Probablemente ya ni siquiera lo recuerde. Y, si lo tiene en la memoria, David Monreal Ávila prefiere no pronunciar aquel espaldarazo que dio a Guillermo Huizar Carranza un 25 de noviembre del 2009, cuando secundó la propuesta del entonces diputado del Partido del Trabajo para derogar o subsidiar el impuesto sobre la tenencia vehicular, mejor conocido como “refrendo”.
En aquellos años, el presidente municipal de Fresnillo insistía en la “importancia de eliminar o por lo menos subsidiar” esta carga impositiva sobre el bolsillo de sus votantes. Y traía como ejemplo el caso del gobierno de Coahuila (encabezado por el priista Humberto Moreira Valdéz, vaya paradoja) que apoyaba con 80% del pago de tenencia -50% para propietarios de vehículos nuevos-, además de que regalaba el plaqueo.
Han pasado 13 años y tres campañas a gobernador, en las que el fresnillense se ha comprometido a todo y a nada. No tiene un gobierno austero, mantiene una nómina secreta, no ha logrado traer destacamentos de la Guardia Nacional a los 58 municipios, se congratuló por la aprobación de la revocación de mandato en Zacatecas muy lejana y mucho más estricta a la que él propuso cuando fue senador.
Zacatecas no cuenta con mejores presupuestos pese a fanfarronear una presunta “amistad cercana” con Andrés Manuel López Obrador, hecho que confirmó Ricardo Monreal Ávila en una de sus últimas visitas al estado que gobernó. Además de que se engalana con la mayor de las frivolidades al desaparecer por días mientras el estado arde en llamas y violencia, de las que él mismo huye.
Cree que con evocar “herencias malditas” resuelve la grave crisis que genera como promotor de un gran vacío de poder. Sin embargo, esas “herencias malditas” las tiene bien alojadas en eso que llama “gobierno”. Para muestra, una decisión proveniente de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, que encabeza una exdiputada ligada a la Estafa Legislativa. Doble herencia maldita, en este caso.
Tiene que ver con la licitación pública IMPAI-SAMA-ZAC-LP-E12-2022, correspondiente a la obra de “Rehabilitación del Ecoparque Centenario en el Estado de Zacatecas”. Ni siquiera es una cantidad llamativa la que entregó Susana Rodríguez Márquez al constructor Alfredo Dávila Trejo, por un monto de 11 millones 517 mil 153 pesos, gracias a que este presentó la propuesta más económica.
No, lo que importa realmente es ese nombre que se repite en la Licitación Pública Estatal EO-932063953-SOP002-2019, de la que se desprende un contrato firmado por Jorge Luis Pedroza Ochoa, como representante del gobierno de Alejandro Tello Cristerna. El quinquenio al que David voltea con recelo y algo de rencor, aunque imita muy bien en los hechos. Como si no disimulara su envidia.
Pues bien, el mismo constructor, Alfredo Dávila Trejo, fue al que se designó la instalación de la “Red Eléctrica de Media Tensión, en la Segunda Etapa de Quantum Ciudad del Conocimiento”, a partir de que el contrato fuera firmado el 20 de mayo del 2019. Sí, esa obra a la que Javier May Rodríguez, exsecretario de Bienestar, calificó luego de “elefante blanco”, el 25 de noviembre del 2021.
Durante la visita del funcionario federal a Zacatecas, ya instalado David Monreal en el gobierno, tal narrativa fue reproducida en Twitter por las cuentas de la delegación del Bienestar, así como de su titular, Verónica del Carmen Díaz Robles. Prometieron entonces habilitar el edificio como oficinas del Bienestar, lo cual resultó en otra ocurrencia de su incongruente discurso.
Empero, a diferencia del contrato que signó Pedroza Ochoa con Alfredo Dávila, cuyos recursos cercanos a los 20 millones de pesos provenían del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), la obra de “rehabilitación” del Ecoparque Bicentenario se sostiene, nada más y nada menos, que con el presupuesto del Impuesto Adicional a la Infraestructura.
No cabe aquí la vacilada de que a David “lo dejaron con las arcas vacías”. La ecuación es simple: el impuesto adicional a la infraestructura que usted, estimados lector y lectora, ha pagado o está por pagar en próximos días en la liquidación de su refrendo, no tiene como destino el mejoramiento de las vialidades de su municipio, ni de las carreteras del estado.
Esto lo confirma el oficio COEPLA-OE/14-0062/22 emitido el pasado 25 de noviembre, con el que la Coordinación de Planeación de la nueva gobernanza, a unos días de terminar el año, da luz verde (antes de caer en subejercicio) a Susana Rodríguez con tal de que ponga a licitación ese dinero para construir un nuevo acceso al edificio “La Casa de la Tierra” de dicho Ecoparque.
Tampoco es del todo cierto que esos recursos los cubra la recaudación del impuesto adicional a la infraestructura del año pasado, pues, una de las cláusulas del contrato firmado el 30 de diciembre del 2022, establece un anticipo (en la página 12 de 43) del 30% del total del monto licitado que será puesto a disposición del contratista para el inicio de sus trabajos. El resto se pagará con lo recaudado en estos meses.
Entonces tenemos que, ¿la nueva gobernanza otorga un contrato a un constructor de la “herencia maldita” de Alejandro Tello, que instaló una red eléctrica en un “elefante blanco”, con recursos del refrendo vehicular no para mejorar vialidades, sino con la finalidad de construir un montón de escalinatas y rampas al interior del Ecoparque, como aparecen en los planos?
Que cada quien juzgue la sangría del bolsillo de los contribuyentes con fines no necesariamente apremiantes. Ese recurso o bien podría haber rehabilitado la vialidad que introduce al parque en mención, o sumarse a los del nuevo y necesario relleno sanitario en el municipio de Fresnillo, que enredó a Susana Rodríguez en contradicciones con tal de negarle el dinero a Saúl Monreal Ávila.
#Casualidades: Y hablando de licitaciones y subejercicios, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a cargo de Manuel Eduardo Flores Sonduk, cerró el año con un concurso desierto para la compra de 88 chalecos balísticos. Total, esos tampoco urgen.
A la Junta de Aclaraciones, realizada el 14 de diciembre del 2022, sólo asistió la propuesta de una sola empresa: POWER HIT S.A. de C.V., que pedía algunas excepciones para entregar el material a más tardar el 31 de enero, lo cual fue negado por la Secretaría de Administración.
Lo mismo que presentar el material con una garantía de siete y no ocho años, como le era requerido por Flores Sonduk. Ese punto también le fue negado. Lo cual no es del todo malo, si es que al menos el Secretario Ejecutivo invitara a más personas a sus licitaciones.
No nos referimos a las mueblerías Nova Lux, a las que solicitó una cotización de vehículos tipo patrulla, que luego descartó. Empresas serias, no como las que presentaban antecedentes de incumplimiento de contratos, con quienes además adquirió otras tantas patrullas en San Luis Potosí, por ejemplo.
En este caso en específico desconocemos cuánto fue el recurso que Flores Sonduk se quedó sin ejercer, sin embargo, existe constancia de cómo decae la calidad de trabajo en el C-5 al que David Monreal dijo que invertiría millonadas, que ni siquiera se reflejan todavía en el presupuesto de este año.