Qué tanto deben de extrañar en la nueva gobernanza a Julio César Chávez Padilla, que el pasado sábado (y después de un día de cabildeos que lo dejaban fuera), Ángel Manuel Muñoz Muro finalmente rindió protesta como Coordinador General Jurídico; su anhelo desde la campaña 2021 cuando le solicitó a David Monreal Ávila ese espacio.
Tuvieron que transcurrir dos años, tres intentos fracasados (y el viernes casi se consumaba el cuarto), tres encargos previos, un cúmulo de expedientes fallidos en el Tribunal de Justicia Administrativa, distintas denuncias penales que concluyeron en sentencia absolutoria, y diversos amparos otorgados por la autoridad federal en contra de la actuación de dicho funcionario, para que David concediera un capricho.
No a petición de Julio César, sino en la orden directa de la Delegación de Bienestar, con la que confirman que las denuncias de una presunta cruzada “anticorrupción” no eran más que vendettas políticas a contentillo de cierta funcionaria federal, jalando los hilos de su abogado de cabecera que (se comenta entre los Monreal) la asesoró en un proceso de divorcio.
Fue el mismo que también, confirmaron altas fuentes del “bienestar y progreso” a este espacio, instruyó a Chávez Padilla desaparecer de Zacatecas previo a la votación de su desafuero, en el mes de marzo. Ángel Muñoz fue el primer abogado del que escuchó consejo el exedil de Guadalupe (con quien había laborado años atrás) en cuanto supo que su carrera política estaba por concluir.
Posteriormente, el litigante Darío Gamón Rodríguez sirvió como fachada de la estrategia que delineaban al interior de Palacio de Gobierno, en las oficinas del estrenado Subsecretario de Desarrollo Político, aún y con el presunto (y falso) “disgusto” de David Monreal porque su nuevo coordinador jurídico encabezará silenciosamente esa defensa. Así que, si alguien alentó la fuga de María de Jesús “N” y Julio “N”, ese fue Ángel Muñoz.
De tal situación tuvieron conocimiento en el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al que Ángel ha acudido en fechas recientes a solicitar auxilio en el asunto pendiente de Chávez Padilla. Su petición, dicen quienes conocen de ciertas reuniones privadas, es alinear algunos jueces que favorezcan la causa de los imputados en el homicidio de Raúl Calderón Samaniego.
Esa es la función de Muñoz Muro, hacer las veces del operador de cañerías en asuntos legales donde la nueva gobernanza necesita de alguien que realice el trabajo sucio. Porque de sus indicadores de efectividad, a la fecha y en próximos números, el exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas es el artífice de múltiples juicios perdidos.
Lo saben bien en el gremio de abogados zacatecanos, donde lo conocieron como juez de consigna que dictaba órdenes de aprehensión a diestra y siniestra por encargo de sus amigos en el poder. Los más recuerdan el homicidio de la estudiante de la UAZ, “Nalleli Noemí”, en el que abundan dudas sobre las actuaciones de Ángel Manuel como el juez que le otorgó medidas de “protección”.
Al promover el testimonio de la joven víctima en contra de su captor (y presumiblemente enlazados en una relación íntima), Muñoz Muro dejaba en las fauces del lobo a “Nalleli Noemí”. Días después, un 16 de abril del 2019, la estudiante era asesinada a balazos en la Unidad Académica de Derecho por el policía ministerial que originalmente la secuestró y que luego amenazó al juez, lo que obligó el exilio de Ángel en otra entidad.
Durante ese periodo, recuerdan también otras fuentes en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, su cónyuge Diana Monserrat Castillo García y actual directora de la Escuela de Conservación y Restauración “Refugio Reyes”, se ausentó de su plaza como auxiliar administrativa sin perder sus percepciones quincenales, en calidad de “aviadora” a criterio de su justiciero esposo.
Aquellos eran momentos de gran preocupación para su colega y amigo de largo aliento, el actual magistrado Edgar López Pérez, que ahora se dedica (infructuosamente) a desconocer a su pupilo. Empero, lo cierto es que, en la actualidad, los mantiene unidos una causa -perdida- de nombre Julio César Chávez Padilla, aunque Ángel pertenezca a la secta del Bienestar, y López Pérez haya regresado al redil del “alonsismo”.
Se dice, erróneamente, que el objetivo principal de Muñoz Muro al frente de la Coordinación Jurídica será “enderezar” (enchuecando) los juicios laborales, de los cuales Ricardo Hernández León alcanzó 570 convenios de terminación laboral. La hipótesis, sin embargo, se antoja un tanto falsa porque Norma Esparza Castro no formó parte de los movimientos de baja.
Por el grueso de testimonios de la plantilla laboral expulsada en esta administración, se sabe que la directora de Estudios Legislativos fue una de las operadoras de los despidos arbitrarios de cientos de trabajadores, e incluso estuvo a punto de ser denunciada penalmente y por la vía administrativa por conductas como abuso de poder y usurpación de funciones, entre otras. A ella, en cambio, no se le “castigó”.
Lo que nos lleva al punto central en el relevo dentro de la Coordinación Jurídica, que muy probablemente se conocerá en escasos días o semanas (una vez concluidas las glosas del segundo informe) para mantener la relevancia mediática que pretenden otorgarle. A David Monreal le urge un “chivo expiatorio” que le ayude a demostrar que la lucha contra el “pasado” no es mera retórica. De ese nivel es la “asesoría” en el Bienestar.
Así le recriminó a su gabinete un año atrás, cuando despotricó en contra de sus súbditos porque no era posible que no hubiera nadie en la cárcel -todavía- a quien echarle la culpa de las “herencias malditas”. Lo verdaderamente interesante será conocer la respuesta de Francisco José Murillo Ruiseco, pues el nombramiento de Muñoz Muro debería resultarle en una afrenta… ¿o en posible tregua? Veremos.
#Casualidades: En donde no hubo un relevo fue en la Secretaría de Obras Públicas. Ahí, Guillermo Carrillo Pasillas hizo efectiva su renuncia frente a un David Monreal Ávila que no se cansa de ensuciarse las manos con el proyecto del segundo piso elevado en el Boulevard López Mateos.
El arquitecto incluso renunció a una camioneta Cheyenne de modelo reciente que le otorgaron en esa secretaría, con tal de deshacerse de responsabilidades en una obra pública hundida en la opacidad y que promete endeudar a Zacatecas al estilo de Ciudad Administrativa.
Por ello la bancada de Morena en el presupuesto del 2023 abrió la puerta a la posibilidad de solicitar empréstitos plurianuales, en el rubro de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), que originalmente fueron creados en el sexenio de Amalia Dolores García Medina.
Es cierto que Carrillo Pasillas no se distingue por la pulcritud administrativa ni el mejor trato al interior de la oficina, sin embargo, esos vicios no son propios de una sola dependencia. Lo mismo se le recrimina a José Luis de la Peña Alonso al dejar un bodrio administrativo en SEDUVOT.
No obstante, lo que requiere David en un proyecto de cientos (o miles) de millones de pesos, es un perfil dócil, que encuentre el cómo sí, aunque eso le acarreé una sentencia administrativa a largo plazo. Total, el nuevo Coordinador Jurídico también sirve (según ellos) como asesor legal privado. Una verdadera comedia.