Creo que la Auditoría Superior de la Federación pudo ahondar más en la Cédula de Resultados Finales, de la auditoría de desempeño 275-DE al Crédito Ganadero a la Palabra. Sin embargo, ha hecho un trabajo meticuloso en lo que se refiere a los aspectos técnicos y metodológicos con los que David Monreal Ávila pretendió operar el programa en 2019.
Quedan dudas con respecto al marco legal con el que el Coordinador de Ganadería otorgó contratos a nueve Agentes Técnicos, tomando en cuenta lo que mandataban los objetivos del programa dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año, así como sus lineamientos.
Según David Monreal, los nueve instrumentos signados con intermediarios (los cuales iban a desaparecer en el gobierno de la Cuarta Transformación) tuvieron respaldo suficiente en la Ley de Planeación, que únicamente faculta a establecer convenios con comunidades indígenas.
Sin embargo, ninguno de los Agentes Técnicos dijo haberse constituido como representante de alguna etnia o grupo autóctono. Para colmo, de los nueve que participaron ninguno contó con el personal suficiente, recursos materiales y tecnológicos, capacidad administrativa y financiera, y la infraestructura física para ayudar a operar el programa.
Si bien la Auditoría Superior de la Federación no entró al punto medular, la Secretaría de la Función Pública sí está habilitada para hacerlo y tiene los documentos suficientes. Empero, la ASF demostró un punto clave: David Monreal no difundió ninguna de las convocatorias para otorgar esos nueve convenios.
Por su interés público, dichas convocatorias debieron ser publicitadas ampliamente. Contrario a ello, el Coordinador de Ganadería restringió su consulta a un enlace en el sitio web de la SADER. Un fuerte indicio de que no daría paso a licitaciones, y que muy probablemente ya se tenían elegidos a los participantes y los montos económicos para cada uno.
Y esto fue así porque, como ya he apuntado en otras ocasiones, el Coordinador de Ganadería se desentendió de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que lo obligaba a someter a licitaciones públicas esos nueve contratos, que prefirió convertir en “convenios” para asignarlos a quienes él decidiera a su libre “arbitrio”.
Eso mismo fue lo que resolvió el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) en el Recurso de Revisión expediente RR 06879/2020, que promovió Agenda Política contra la Coordinación de Ganadería, cuando intentaron obstaculizar (una vez más) información sobre los aspectos técnicos que se tomaron en cuenta para otorgarle 50 millones de pesos a Industrias A y G S.A. de C.V.
Las y los comisionados del pleno, en unanimidad, resolvieron en aquella ocasión: “la figura del Convenio de Concertación que es la que nos ocupa, es ajena a aquellas previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”. En consecuencia, apuntaron, “la selección de la empresa quedó al arbitrio de la Coordinación General de Ganadería”.
Regreso al punto inicial de esta reflexión: la Auditoría Superior de la Federación debió de ahondar en el hecho de que el marco legal con el que se firmaron nueve convenios al libre “arbitrio”, no correspondía con sus Agentes Técnicos, pues no hay uno solo que se haya constituido como representante de uno o varios pueblos indígenas.
Lo más grave es que los recursos ministrados en esos convenios sumaron los 996 millones de pesos, ninguno de los cuales -dice la ASF– previó dar prioridad a zonas de alta y muy alta marginación, así como a poblaciones indígenas, con lo que David Monreal contravino la esencia misma del programa.
Estas dos grandes columnas: no entregar convenios a Agentes Técnicos relacionados con comunidades indígenas, y no tener como prioridad la entrega de apoyos a la población indígena, se enlazan con una pequeña observación de la ASF: el Coordinador de Ganadería “no proporcionó evidencia de los medios de difusión [de convocatorias] utilizados en zonas indígenas”.
El programa no llegó a su población objetivo, y ninguno de los Agentes Técnicos (que fungieron como intermediarios) tuvo identidad con su población objetivo. La pregunta más obvia frente a este panorama resulta ser: ¿qué hicieron entonces con el Crédito Ganadero a la Palabra?
Una respuesta posible frente a las evidencias, es que manejaron recursos y eligieron a nueve empresas para “ayudar” en tareas del Crédito Ganadero de forma discrecional. Los nueve convenios no cumplen los requisitos legales ni metodológicos del programa. Y en ellos se fue el único presupuesto que David pudo operar como funcionario público federal (en fracaso).
#Casualidades: Fue una pésima respuesta la que dieron, de forma sincronizada, los aplaudidores de David Monreal Ávila en redes sociales. Sólo les faltó afirmar que porque Ulises Mejía, Luis Medina y José Narro no asistieron a la cita con Mario Delgado perdían sus derechos políticos.
Que el excoordinador de Ganadería habría firmado una carta intención para apuntarse como candidato de la coalición Morena-PT-PVEM, que ni siquiera ha aprobado el Consejo Nacional, único órgano facultado para acordar la política de alianzas.
Que David también firmó un acta de la Comisión de Elecciones para aceptar una encuesta, cuando esa Comisión ni siquiera sesionó la tarde del martes. Pero nunca faltan los acostumbrados a no investigar, y que publicaron lo que les dijeron otros que tampoco entendieron.
Lo más vergonzoso fue el manotazo que tuvo que dar la Secretaria General de Morena al día siguiente, el miércoles, cuando Citlalli Hernández Mora informó en su cuenta de Twitter que ni en Zacatecas, ni en ningún estado, existían todavía “candidatos únicos”.
A como pintan las condiciones internas en Morena no habrá candidatos únicos y mucho menos de “unidad”. Y es altamente probable que este domingo el Comité Estatal del partido, encabezado por Fernando Arteaga Gaytán, tome los votos de los delegados para cerrarle el paso al PVEM y al PANAL en Zacatecas. ¿Infamia? No, simples estatutos.
Twitter: @GabrielConV