A la discusión del punto de acuerdo que este miércoles presentará el diputado Enrique Manuel Laviada Cirerol, como presidente de la Comisión Jurisdiccional, para declarar la invalidez del nombramiento de Norma Esparza Castro como magistrada del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, se le añade ahora un nuevo incidente.
Fue el que promovió, finalmente, el magistrado Jesús Bautista Capetillo el pasado viernes 5 de abril, con la finalidad de darle entrada en el amparo 370/2024 y notificar a las partes, sobre el incumplimiento de una suspensión definitiva dictada por el juez primero de distrito, ya sea “por exceso o defecto”.
La autoridad responsable, señala el magistrado en su escrito, es el gobernador del estado, David Monreal Ávila, quien desde estos momentos cuenta con tres días para rendir un informe justificado del por qué desacató una orden federal, y otros diez días para presentarse a una audiencia constitucional.
Si para esa fecha, David, a través de su “abogadazo” Ángel Manuel Muñoz Muro, no logra desvirtuar las acusaciones en su contra, tendrá otro plazo de 24 horas para cumplir dicha suspensión, con el apercibimiento que de no hacerlo “será denunciado ante el Ministerio Público federal” por el delito de desacato.
Este incidente promovido por Bautista podría modificar la votación del acuerdo legislativo de la Comisión Jurisdiccional, pues complica en buena medida cualquier justificación que pretendan extender las bancadas oficialistas para declarar inválida la actuación de su propio “gobernador” (así le dicen).
A menos que la lógica sea acercar cada vez más a David a un proceso de desafuero en la Legislatura, Gabriela Evangelina Pinedo Morales tendrá que desdecirse también de los oficios que envió a David en los que confirmaba, en plena falsedad, que las y los diputados no habían llegado a un acuerdo en la designación de la vacante en aquel Tribunal.
Igualmente, deberán de ratificar que el escrito presentado por su patrón contenía aseveraciones completamente inventadas, con la idea de imponer a Norma Esparza por encima del amparo que promovió Jesús Bautista, y en contra de la convocatoria que la misma fracción de Morena aprobó.
No obstante lo anterior, quien debería de ser llamado a rendir cuentas y comparecer en la propia Comisión Jurisdiccional es el presunto coordinador jurídico de la nueva gobernanza, Ángel Muñoz, que no se cansa de prender fuegos mediáticos, amenazar a funcionarios y trabajadores, y planear estrategias legales fallidas de origen.
Él fue el artífice del magno recorte presupuestal al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, expulsarlo de las oficinas donde despachaban, exprimir al mínimo la plantilla de personal, y construir la narrativa de que las y los jueces vendían laudos millonarios para favorecer sus bolsillos.
David sólo repetía en diversas entrevistas lo que le “aconsejaba” el acomplejado juez con licencia, y dinamitó la relación de respeto con el ente autónomo. Hoy, gracias a Bautista Capetillo, la cordialidad pasó a segundo plano y comienza un conflicto legal (con sustento de sobra) para enjuiciar, nada más y nada menos, que al “gobernador”.
Si el incidente promovido por el magistrado no llega a esos extremos, al menos David tendrá que reconocer públicamente que recibe una pésima “asesoría” de su abogado de cabecera y, peor aún, deberá hacerlo al cumplir la suspensión definitiva que le hicieron firmar, sin saber un ápice del entramado en el que lo involucraron.
Vista así esta coyuntura, quien terminó por empoderar a Enrique Laviada (el diputado más repudiado en los despachos de la nueva gobernanza), fue el propio Ángel Muñoz. De señalar un acuerdo PRI-Mor desde la Comisión Jurisdiccional, a tumbar un nombramiento ilegal, a Laviada le regalaron pleno protagonismo y centralidad.
Errores demasiado caros que, aún en su indiferencia, puede dejar pasar con plena negligencia David Monreal. Así que, la de este miércoles será una sesión legislativa de contrición para el oficialismo, mientras el que se dice “gobernador” descansa en la sombra apática que le otorga el proceso electoral.
Por enésima ocasión, Ángel Muñoz incursiona en la Legislatura y sale trasquilado. El mismo que aspiraba a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, o a un asiento en el Tribunal de Justicia Administrativa, o en el Superior de Justicia. Un coordinador jurídico deslegitimado y sin poder, por donde se le vea.
#Casualidades: La planta tratadora de residuos del municipio de Guadalupe, asentada en un terreno de su propiedad, simplemente es inservible y no cumple con las normas ambientales que deberían regular su funcionamiento.
Hay un incremento notorio en la dispersión de residuos sólidos dentro del predio que compró el municipio en la comunidad de Santa Mónica, y no existe ni siquiera la misma planta tratadora para la que fue destinado el terreno.
Lo que es un hecho, en cambio, es la explotación ventajosa que ha tenido la empresa TRASH, que obtiene beneficios de un terreno ajeno, sin siquiera haber concluido la obra pública que se presupuestó y devengó con recurso del municipio.
Las ministraciones semanales a TRASH, como lo explica el convenio que le otorgó Julio César Chávez Padilla a la empresa, superan el millón y medio de pesos exentos del pago de renta por realizar sus actividades en el predio.
Recordemos que el servicio concesionado incluye la recolección de residuos sólidos, su traslado y disposición dentro del relleno sanitario que se supone que debería de construir la empresa TRASH.
Y lo único que existe es un predio en el que la contaminación comienza a ser un problema poco controlado, que ya también detonó un conflicto con los pepenadores que trabajaban libremente gracias a la JIORESA. ¿Y Chávez Padilla? Moviendo los hilos del “títere” Saldívar.