La revocación de mandato existe en la constitución de Zacatecas, como letra muerta, desde la reforma político electoral del 2003 que envió Ricardo Monreal Ávila a la LVII Legislatura. Fue incluida como uno de los derechos de las y los ciudadanos zacatecanos, junto con las figuras de plebiscito, referéndum y de iniciativa popular, que lo mismo viven en las leyes por mera convivencia.
Estas últimas tres ingresaron en la que se dio por nombre: Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas. Aquello fue una simple ficción pues, de nueve leyes que componen ese ordenamiento, cuatro se dedican a establecer acotamientos, limitantes y efectos no vinculantes, que dejan a la normativa como una cuestión de buenas voluntades.
Por ejemplo, el artículo tercero dispone, literalmente, que “en ningún caso, los resultados del referéndum, del plebiscito o del derecho de iniciativa, producirán efectos vinculativos u obligatorios para las autoridades” (sic). Por ende, formalizar sus resultados significa únicamente registrarlos en un documento oficial que deberá difundirse en los medios de comunicación.
Con cierta petulancia, el mismo artículo anula la naturaleza de la participación ciudadana: “Los resultados del referéndum y del plebiscito, se tomarán como aportaciones de la ciudadanía, para que las autoridades correspondientes, valoren la conveniencia de revisar el marco jurídico y los actos de gobierno, adoptando en su caso, las medidas correctivas pertinentes”.
Como si la administración pública en el sexenio de Ricardo Monreal hubiera estado compuesta por una junta de notables, que se otorgaban permiso de escuchar a la sociedad en su conjunto a través del referéndum y el plebiscito. Ya no hablemos de lo incoherente que resulta el contenido de esa Ley de Participación Ciudadana si la aplicáramos en tiempos de la nueva gobernanza.
Esa era la “participación ciudadana” que concebían algunos cacicazgos con el inicio del nuevo siglo: una especie de populismo socialdemócrata para maquillar a los gobiernos con un toque de avanzada. En los hechos pensaban a la ciudadanía como un cuerpo inmaduro de votantes, a los que se les hacía el favor de “participar”. Hasta ahí el gran “aporte democrático” del entonces perredista.
Sobra decir que la revocación de mandato nunca fue incluida en la Ley de Participación Ciudadana que propuso Monreal Ávila, y que, de haberla insertado, su destino hubiera resultado el mismo: resultados no vinculantes que únicamente se formalizan para ser difundidos en medios de comunicación. Por ende, quienes ahora miran con optimismo aquella pantomima burlona intentan tapar el sol con un dedo.
Si lo que se busca realmente es darle a Zacatecas, por vez primera, una ley reglamentaria sobre revocación de mandato congruente y con efectos vinculantes que lleven a la interrupción anticipada de los cargos públicos, el pasado inmediato es el mejor lugar en dónde encontrar la respuesta, y David Monreal Ávila no podrá opinar lo contrario.
Junto con la de Enrique Manuel Laviada Cirerol, la LXIV Legislatura actualmente acumula dos proyectos de reforma referentes a revocación de mandato. Antes que el diputado naranja, fue José Luis Figueroa Rangel el que presentó un proyecto de cuatro páginas sin orden, contexto, ni el articulado necesario, que permitiera debatir sobre toda una ley reglamentaria.
Previo a ellos, existen otros dos antecedentes a no perder de vista. Tienen registro en la LXIII Legislatura, durante su sesión ordinaria del jueves 25 de octubre del 2018. En esta, Jesús Padilla Estrada ingresó una iniciativa que buscaba reformar el artículo 6° de la constitución local, lo mismo que adicionar todo un capítulo (en el Título III), con los que se daría vida a la figura de revocación de mandato.
En general, propone las mismas aristas sobre las que se debatirán las propuestas del Cepillo “Cuentas Públicas” Figueroa (mal augurio, ya que también es presidente de la Comisión de Asuntos Electorales) y la ley reglamentaria que presenta Laviada Cirerol: temporalidad de la consulta a mitad del cargo, cantidad de firmas a recolectar para darle validez, cantidad de votos para revocar.
El otro, más bochornoso por su contenido, es un exhorto que firma y expone Héctor Adrián Menchaca Medrano en la sesión del 22 de enero del 2019. Así, como se lee, el exdiputado de Morena intentaba “exhortar” al exgobernador Alejandro Tello Cristerna a un ejercicio de revocación de mandato, sin antes presentar la obligada ley reglamentaria que le diera validez al mismo.
Las iniciativas de aquella bancada guinda en la LXIII Legislatura eran meramente cosméticas, ya que el decreto federal donde se reconoce la reforma que incluyó la revocación de mandato se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el 20 de diciembre del 2019, catorce meses después de que los monrealistas hicieran “politiquería” (David dixit) con el tema. O sea, sin fundamento legal.
En el presente, Jesús Padilla Estrada es secretario del Campo en el gabinete de David Monreal, y Héctor Menchaca es un prepotente Director de Catastro en la Secretaría de Finanzas. Ambos participaron, según Ernesto González Romo, en un esquema de presunta triangulación de recursos legislativos, sin que eso empujara a David a destituirlos de sus cargos.
El remedo de “gobernador” no tiene -ni tendrá- pretexto alguno que justifique una revocación a modo por la que pelearán los guindas de la LXIV Legislatura. Saben que llevar a David a las urnas en un par de años es garantía de su remoción anticipada. Empero, la trampa a campo abierto la dejaron Padilla y Menchaca con bastante anticipación. Hoy Laviada y Figueroa no necesitan descubrir el hilo negro.
#Casualidades: La remoción de Adolfo Marín Marín se encontraba en la propuesta original del grupo de policías estatales que este fin de semana se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Seguridad Pública. De último minuto algo cambió.
Los inconformes modificaron el planteamiento y dirigieron las demandas únicamente hacia tres funcionarios: el encargado del despacho, Israel Reyes García; el subsecretario José Aciano Medrano; y la Jefa de la División de las Fuerzas Estatales, Lizbeth Takanashi Castañeda.
El paro laboral que mantuvieron cerca de 30 horas fue suficiente para que la remoción de los tres funcionarios que llegaron a esas áreas gracias a Arturo López Bazán, se mantuviera como el acuerdo principal para reanudar las actividades en la Estatal Preventiva.
Los secundarios tienen que ver con las condiciones laborales que le ofrecen a las y los policías. Se les garantizaron 600 chalecos balísticos y uniformes nuevos (en un plazo no mayor a 10 días), así como servicios alimenticios y de dormitorios dignos.
No obstante, el ambiente en las corporaciones de seguridad aún apunta a las múltiples críticas de un secretario ausente y que no se interesa por los miembros de la Estatal. En la clase política local, Adolfo Marín tampoco encuentra las mejores referencias.
El problema para los inconformes es que Marín arribó a Zacatecas a propuesta de Luis Crescencio Sandoval, y sólo se irá de Zacatecas a petición de Luis Crescencio Sandoval. Las líneas de mando son claras, y en Palacio Nacional no tienen inconveniente con el general en retiro.
Twitter: @GabrielConV