Cómo explicarle a la oposición que no se encuentra en condiciones de hacer política desde las redes sociales. Sin sustancia, sin agenda, sin presencia real en los asuntos políticos, las y los diputados federales del Va Por Zacatecas asumen que el hecho de compartirnos su vida social y sus días de trabajo en la Cámara de Diputados, justifica su estancia en San Lázaro.
Posicionamientos en la tribuna que no tienen mayor trascendencia, llamados inocuos al que se dice “gobernador” del estado para que gestione lo que no ha podido gestionar. Vuelos perdidos o demorados, caminatas en la Ciudad de México, fotos en el pleno (y en los pasillos y patios), videos de algunas de sus participaciones, presumir a la familia y gozar de la vida de “legisladores”.
La oposición se encuentra en su zona de confort, y el panorama local parece importarles o afectarles en lo mínimo. E incluso manejan sus perfiles virtuales con la mira puesta en el 2024, más que en la emergencia en la que se encuentra el estado, gracias a un “gobierno” que empuja el conflicto y la polarización como prédica política.
Sin autocrítica y sin blindaje a sus propios proyectos electorales próximos, el Va Por Zacatecas no tendrá relevancia alguna en la Cámara de Diputados, con la posibilidad de convertirse en un lastre para sus partidos. Y entre sus filas se cuela la corrupción que cargan algunos actores políticos, de la que, en vez de desmarcarse, deciden arropar.
Con esa indiferencia se mostraron hace unos días a lado Manuel Alan Murillo Murillo, las y los diputados Noemí Berenice Luna Ayala, Miguel Ángel Varela Pinedo, Miguel Torres Rosales, Carolina Dávila Ramírez, y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel. También los acompañó uno de los asesores de la bancada del PRD, Raymundo Moreno Romero.
El pretexto de la reunión era escuchar las demandas del sector frijolero que, por alguna razón particular, quiso asumir el edil de Sombrerete, con ayuda de José Antonio Martínez Zaragoza, delegado de la CNC en Zacatecas. Él que, por cierto, nunca emitió una sola declaración contra las irregularidades encontradas en el Crédito Ganadero a la Palabra.
A Manuel Alan Murillo la Auditoría Superior del Estado le observó 27 millones de pesos en la Cuenta Pública 2019, con temas que de ninguna manera son menores. El arquitecto se ha vuelto asiduo colocador de obra pública a través de adjudicaciones directas a sus allegados, y para el pago de compromisos a la exsíndica Alejandra Donají Olmos Díaz.
La ASE determinó que el 30% de los recursos destinados a infraestructura del municipio de Sombrerete, fueron asignados sin un concurso restringido o una licitación pública cuando el costo de la obra superaba los márgenes para ser adjudicada de forma directa. Esto es, una tercera parte de los recursos que usó Alan Murillo, se repartieron de forma discrecional.
Y el de la obra pública no fue el único rubro en esta condición. La Auditoría también encontró un probable conflicto de interés al otorgar 1 millón 37 mil 73 pesos en compras a la empresa “El Trébol”, de la que es administrador único Jaime Arturo Viedma Ceceñas, concuño del edil y recién ratificado Secretario de Desarrollo Social.
Viedma Ceceñas integró el Comité Municipal del PRI en Sombrerete. Empero, al interior de los tricolores se le identifica con el bloque de fuerza de Roberto Luévano Ruiz. Poco le ayuda Alan Murillo al extitular de SEDESOL en el quinquenio de Alejandro Tello Cristerna, al repetir los mismos errores e irregularidades en la administración que inauguró el pasado 15 de septiembre.
Ahí ratificó también a su concuña, Aracely Cuevas Madrid en la Tesorería. Ella es corresponsable de las compras fantasma que encontró la Auditoría, y que realizó Jaime Viedma, en la adquisición de 16 neumáticos con sobreprecio, así como el servicio de afinación de distintos vehículos, sin presentar requisiciones y autorización de gasto encima de los 200 mil pesos.
Asimismo, la tesorera y concuña lleva mano en la ausencia de pagos del “ISR de Sueldos y Salarios” por montos que superan los 20 millones de pesos, que no se enteraron al SAT con corte al 31 de diciembre del 2019. En esa misma causa, Aracely Cuevas entregó, de forma extemporánea, todos sus Informes Contables Financieros correspondientes a ese año.
Alan Murillo alcanzó a dispersar recursos anómalos de la nómina por 1 millón 75 mil pesos, tan sólo en 2019. Christian Karina García Rodríguez (exsecretaria particular) y Anahí Guadalupe Mena Fraire (ex Oficial del Registro Civil), justificaron el nepotismo dentro del municipio debido al parentesco con los exregidores Sergio García Narváez y Arturo Arnulfo Fraire Mora.
Y del personal sin tareas asignadas, son cerca de once contrataciones que ingresan en lo que popularmente se conoce como “aviadores”. Pese a todo esto, las y los diputados federales del PRI-PAN-PRD entraron en un terreno pantanoso al recibir a un edil como Manuel Alan, a quien más que preferir en sus gestiones deberían de pedirle que tenga un poco de decoro y vergüenza.
#Casualidades: No se le puede llamar cínico a quien, por su ignorancia, desconoce el descaro de sus propias palabras. Es el caso de Gerardo Flores López, servidor público de base en la administración de Alejandro Tello, ejemplo de la corrupción que acusa.
La Plataforma Nacional de Transparencia, escasa en sus documentos como suele serlo, presenta el contrato del Conductor de Radio o Televisión en el SIZART, en el periodo que comprendió desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
En 2017 también, el Poder Legislativo del Estado, que a la fecha no ha terminado de “digitalizar su contrato”, le otorgó 80 mil pesos en el rubro de publicidad, pese a que dicho servidor público ya recibía un salario de 19 mil pesos brutos mensuales como locutor.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del estado especifica en su artículo 44 a las personas impedidas a participar en estos conceptos de gasto. Y en su fracción VII determina que quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, caen en el supuesto.
Sin la autorización previa y por escrito de la Secretaría de la Función Pública, en caso del Poder Ejecutivo, o del órgano interno de control del Ente Público que corresponda, Flores López no debió cobrar los 80 mil pesos que le ofreció la LXII Legislatura.
Antes de concluir el sexenio de Miguel Alejandro Alonso Reyes, el nuevo “coordinador” de Comunicación obtuvo esa plaza, y la Legislatura no fue el único ente en el que recibió recursos a los que estaba impedido. Sin embargo, en la “nueva gobernanza” de David Monreal Ávila escupir para arriba es deporte condecorado.
Twitter: @GabrielConV