Y concluyó la glosa del primer informe de gobierno con el sello emblemático de casa: las evidencias que fueron publicadas por el periodista Heraclio Castillo Velázquez, al respecto del destino de casi 200 millones de pesos a la empresa “Don Cacahuato”, que lo mismo le vendió al SEDIF productos alimenticios con sobreprecio en un 70%, que útiles escolares a la SEDUZAC.
Con información incompleta, y de última hora, las y los legisladores utilizaron un tema de investigación periodística publicado en el portal Lalalá News desde marzo. No mereció entonces un punto de acuerdo en el pleno para exhortar a la Auditoría Superior del Estado a realizar un informe individualizado de dicho contrato en la Cuenta Pública 2022, por ejemplo.
Tuvieron que transcurrir ocho meses y un paquete de comparecencias que no ofrecieron ninguna novedad a la discusión de la agenda pública (más allá de las declaraciones falseadas de Maribel Villalpando Haro y el planteamiento institucional de Ernesto González Romo), para que la “oposición” de papel utilizara los productos informativos a manera de cuestionamientos a uno de sus excolegas.
Eso tampoco lo supieron hacer de forma concienzuda. Le asistió la razón la diputada María del Refugio Ávalos Márquez al explicar cómo, a través de una “adjudicación por excepción a la licitación”, el SEDIF firmó un contrato con la empresa Don Cacahuato por el monto que acaricia los 200 millones para la compra de insumos de despensas.
En efecto, como mencionó la legisladora, dentro de esa licitación se descartó la propuesta económica de la empresa “Abastos y Distribuciones Institucionales”, mejor conocida como Abadi S.A. de C.V., debido a que no respondió un correo electrónico en el proceso de adquisición. Lo que no le explicaron a la de Jerez es que esa misma empresa ya tenía un contrato anterior de servicios alimenticios.
Es el que le otorgó Manuel Eduardo Flores Sonduk como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para dotar de alimentos a los centros UNIRSE, centros penitenciarios y a la Policía Estatal, con valor nominal por 16 millones 791 mil 285 pesos en el primer bimestre de este año, bajo la misma modalidad de “adjudicación por excepción a la licitación”. No fue una mera coincidencia la omisión de aquel correo electrónico. La cadena de corrupción es mucho más extensa.
Quedaba abierta la posibilidad de repetir los mismos contratos de manera bimestral, hasta alcanzar un monto cercano a los 100 millones de pesos por el mismo servicio. O sea, la mitad de lo que se le adjudicó a Don Cacahuato, este como un nuevo cártel de la venta de alimentos para pelear el negocio de Abadi, empresa que ha patrocinado distintas campañas políticas en México desde hace años, incluyendo las de la nueva “gobertranza”.
Entre otras más, recargado en el pretexto de que las compras podían exentarse de cualquier concurso por tratarse de asuntos de “seguridad pública”, Flores Sonduk ha hecho gala de las adjudicaciones más estrambóticas hasta ahora conocidas, como solicitarle a una mueblería local una cotización para la compra de vehículos acondicionados como patrullas.
El primer caso, sobre la adjudicación a Abadi S.A. de C.V., lo dimos a conocer en este espacio el pasado 18 de enero. Acerca del segundo, en la cotización a la mueblería Novalux para la compra de patrullas, el 28 de junio. Sin embargo, en el calendario de glosas, a ninguno de las y los representantes de municipios se les ocurrió llamar a comparecer al del secretariado ejecutivo.
¿Por qué era importante cuestionar a Sonduk en el pleno? Porque él es el funcionario encargado de la compra (discrecional es poco) de equipo táctico, uniformes y vehículos de seguridad en los convenios que firman los municipios con el gobierno estatal sobre los fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública, y el de Fortalecimiento de los Municipios.
Empero, asistimos a una glosa en la que algunos diputados apostaron por prestar sus servicios legislativos como “operadores” (fracasados) de comparecencias a modo. Otros de plano ofrecieron “garantizar” su ausencia en tales fechas con tal de no incomodar y generar grescas como el divertido sketch que presentaron José Juan Mendoza Maldonado y Le Roy Barragán Ocampo.
El saldo definitivo es una nueva gobernanza sin idea, articulación, dirección y comunicación interna (ya no digamos el sentido común mínimo para ejercer el poder) y una legislatura empeñada en perder valor y autoridad por sí misma, alejada de toda posibilidad de contrapeso real (y a veces ni siquiera ficticio). Incapacitados, ambos poderes, por sí mismos.
El gran problema es que Zacatecas parece apuntar hacia ninguna dirección, y deberíamos de tomarnos un poco más en serio la temporalidad de la crisis que se ha gestado. Faltan cinco años de una nueva gobernanza decidida a romper el consenso político a la menor provocación o en la menor oportunidad que encuentre en los años restantes.
Un enroque cosmético en el gabinete de David Monreal Ávila de nada servirá si su visión persiste en el conflicto como sustituto del acuerdo político. Si apapacha la mentira de Maribel Villalpando Haro, en vez de advertir sobre las carencias del sector educativo. Y si cree que en esta “su lucha”, sus enemigos (ninguno de los cuales aparece en el sótano de la aprobación nacional), son quienes más han perdido en estos trece meses.
#Casualidades: Que la ciudadanía en Zacatecas es libre de manifestar sus puntos de vista, dice el fiscal José Francisco Murillo Ruiseco después de girar medidas restrictivas contra distintos periodistas por, precisamente, opinar. Puntos de vista que causaron “violencia física y psicológica” contra una funcionaria federal, aseguró entonces su Fiscalía.
Mismas violencias como las que vivió Jorge Iván Ávila Correa a partir del 2 de julio, a las afueras del bar Caviar Izquierda, y de las cuales no se desprendió una sola medida cautelar en contra de su grupo de agresores, hoy presuntamente insertos en tres carpetas de investigación.
Violencias de las que sólo quiso hablar la Fiscalía ya que el tema se había “mediatizado”, puesto que lo idóneo era mantener el “sigilo”. Como las denuncias de Julio César Chávez Padilla en contra de Enrique Flores Mendoza, que han sido todo menos sigilosas, además de coaccionadas.
No se trata de indagar y señalar exclusivamente a uno de los agresores que, en la cronología de hechos, sí fue el primero en ser identificado por la víctima en su perfil personal de Facebook el mismo día en que sucedió la brutal trifulca. Un dato que no debe ser minimizado.
A partir del único testimonio público con el que contamos, sabemos también que existen nombres y domicilios de una buena parte de los presuntos responsables, y no solo de aquel supuesto familiar. Por lo tanto, todos son identificables y forman parte del entorno de jóvenes que asistieron a ese centro nocturno.
Ahora bien, poner en duda la participación de cualquiera de los agresores es poner en duda el testimonio de Jorge, simple y sencillamente por el lugar que ocupa en las tres investigaciones (especialmente en su proceso de recuperación). Este es el nudo gordiano de una fiscalía que minó parte de su capital de legitimidad cazando periodistas, en un estado que se tiñe de sangre todos los días. Veremos ahora cómo sale de esta.