elemento esencial del crimen organizado para reducir su exposición en números cuantificables.
A más personas desaparecidas no reportadas, menor el número de homicidios dolosos en las cifras de los gobiernos federal y estatal. Por ende, las cifras juegan en un nivel proporcional al margen de impunidad y efectividad del sistema de justicia penal, relacionado con este tipo de actividades delictivas en lo particular.
Otro de los temas primordiales expuesto en el reporte al congreso estadounidense, es el nuevo enfoque parlamentario sobre narcotráfico, desde octubre del 2019, en dos iniciativas de ley: una es la H.R. 5509, conocida como Ley de Identificación de los Cárteles de la Droga como Organizaciones Terroristas, presentada ante el Comité de Inmigración y Ciudadanización, por el representante Brian Fitzpatrick.
Esta enlista a siete cárteles propuestos para su persecución como organizaciones terroristas, por encima de su denominación convencional de organizaciones criminales transnacionales. De estos, cinco operan actualmente en territorio zacatecano según el último mapa de áreas de dominio y presencia (al corte de agosto del 2021) de la agencia de seguridad Stratfor Worldview.
Sin embargo, debido a que no encajan en el concepto tradicional de “organizaciones terroristas”, pues en apariencia no son organismos que desarrollan sus actividades motivados por una ideología o corriente política identificable, ambas cámaras de congresistas desestimaron otra propuesta más, la H.R. 1700 “Drug Cartel Terrorist Designation Act”.
Lo que nos lleva al siguiente punto. En la conferencia semanal de la Secretaría de Seguridad Pública ofrecida este lunes, su titular, Adolfo Marín, rechazó calificar como un “acto de terrorismo” el homicidio múltiple perpetrado el fin de semana al interior de un bar fresnillense. El suceso tuvo relevancia debido a la misiva que publicó el diputado y cantante Marco Antonio Flores Sánchez.
El de la banda Jerez hacía énfasis en una pregunta: cómo nombrar a la forma en que fueron liquidados cinco sujetos (con dos testigos heridos), si no en el mismo sentido en que David y el propio secretario han denominado, desde el mes de febrero, las imágenes de inseguridad que vive Zacatecas: provocación, espectacularidad, montaje, advertencia, un set de intimidación, etcétera.
Por las razones menos adecuadas y con algo de suerte, el cantante vernáculo llegó al argumento central que es debate en los Estados Unidos desde hace algunos años: los cárteles han evolucionado a grupos criminales transnacionales que emplean tácticas terroristas, sin que su objetivo sea imponer una visión y organización política propias. La respuesta de Marín, en cambio, fue más intolerante: “no sé si esa persona sepa qué es terrorismo”.
En términos convencionales y en estricto sentido jurídico, no es terrorismo. Sin embargo, en Zacatecas han incrementado los incendios a casas habitación y de vehículos de particulares, asesinatos en el centro capitalino a horas de afluencia, retenes de células criminales, y dispersión de cuerpos en cobijas y bolsas en distintos municipios, en meses recientes.
Es la misma espectacularidad y las mismas escenas de intimidación, o llamadas de atención, que han aprendido de las organizaciones terroristas: imponer su dominio a través de la violencia extrema. Empero, dice Marín que no es terrorismo, aunque los cárteles recurran a esquemas operativos terroristas. Y dice David que es culpa de los medios la “percepción” que producen los cárteles a través de “montajes”. Cuando hablaban de “herencias malditas” se enredaban menos.
#Casualidades: Acérquenle una silla cómoda a Jorge Alberto de la Peña Díaz, porque deberá esperar pacientemente a que inicien los procesos de licitación que traerán algunas cuantas obras para los constructores afiliados a la CMIC, delegación Zacatecas.
Cinco de estas, convocadas por el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (INZACE), establecen como fecha límite para -apenas- adquirir sus bases, el próximo 11 de julio. Y, si todo marcha conforme al calendario, hasta el 26 del mismo mes tendrán algunos fallos.
Definitivamente la nueva gobernanza no ha sido la mejor aliada de la CMIC. Han perdido la oportunidad de obtener en bloque un contrato por 374 millones de pesos que David Monreal Ávila le otorgó a Pedro Lara Rojas, a través de José Luis Gallo Dávila, para los trabajos en el tramo “El Orito – entronque con carretera a Guadalajara”.
De este habrían podido retener recursos de dos al millar para reparación, mantenimiento, operación, ampliación y/o construcción en edificio sede, a un costado de la vialidad Pedro Coronel. Así como otra bolsa de dos al millar para capacitar a sus trabajadores.
No significa que no puedan acceder a esas partidas establecidas en la cláusula 4.10 que dispone la Secretaría de Obras Públicas dentro de sus contratos. No obstante, como ya lo dijo De la Peña, las obras que le dan a sus afiliados ni siquiera llegan al millón de pesos.
¿Será que alcanzan a recuperar la “inversión” que hicieron en su excandidato, ahora convertido en un fiasco político? Aunque sea para cubrir las “aportaciones” electorales en efectivo de muchos de ellos, que hoy más parecen una franca deuda en sus cuadernos de contabilidad.
Twitter: @GabrielConV