No se encontraba en la zona del siniestro mientras el fuego consumía alimentos perecederos, fertilizantes, semillas, vehículos, maquinaria, oficinas y documentos oficiales, por igual. Se le veía más bien sin prisa en una famosa cafetería, cercana a la zona de hoteles, pasando Ciudad Administrativa.

Tomaba el teléfono, llamaba, mensajeaba, platicaba con su equipo burocrático y operativo (el cual tuvo que acondicionar el lugar como oficina improvisada). Ahí esperaron a que transcurriera la escena, a lo lejos, mientras Rodrigo Reyes Mugüerza se ensuciaba las manos -una vez más- por Ángel Mario Olais Ávila.

Eran cerca de las siete de la tarde, del pasado martes 21 de abril, cuando vi cómo sucedía aquello a unos metros de donde me encontraba, mientras charlábamos Germán Contreras Santoyo y este columnista en la misma cafetería en la que el encargado del programa de Precios de Garantía ya atesoraba su mayor activo político hasta el momento.

Sean cuales sean las causas que hayan producido las llamaradas que arrasaron con buena parte de las bodegas de SEGALMEX (con evidencias suficientes para asegurar que la nueva gobernanza criminalizó la protesta de los campesinos), hoy Olais Ávila y su teléfono celular guardan parte de los mayores secretos de Ignacio Ovalle Fernández.

No es del todo cierto que con el fuego se borró toda evidencia. María Luisa Albores González ha repetido durante sus conferencias en Zacatecas que las oficinas centrales de Alimentación para el Bienestar son el otro almacén (burocrático administrativo) que resguarda la información de uno de los más grandes desfalcos del pasado sexenio.

Empero, probablemente los registros del programa de acopio de frijol sí queden entre los escombros de SEGALMEX. Nada que los chats de comunicación de Olais no pudieran respaldar. El precio de su silencio no es menor, pues de facto se ha convertido en el gran testigo de quiénes, cómo y cuándo vendieron su frijol al gobierno federal.

Gerardo Cervantes Miramontes (titular de SECAMPO), Juan Manuel Martínez García (Subsecretario de Agricultura), y José de Jesús Correa Cortes (Subsecretario de Desarrollo Rural) son los otros tres articuladores del acopio oficial a través de coyotes institucionales, que guardan gran porción de la información que no se perdió.

Quienes conocen este intríngulis me aseguran que varias de las cuotas oficiales llegan hasta Carlos Alberto Zúñiga Rivera, completamente enfocado en financiar la campaña publicitaria de la senadora Verónica del Carmen Díaz Robles ahora como presunta ganadora de una -sola- encuesta, que Demoscopia Digital cobra en 200 mil pesos por publicación.

Todos ellos operan junto con los diputados Jaime Manuel Esquivel Hurtado y Jesús Padilla Estrada, así como con el supuesto “líder frijolero” que histriónicamente pidió licencia temporal como presidente municipal de Sombrerete, Ramiro Hinojoza Aguayo, para escenificar su apoyo a quienes acapararían las listas de Precios de Garantía.

Aquella manifestación en Palacio de Gobierno en noviembre, las presiones al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, todo era un montaje para acelerar la apertura de los centros de acopio que ya tenían las instrucciones de Ángel Olais para repartir la compra de 8 mil 400 toneladas entre el “coyotaje institucional”.

Esas que luego se convirtieron en 2 mil 500 millones de pesos y que, como nunca se había visto, pasaron a ser un botín exclusivo para las y los funcionarios de la nueva gobernanza. Es como si en verdad vieran su futuro truncado con las poco efectivas aspiraciones de Verónica Díaz, y esta fuera su última oportunidad de enriquecerse.

Y lo lograron. Han vaciado al gobierno federal de esos miles de millones de pesos con la plena complicidad de Olais Ávila, quien incluso guarda nombres muy conocidos (e inconfesables) que terminarían por hundir más de lo que ya se encuentra cierto apellido, si es que se conocieran públicamente.

En efecto, el incendio de SEGALMEX ha servido como una cortina de humo temporal del problema que realmente es el generador de crisis en un importante sector agrícola: el total desfalco del Precio de Garantía. La gente ahora consume muchas imágenes de la catástrofe por morbo, y así la protesta campesina la dejan en segundo lugar.

No será por mucho tiempo, pues el sector agrícola ha llegado al punto sin retorno de declararse enemigos públicos del “coyotaje oficial”. Y lo que menos podemos esperar es una investigación “imparcial” de las fiscalías estatal y general, que ni siquiera pueden con un prófugo de la justicia como Julio César “N”. ¿Hacia dónde se dirige entonces el desenlace de esta coyuntura?

La corrupción consumió y arrasó con más fuerza al campo zacatecano, que las llamaradas a las bodegas de SEGALMEX. Sin embargo, los videos y fotografías del fuego parece que pueden más que la atención pública sobre la crisis de los frijoleros que a estas alturas ya no tiene solución, y que promete escalar -gradualmente- más y más. Pero, dejemos de perder el tiempo en escombros, y regresemos a los responsables del desastre político y administrativo.


#Casualidades: Lo anticipamos en este espacio desde el pasado mes de diciembre. La oficina de Carlos Alberto Zúñiga Rivera extendió un contrato para Octavio Duarte Vázquez, encargado de los robots telefónicos de la empresa BenditaRed.

Es uno de los proveedores consentidos de Gerardo Flores López, mediante convenios por 3.8 millones de pesos para difundir publicidad oficial de la nueva gobernanza, que no se encuentra en su sitio web ni en sus redes sociales.

BenditaRed es la plataforma que utiliza Octavio Duarte para que usted y yo recibamos mensajes y llamadas (casi como acoso), vía telefónica, para promocionar a Verónica Díaz. Es la misma plataforma que han utilizado en otros procesos electorales.

Así me lo confirmaron desde hace tiempo excandidatos de Morena a quienes les dieron la indicación de contactar a Duarte Vázquez en caso de utilizar mensajería masiva y/o encuestas telefónicas (a modo) con meros fines proselitistas.

No es coincidencia pues el contrato SAD-932079957-32-2025 que le extendió la oficina de Zúñiga para Octavio, en diciembre del 2025. Ampararon supuestas evaluaciones (telefónicas) al gobierno a través de “estudios de opinión e impacto”.

A la fecha de esos estudios no existe dato alguno, y lo que se repite es el uso del dispositivo en poder de Duarte Vázquez para empujar una estrategia publicitaria con la que ahora quieren vender otra gran mentira: Verónica Díaz va al frente de las encuestas. Cuando en realidad sólo Demoscopia ha torcido los números hacia ese extremo por incentivos económicos.

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