La Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura se reunirá este martes para revisar la terna de perfiles que componen Alejandro Nicolás González de Luna, Verónica Yvette Hernández López de Lara y Javier Alberto Díaz Martínez, quienes “compiten” por la titularidad de la Auditoría Superior del Estado.

Este mismo día dicha comisión elaborará el dictamen que tendrían que votar a la brevedad en el pleno, con la mayoría de apoyos puestos y cabildeados en favor de la exsecretaria de Administración de la nueva gobernanza, a la que le ha costado apartar plazas de la ASE para familiares de algunos legisladores.

Lo que ya previene que, una vez la Legislatura la elija como próxima auditora, vendrán bastantes cambios al interior del organismo descentralizado para poder cumplir los compromisos que le han cobrado a Verónica Yvette como “favores” a cambio de votos en la sesión del próximo miércoles.

Esto le garantiza que durante la discusión y aprobación del dictamen ningún legislador ponga el dedo en la yaga de la Cuenta Pública 2025 del gobierno estatal, que Hernández López de Lara podría enfrentar en pleno conflicto de interés, y de la que tendría que excusarse de conocer como exsecretaria de Administración.

Empero, no es la única que lleva conflicto de interés en la terna. También está el caso de Nicolás González que, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, se desempeña como “auxiliar jurídico”, en la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, con un sueldo mensual bruto por 40 mil pesos.

Aunque muy pocas veces se le encuentra en las oficinas de la dirección a la que corresponde su plaza, y dedica más tiempo a los asuntos de su despacho legal, el día de mañana será una oportunidad para que la Comisión salude a su “auxiliar”, lo entreviste, y lo palomee como un mero testigo de la terna oficial.

Y es que, así fue como compusieron la terna en la Dirección de Procesos Legislativos, porque lo de menos es el procedimiento de designación, sino dictaminar y votar el nombre de Verónica Yvette antes de irse al fin de semana largo. Lo que sucederá, a más tardar, este miércoles.

La exsecretaria de Administración, y actual asesora de la Unidad Técnica en la Auditoría Superior de la Federación (con un sueldo bruto por 182 mil 709 pesos), incluso contaría con el aval de la bancada del PAN en momentos en que Miguel Ángel Varela Pinedo busca negociar menos presiones de auditoría por su desastre administrativo interno.

Así que todo apunta a que en el pleno prevalecerá un clima de oficialidad, como el que se vivió durante el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el que la única postura crítica con datos del propio documento que entregó Cristian Paul Camacho Osnaya, fue la que presentó la diputada Renata Ávila Valadez.

A nombre del PT, la legisladora se concentró en la “cifra negra” de denuncias que no llegan a la Fiscalía precisamente por el clima de desconfianza hacia la institución de procuración de justicia. La diputada acusó falta de dimensión en los fenómenos que empujan a la sociedad a dejar de denunciar por miedo.

Más allá del 91% de reducción de homicidios (que es un tema del fuero federal), la Fiscalía tiene un verdadero reto en la intervención del crimen organizado en la cadena productiva económica de Zacatecas, a cualquier escala. Desde los agronegocios, hasta la dinámica interna de los municipios, secuestrados por la delincuencia.

Obra pública municipal, venta de cigarros y alcohol, cobro de piso, cobro por sacar cosechas, por vender animales, y cualquier actividad económica a la que tenga alcance el crimen organizado, es todo ese espectro de delitos que no se denuncian porque las autoridades parecen haber sido rebasadas por este fenómeno.

Entonces, “matan menos” pero controlan porciones enteras de municipios. Se internaron incluso en la vida sindical de las empresas mineras, aunque la nueva gobernanza diga lo contrario y amenace a los dueños de la minería por revelar algunas verdades incómodas que se viven dentro del gremio.

Todo eso que, en efecto, compone la “cifra negra”. No obstante, la Fiscalía y el Poder Legislativo cumplieron con el protocolo anual de “rendición de cuentas”. Ahora va el turno del pleno para darle a la Auditoría Superior del Estado una nueva titular, pese a todo lo que conlleva dicha designación a modo.


#Casualidades: La gente lo ha bautizado como un nuevo método de “extorsión”. Recibir llamadas telefónicas operadas por un robot, para promover a la senadora Verónica Díaz Robles, está teniendo los efectos contrarios a su propósito original.

Mensajes masivos, encuestas automatizadas, y la legisladora guinda acumula diariamente el rechazo ciudadano del que debería de estar alejándose si es que sus “asesores” comprendieran que parten del repudio, no desde la aprobación.

Así que si en próximas encuestas encontramos que Geovanna Bañuelos de la Torre comienza a superar a la rival que tienen en empate, Verónica tendrá que agradecerle a quienes llevan su estrategia por acopiar más negativos de los que ya carga.

En la nueva gobernanza ya no buscan regalarle espacios publicitarios dentro de sus redes sociales a Verónica, sino que se han enfocado en relanzar la marca del gobierno y depurarla de las aspiraciones de la senadora.

Incluso el experimento llamado “La Informativa” refleja cierta preocupación por la marca institucional, dejando ahora sí fuera de la conversación a Díaz Robles. Algo saben en San Lázaro que decidieron operar desde ese objetivo.

A finales de junio veremos cuál de esas dos estrategias habrá obtenido los resultados que se plantearon desde un inicio. Pero, parece que en La Secta del Bienestar no terminan de encontrar la forma de defender lo indefendible.

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