El 26 de febrero del 2022, el cabildo del ayuntamiento de Jerez aprobó la creación de una “Comisión Especial” para atender a las y los desplazados de 16 comunidades de la sierra. Su secretario de Gobierno, Marco Antonio Vargas Duarte, presentó el punto de acuerdo que tenía como finalidad evaluar una modificación presupuestal.
En sus términos, la Tesorería del municipio debía revisar “la pertinencia y viabilidad” de una bolsa de recursos suficientes que ayudara a los habitantes que suman meses fuera de sus hogares. Ahí mismo se buscó, en el oportunismo burdo, “abrir espacios laborales para los desplazados durante el desarrollo de la Feria de Primavera”, según reza el comunicado oficial.
Ninguna de ambas propuestas condujo José Humberto Salazar Contreras en su gira por California, ya que su prioridad era convencer a la comunidad migrante de realizar, a como diera lugar, los festejos tradicionales de la Feria de Jerez. La respuesta que recibió de los connacionales le cerraba la puerta tempranamente a su insolente necedad.
Si nos situamos en la cronología del conflicto, Salazar y Vargas instruyen al cabildo incidir en el problema del desplazamiento comunitario 166 días después de que un colectivo universitario de la UAZ introdujera cerca de cinco toneladas de alimentos, productos higiénicos y zapatos en varias de estas comunidades, en las que ya existían destacamentos militares. Eso fue un 13 de septiembre del 2021. David Monreal tenía horas de recién protestado.
Sin embargo, y como lo explican los habitantes de Ordoñez, la delincuencia organizada dejó una estela de muertos, desaparecidos, secuestros y amenazas desde los últimos días del mes de abril del 2021. Su presencia, previo a la acelerada descomposición, data de hace más de dos años, a la espera de que detonaran los enfrentamientos y el terrorismo entre la población.
Sarabia, Palmas Altas, Villahermosa, El Poleo, Cieneguitas de Fernández, Plan de Carrillo, Guadalupe Victoria, Ordoñez, Monte de los García, Sauz de los García, Juana González, Parral de las Huertas, Santa Rosa, Ermita de los Correa, Ermita de los Murillo, Ermita del Medio y El Colorado, construyen el mapa de desolación, abandono e impotencia en el que viven más de 400 familias.
Como candidato, Salazar Contreras cerró los ojos a un fenómeno al que ahora responde de forma pusilánime. Nunca visitó ninguna de las comunidades en disputa, según lo han dejado saber los agraviados en una importante cantidad de entrevistas en la prensa local y nacional. Salió a pedir el voto en la cabecera municipal, confiado en el arrastre de la marca Morena.
Y como presidente municipal disimulaba las circunstancias que crecían en una crisis de proporciones inimaginables. Él tuvo conocimiento de cómo las bandas criminales destruyeron cerca de 15 antenas de telecomunicaciones de la zona rural de Jerez, en el mes de octubre del 2021. Era el retrato más nítido de cómo la región ya hacía las veces de un campo de guerra.
De la propuesta del cabildo que conducía Marco Vargas no quedó otra cosa que un ofrecimiento insultante. Reunidos en el auditorio “Genaro Borrego” el 1 de marzo, de acuerdo con lo que explicaron dos víctimas del narcotráfico, el secretario de Gobierno les “garantizó” una despensa y un kilo de frijol para cada familia, y pies de casa en comodato y “trabajo” en la Feria de Primavera.
Las familias le respondieron a Vargas Duarte que no buscaban comida ni dinero, y que en cuanto a ellos se les permitiera devolverse a sus casas le cambiaban su garantía de “una despensa y un kilo de frijol” por un plato de birria como dotación permanente durante un año, pues el hambre más bien parecía venir del funcionario municipal que había hecho el mayor de los absurdos en esa asamblea.
Palabras más, palabras menos, la misma lección le dieron al diputado federal Miguel Ángel Varela Pinedo, presto a tomarse fotos en la plancha del Zócalo capitalino con bolsas de bolillos, botes de mayonesa y latas de atún que tuvo que comprar pues los desplazados le rechazaron el desayuno en un restaurante, porque no viajaron por un refrigerio sino a plantarse en Palacio Nacional hasta tener respuesta del presidente.
Dos camiones con 80 personas son los que la comunidad migrante de Sarabia pagó, incluidas comidas y hospedaje, para que incursionaran y pidieran respuestas en la Ciudad de México entre el 10 y 11 de marzo. Ellos mismos confirmaron que no hubo interés ni de Rosa Icela Rodríguez Vázquez, ni de Luis Crescencio Sandoval González, a quienes pidieron audiencias.
En cambio, recibieron dos alternativas en voz de Fernando Luna, adscrito al área de Atención Ciudadana de la Oficina de la Presidencia. Una de ellas era dirigirse a la representación de Zacatecas en la Ciudad de México y solicitar desde ahí la atención del gobierno estatal. La segunda, regresar a su entidad de origen y realizar la misma petición a las autoridades federales y locales.
Si la de Humberto Salazar parecía una cifra récord en días que dejó transcurrir para dar cauce a sus gobernados, los 184 días que acumuló David Monreal Ávila en la misma crisis, una vez más confirmaron la ineptitud absoluta de su nueva gobernanza. Del “esa respuesta no la tiene ni Obama” al “me reuní con habitantes de las comunidades de Jerez” solo bastó otro deslinde de la federación.
Del “vamos a solicitar la presencia permanente de la Guardia Nacional en los 58 municipios” que prometieron en campaña, a un plan que involucra censar a más de 2 mil desplazados y desplazadas para que reciban becas del Bienestar, las comunidades en las que tampoco puso un pie Verónica del Carmen Díaz Robles la esperan pacientemente para mandar al carajo sus aspiraciones electorales.
#Casualidades: El descaro del proselitismo electoral temprano no sólo alcanza a las comunidades de desplazados en Jerez, también llega hasta su sector salud. Hay una red que comienza a extenderse en los centros de las distintas jurisdicciones sanitarias de Zacatecas.
El documento lleva por nombre “Convencidos por la 4ª Transformación de México”, y en este se solicitan datos personales como nombre, domicilio, teléfono celular, clave de elector, sección electoral, y cuatro casillas más: DV, MOV, Comité. Junto al encabezado el nombre del estado.
El formato lo reparten los servidores de la nación a los trabajadores de las regiones sanitarias para que lo llenen con la información de los funcionarios de salubridad, cuando lo que esperan los centros comunitarios son medicinas y equipos médicos en plena carencia.
A ello se suma que la encargada del Hospital General de Jerez, la doctora Angélica Ramírez Escobedo, cumple con dos funciones. Un esquema parecido al de Uswaldo Pinedo Barrios, como secretario de Salud y líder sindical, que se ocupa más bien de amedrentar trabajadores.
Ramírez Escobedo se da tiempo de atender su plaza de médico en el ISSSTE. Cuando concluye sus labores, después de las dos de la tarde, se dirige a la Hospital de Jerez a centralizar las decisiones de compra, y hostigar al personal médico para depurar la nómina de “adversarios”.
La gran paradoja: la Guardia Nacional, ahora encargada también del programa federal “Hasta la Última Milla”, que tiene como objetivo repartir medicamentos en las comunidades más alejadas, entra muy poco a los 300 centros comunitarios de Zacatecas debido a la misma inseguridad. Pero, para afiliar a trabajadores en sus listas electorales hay personal y dinero de sobra.
Twitter: @GabrielConV