Se acercan nuevos episodios relacionados con la “nómina secreta” de la nueva gobernanza, que develamos en una investigación conjunta los portales Agenda Política, Lalala News y La Cueva del Lobo, el pasado 9 de marzo. No implican otros insumos informativos más allá de los comprobantes de pago que, en el día 41, nadie ha desmentido.
En privado, las y los funcionarios involucrados en esa extensa lista de beneficiarios de “estímulos” podrán dar todas sus versiones individuales. Muchas no coinciden y, lo peor, ninguna presenta documentos que modifiquen los datos publicados. Nadie quiere hacerse responsable de ese esquema de privilegios, lo mismo que nadie renuncia a sus voluminosas percepciones.
El último capítulo de esta nómina oculta lo abrió Humbelina Elizabeth López Loera, mediante el oficio SFP/DTAIP/018/2022. Con este, la titular de la Función Pública citó a una reunión de trabajo que se realizaría el 7 de abril a las 11:30 horas, en una de las aulas de capacitación del edificio J de Ciudad Administrativa. El documento lleva fecha del primer día del mes de abril.
La convocatoria se extendió a todas y todos los coordinadores administrativos del gobierno, con el objetivo de que “den cabal cumplimiento” a lo que disponen tres artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Específicamente el 31, el 33 y el 39 de este ordenamiento local.
La redacción de Humbelina no sólo deja ciertas suspicacias, tampoco hace coherencia cuando sugiere que “se incluyen el tema de Protección de Datos Personales también les aplica” (sic). Sin embargo, sólo dos de los artículos citados (el 33 y el 39) son los que verdaderamente importaban en los contenidos supuestamente didácticos aquella reunión, y ninguno de estos habla de Protección de Datos Personales.
El primero marca la temporalidad trimestral de actualización de la información pública que el gobierno estatal, como sujeto obligado, debe respetar en sus tareas de “transparencia”. Y sucede que el 31 de marzo concluyó el plazo legal para que las Unidades de Transparencia de la “nueva gobernanza” cargaran virtualmente todos los datos en su posesión del primer trimestre del 2022, cosa que no sucedió.
No es coincidencia que al día siguiente distribuyeran el ampuloso oficio de López Loera, y que la “capacitación” girara en torno a la periodicidad de publicación que, todavía el día de hoy, no se cumple. O la ex directora de Promoción, Capacitación y Vinculación con la Sociedad del IZAI (otra rimbombancia), no fue lo suficientemente clara, o en realidad nadie la toma en serio.
Aunque, es el segundo artículo el de relevancia, el 39. En ese, la Ley de Transparencia del estado especifica las “obligaciones de transparencia comunes” que el gobierno como sujeto obligado debe cumplir. Más específicamente en la fracción octava del artículo, entramos en lo correspondiente a las percepciones brutas y netas de las y los servidores públicos.
Como lo marca la ley en su literalidad: “todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”. Si se recuerda, ese fue el argumento principal de la investigación: el gobierno violó sistemáticamente la Ley de Transparencia.
En la Plataforma Nacional de Transparencia no todas y todos los servidores de la nueva gobernanza reportaban los estímulos que sí recibieron, como lo demuestran los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a los que tuvimos acceso y difundimos. Salvo las secretarías de Turismo y Economía, el gabinete ocultó los estímulos millonarios de distintas formas.
Pero, antes que otra cosa, es importante traer al análisis el acuerdo que publicó el Gobierno del Estado en el Periódico Oficial del 26 de enero de 2022, con el que deroga el uso y aplicación del Portal de Transparencia para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que toda la información pública únicamente se cargará en la plataforma que administra el INAI.
Ese acuerdo es absolutamente atípico, pues las y los comisionados del Instituto Nacional, a través de la presidente Blanca Lilia Ibarra Cadena, reconocieron la importancia del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) como una herramienta fundamental en el derecho a la información pública, dentro de la misiva al presidente de la república, el pasado 16 de febrero.
El contenido buscaba dar respuesta a una solicitud de Andrés Manuel López Obrador para que el INAI investigara de oficio los ingresos de un particular. El escrito tuvo consenso del pleno, por ende, resulta contradictorio que en los considerandos del acuerdo signado por Humbelina López, la redacción hiciera alusión a la trayectoria de Norma Julieta del Río Venegas.
Que el 15 de julio del 2005 “la entonces Contraloría Interna diseñó y puso a disposición… el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado”, aseguró. Pero que, debido a que ahora la PNT es un “sistema electrónico que hace más ágil y accesible el acceso a la información” (una rimbombancia más), quedaban derogados los Portales del Gobierno Estatal.
Así minimizó en los absoluto los distintos ataques cibernéticos y la vulneración de datos que ha sufrido la Plataforma bajo el mando de otro zacatecano que llevó Julieta al INAI: Luis Fernando Araiz Morales. Claro, lo importante es ayudarle a David Monreal Ávila a disimular el verdadero rostro de su nueva gobernanza, en el que los privilegios se mantienen para unos pocos.
Humbelina tiene los días contados para dar resultados de su “capacitación” en la que, de acuerdo a algunos asistentes, amenazó a quien revelara las verdaderas cifras de los salarios dorados. No será como se lo propuso, porque la encomienda es pasar de custodias a verdugos de la transparencia.
#Casualidades: Se darán por comparecidos, en cuanto defina las fechas la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, los titulares de Seguridad Pública, Salud, Desarrollo Social, Educación y Finanzas de la nueva gobernanza en el pleno de la LXIV Legislatura.
Ese fue el acuerdo al que aterrizaron 16 diputados, la tarde de este lunes. Era eso o enfocarse ociosamente en un penoso pleito de dimensiones personales entre Ernesto González Romo y Karla Dejanira Valdéz Espinoza en el que ambos hacen gala de su ínfima estatura política.
La bancada oficial intentó romper el quórum para seguir el juego de González Romo, sin embargo, la reserva que incluyó Gabriela Montserrat Basurto Ávila giró los reflectores a lo que sucedía en la sesión, y no a los berrinches del diputado pirómano.
El problema para Fresnillo es que dos de sus diputados (el mismo Ernesto y Maribel Galván Jiménez), se salieron de la sesión para que no se aprobara el bloque de comparecencias. No escucharon a Saúl Monreal Ávila relatar a los medios de comunicación del abandono por parte de Adolfo Marín.
El homicidio de un excomandante fresnillense demostró la soledad en la que se encuentran los municipios. Únicamente el presidente municipal y su director de seguridad, en el homenaje póstumo a Cándido Moreno López. Esa realidad que se niegan a ver los diputados serviles de David.
No toleran que un Monreal, con menos presupuesto, diseñe un festival cultural a la altura (y más) de la nueva gobernanza, de la que Saúl no vio ningún tipo de apoyo como sí lo recibía en tiempos de Alejandro Tello Cristerna. Tanto en cultura como en seguridad e infraestructura.
Twitter: @GabrielConV