El problema al interior de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas “Refugio Reyes” no se concentra únicamente en la dudosa designación de la arquitecta Diana Monserrat Castillo García como nueva directora de la institución, una vez que no cumplió distintos requisitos esenciales que rigen en el Decreto Gubernativo de este organismo público descentralizado.
Ya explicábamos en una entrega anterior que, para Humbelina Elizabeth López Loera, la hipótesis del nepotismo no será una de la que se pueda desvincular fácilmente. Una parte tiene que ver con las funciones que desempeñaba Castillo García como auxiliar administrativa de SEDUVOT, donde laboraba la Revisión y Expedición de Títulos y Escrituras, ajenas a su encargo presente.
En su trayectoria pública no cuenta con méritos profesionales, prestigio académico y experiencia en programas académicos, ni puede demostrar en su currículum los cinco años de experiencia docente y los dos años de experiencia práctica en áreas afines, a los que obliga con rigor el artículo 20 de aquel decreto, en cuanto a los requisitos para obtener la titularidad de la dirección.
Lo único que se sabe es que, por alguna razón en particular (región en la cual entran las preguntas acerca de los presuntos nepotismo y conflicto de interés), Diana abandonó una plaza sindicalizada que significaba un ingreso mensual no mayor a 9 mil pesos mensuales, para estrenarse en un contrato de honorarios que triplicaba esa percepción, hasta los 31 mil 949 pesos.
Esto, una vez que su cónyuge, el subsecretario de responsabilidades administrativas de la Función Pública, Ángel Manuel Muñoz Muro, ya ejercía las funciones en la nueva gobernanza de censor de la corrupción del pasado, por las cuales se vio obligado a pedir licencia como juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.
Lo anterior sirve apenas como preámbulo de la historia de abandono en la que se encuentra la Escuela de Restauración, con un presupuesto anual por el orden de los 2 millones 700 mil pesos, mayoritariamente liquidados en el Capítulo 1000, con un gasto corriente mínimo para 15 administrativos y 10 docentes en la institución.
Ninguno de los cuales cuenta hoy con algún tipo de seguridad social (ni siquiera la directora), o recursos suficientes de gasto corriente (si acaso 200 mil pesos de ingresos propios), lo que ayuda a entender que la escuela funciona, más bien, como un círculo del infierno burocrático al que son enviados unos cuantos funcionarios premiados o castigados de algunas administraciones. Luego como un centro educativo.
Parte de estos casos emblemáticos podría ser el de Guillermo González López, exdirector de Gasto Educativo de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Alejandro Tello Cristerna, al que la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio 2017, le solicitó recibir las distintas recomendaciones, promociones de responsabilidad, y pliegos de observaciones por probable daño al erario.
Estas quedaron inscritas en los oficios de apertura AEGF/1763/2017, AEGF/1759/2017, AEGF/1769/2017 y AEGF/1767/2017 que registran falta de aplicación de recursos, ausencia de verificadores de saldos en cuentas bancarias del programa U080, ausencia de registros contables de rendimientos financieros, así como documentación justificativa y comprobatoria que acreditara el destino de diversos recursos correspondientes al área de Gasto Educativo.
Aquellas se realizaron en el mismo periodo en que González López intentaba deslindarse de las acusaciones de la exrectora de la Universidad Politécnica de Zacatecas, Marcela Venegas Badillo, sobre su presunta participación en la “Estafa Maestra”, cuando ocupó la Coordinación de Educación Media Superior y Superior. Ambas partes cargaban fuertes intenciones políticas entonces.
Pues bien, Guillermo González es uno de los asesores más cercanos de la arquitecta Diana Castillo, en la operación administrativa de la Escuela de Restauración y Conservación. Los acompaña en esas tareas, Claudia Ávila Vázquez, otrora rival del señalado por la Auditoría, debido a conflictos internos en la Secretaría de Educación y Cultura de Zacatecas, hasta que sus caminos se juntaron.
Ninguno de estos tres tenían conocimiento previo o experiencia en los procesos y los cánones propios de la restauración y conservación de arte. Sin embargo, hoy son los encargados de dar las directrices administrativas a una plantilla docente que vive de las presiones y la prepotencia de la nueva directora, que no ha movido un solo dedo para mejorar el presupuesto de la escuela.
Si lo que busca la nueva gobernanza con la dirección de Castillo García es mantener el estado de cosas en la postración en la que se encuentra ese instituto, lo único que veremos mover en sus tabuladores financieros son los incrementos anuales en los salarios, resultado de un simple cálculo inflacionario.
Aunque, si se trata de ir más allá de las probables irregularidades que acarreó el nombramiento de Diana Monserrat, de las cuales no pueden deslindarse Humbelina López y Ernesto González Romo, lo mínimo que se esperaría de la presidenta de la Comisión de Cultura de la LXIV Legislatura, María del Mar Ávila, es una auditoría financiera y de las condiciones laborales de la Escuela “Refugio Reyes”.
#Casualidades: Pero, no sólo en la Escuela de Restauración y Conservación, Ángel Manuel Muñoz Muro busca colocar allegados y/o familiares. La carrera por un asiento del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (al que él mismo aspiraba), lo mantiene bastante ocupado.
En su lista de “preferiti” se encuentran tres nombres: María de Jesús Guzmán Puga, Directora Jurídica de SEDESOL-Bienestar. Así como Juan Carlos Pizaña Gutiérrez, Director del Área Contenciosa, de la Secretaría de la Función Pública.
Empero, en la Delegación de la que recibe órdenes Carlos Alberto Zúñiga Rivera también tienen un Plan B, en caso de que Guzmán Puga quede eliminada desde la primera ronda. Por ello también cabildean los votos a favor de Araceli Esparza Berumen.
No podía faltar, evidentemente, el todavía magistrado electoral que se ausentó en aquella votación en la que el TRIJEZ intervino vergonzosamente dentro de la vida interna de la LXIV Legislatura, para acomodar las comisiones a gusto de la Delegación del Malestar: Esaú Castro Hernández.
Su ausencia en aquella sesión ya adelantaba que no quería problemas con el pleno que más adelante lo podría borrar de la lista de aspirantes al tribunal administrativo. No obstante, su vínculo con Ángel Muñoz no sólo es irrenunciable, sino que es uno prioritario para Edgar López Pérez y José Virgilio Rivera Delgadillo en el TSJEZ.
De ahí que Ángel igualmente intentara abrir una segunda puerta a Esaú: la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, como ficha de cambio en caso de que el subsecretario de responsabilidades administrativas no pudiera juntarle sufragios para una nueva magistratura.
Se los olvida que los votos de la Delegación en la Legislatura se han reducido a su máxima expresión, a los cuales además hay que restar el de Violeta Cerrillo Ortiz, por permiso laboral de maternidad al que probablemente ni siquiera renuncie, pues sabe que el escenario no les favorece.