- A libre arbitrio, y en una probable ilegalidad, se firmaron convenios del Crédito Ganadero para evitar licitaciones públicas.
- David Monreal Ávila debió presentar el informe que sustente la operación de 50 millones de pesos por parte de Industrias A y G.
- Es improcedente la reserva de información aludiendo una auditoría al programa federal.
Ciudad de México.- Por segunda ocasión en lo que va del 2020, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), confirmó los argumentos de Agenda Política en un recurso de revisión interpuesto por la negativa de información de parte de la Coordinación Nacional de Ganadería.
El expediente RR 06879/2020 resuelto por unanimidad en el pleno de los comisionados el pasado 30 de septiembre, ahora obligó al Coordinador Nacional de Ganadería en funciones, David Monreal Ávila, a transparentar: “El Informe Final entregado por el Agente Técnico “Industrias AyG” a la Coordinación General de Ganadería, en el marco del Convenio de Concertación 2019 “Crédito Ganadero a la Palabra”.
Esto es, el informe acerca de la documentación por la compra de animales categorizados dentro del programa, número de ganado entregado así como el desglose de los recursos, con las respectivas facturas, que debieron ser presentados por Industrias A y G después del 31 de diciembre del 2019, fecha en que concluyó dicho convenio.
Como lo dio a conocer este portal el pasado 18 de marzo, el administrador único de dicha empresa es Víctor Hugo Calderón Vázquez, emparentado con Nemesio Vázquez García, encargado del programa del Crédito Ganadero en Zacatecas, así como con el empresario Cuauhtémoc Calderón Galván, quien actualmente se dedica a las tareas de la Red D21 de apoyo electoral para David Monreal Ávila.
En este sentido, el pleno de comisionados coincidieron en que se advierte que el Agente Técnico dentro del marco del Convenio de Concertación 2019 “Crédito Ganadero a la Palabra”, a saber, Industrias A y G debió entregar un informe final detallado sobre los resultados y alcances obtenidos en la ejecución de las acciones materia de dicho instrumento.
Adicionalmente, a través de sus alegatos, el sujeto obligado indicó que el Convenio de Concertación 2019 “Crédito Ganadero a la Palabra” contempla un “Informe Final” y no un “Informe Técnico”.
Con lo anterior, afirmaron los comisionados, “resulta evidente que el sujeto obligado dio una interpretación restrictiva a la solicitud de información, toda vez que atendió a la literalidad de la misma, siendo que se encuentra constreñido a dar a las solicitudes de información una interpretación que les otorgue una expresión documental”.
Concertación de “convenios” ilegales al libre “arbitrio”.
El INAI también confirmó para Agenda Política que David Monreal Ávila deberá proporcionar: “El oficio 116.000.216/2019, del 28 de febrero de 2019, mediante el que la Coordinación General de Ganadería designó a “Industrias AyG” como Agente Técnico en el Convenio de Concertación 2019 “Crédito Ganadero a la Palabra”.”
Lo anterior de acuerdo con la solicitud para que el funcionario federal aclarara si la entrega del convenio de concertación con “Industrias A y G” se realizó conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En ese sentido, el pleno del INAI explicó que dichos instrumentos se otorgaron al “arbitrio” de la Coordinación de Ganadería.
“… la figura del Convenio de Concertación que es la que nos ocupa, es ajena a aquellas previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por lo que, como ya se señaló anteriormente, la selección de la empresa Industrias A y G como Agente Técnico quedó al arbitrio de la Coordinación General de Ganadería y cuyas razones de dicha decisión, se advierten que se encuentran vertidas dentro del dictamen que la propia Coordinación General de Ganadería emitió, a saber, el oficio número 116.000.216/2019, del 28 de febrero de 2019.”
Sin embargo, de la inspección de los artículos 32 y 37 invocados por la Coordinación de Ganadería para sustentar la concertación de convenios en suplencia de una licitación pública, resulta una probable ilegalidad ya que la Ley de Planeación únicamente faculta lo siguiente:
“El Ejecutivo Federal podrá signar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas, en todos aquellos asuntos que se consideren pertinentes y de conformidad con lo establecido en las leyes que rijan en la materia de que se trate”.
De lo anterior se desprende que ninguna de las uniones ganaderas, ni la Federación de Veterinarios y Zootecnistas, ni “Industrias A y G” son representantes legales de comunidades indígenas, sino de productores pecuarios y/o prestadores de servicios coadyuvantes con el actual titular la de la Coordinación de Ganadería.
Improcedente reserva de información aludiendo una “auditoría”.
En los alegatos que presentó el personal a cargo de David Monreal en la respuesta al recurso de revisión solicitado por Agenda Política, los responsables de la Unidad Administrativa confirmaron al INAI que:
“… con fecha 04 de marzo de 2020, con números de folio 116.-01.01.029-2020; 116.-01.01.025-2020; 116.-01.01.023-2020; está Coordinación General de Ganadería solicitó la reserva de información del Programa Crédito Ganadero a la Palabra para el ejercicio 2019 lo anterior derivado de que el pasado seis (06) de febrero del presente año se requirió a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural información complementaria para la Planeación de la revisión Cuenta Pública 2019, a través del oficio No.: DGAFFB/B1/0186/2020”.
Dicha petición, de acuerdo con la Coordinación de Gandería, surgió de una notificación signada por el C.P. Alfonso García Fernández, Director General de Auditoría Financiera Federal “B”, la cual abarca diversos ejes, entre ellos algunos relacionados con el Programa U021 Crédito Ganadero a la Palabra.
No obstante, y debido a que Agenda Política solicitó al pleno del INAI pronunciarse al respecto de la supuesta reserva de información, la ponencia del comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford insistió en que “este Instituto no advierte de qué manera, la divulgación de la documentación solicitad, pudiera obstruir las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones”.
Máxime que, la información solicitada da cuenta de un convenio firmado entre una empresa y una autoridad, a saber, el Coordinador Nacional de Ganadería, dentro del marco del programa Crédito Ganadero a la Palabra, es decir, implica el ejercicio de recursos públicos; explicó el ponente.
Por lo tanto, al no actualizarse la totalidad de los requisitos para que proceda la clasificación, no resulta procedente la causal invocada por el sujeto obligado para reservar información que se encuentra en un proceso de fiscalización superior.
En tales consideraciones, no se actualiza la reserva invocada por el sujeto obligado en términos del artículo 110, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el agravio del particular deviene fundado, confirmaron los comisionados. ■
Super interesante el post!!!