La iniciativa de reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador dibuja, de manera indudable, el ideario de gobierno centralista y absoluta concentración del poder en la figura del ejecutivo federal que ha distinguido al sexenio del tabasqueño desde sus inicios. Es sólo la culminación de su concepción de sistema político, sostenido por los atributos del populismo.
Una iniciativa que ni siquiera califica como “regresiva”, pues en los hechos no existe una sola práctica democrática desde el origen de Morena, más allá de la tómbola para unos, mientras se facilitan los acuerdos cupulares al capricho del dueño del partido para otros. No hay “regresión” en la mente que no entiende otro gobierno que el del Estado robusto y unipersonal.
Hay congruencia, y de sobra, aderezada con la retórica de “los enemigos del pasado” como justificación del desmantelamiento de las instituciones débilmente democráticas que México pudo edificar en apenas tres décadas, antes de que el monopolio de partido único regresara a la cotidianeidad política de la que nunca se desvaneció del todo.
Así el PRI ganaba elecciones de carro completo y pintaba el país de gobiernos estatales tricolores, lo mismo que el PAN cambiaba de máscara al programa asistencialista por excelencia que fundó Carlos Salinas de Gortari en SOLIDARIDAD, para luego llamarse PROGRESA y Oportunidades. Ambos con el mismo gen clientelar que potencian hoy los apoyos de Bienestar en esta “transformación”.
Es la simbiosis del gobierno de partido monopolio y poder de Estado, que ahora Morena reclama para sí, en la historia que fundaron sus líderes desde la reforma de 1977 cuando se reconoce, tímidamente, la pluralidad de pensamiento y ofertas políticas en el país. Según su valoración histórica, sólo ellos podían clausurar esa etapa para regresar “justificadamente” al antiguo régimen.
El “antiguo régimen” en que se normalizaba la intervención del ejecutivo en las elecciones, hoy pierde una barrera con la pretensión de que al de Palacio Nacional se le permita promover “corcholatas” al Consejo del órgano electoral. Lo mismo cristaliza el control del Congreso de la Unión, al desaparecer únicamente las posiciones de representación proporcional.
Aquí no confundamos el debate: que todos los partidos tengan mecanismos deficientes de democratización interna que faciliten las listas plurinominales para familiares, amigos y aliados, es problema de la partidocracia, no del ciudadano. Y esta no es una reforma que ponga en el centro de la ley al votante, sino a la visión de un partido de gobierno. Más partidocracia, menos ciudadanía.
En la imbecilidad de los argumentos propagandísticos, claro que al ciudadano le interesa “invertir” menos impuestos en sus diputados y senadores. Juego condenable que utiliza López Obrador para borrar de tajo la representación de las organizaciones políticas, razón de ser de la lenta apertura democrática que vivió este país a partir de 1977, en plena cúspide represiva.
¿Sólo porque “los pluris son huevones y cuestan caro” vamos a desaparecer una herramienta de representación de la pluralidad política? Sí, porque en el fondo no se trata de cuestionar a esa partidocracia que ha subsumido a este país en la normalización de las prácticas autoritarias y corruptas desde los institutos políticos. No, lo importante es modular el sistema a conveniencia.
Por las razones más equivocadas se llega a las soluciones más infames, puesto que la opinión pública crece como río revuelto que conduce la corriente de la ignorancia. ¿La contrapropuesta? Reducir ambos escaños de mayoría relativa y de representación proporcional, si lo que se busca es ahorrar (y ni siquiera en cantidades llamativas), pero no por ello aniquilar la pluralidad de expresiones políticas.
¿Elegir “consejeros electorales” de manera abierta a propuesta del ejecutivo, legislativo y judicial, en “igualdad de circunstancias” para los tres poderes de gobierno? El problema es que las tareas del Poder Judicial no son las electorales: no reparten programas sociales y, por ende, no maniobran clientelas, como sí lo hacen el ejecutivo y legislativo (con mayoría oficialista).
A través de la Secretaría de Bienestar, el poder ejecutivo está listo para dispersar 414 mil 632 millones de pesos en 2023. Es el padrón de voto duro más grande conocido, hasta hoy, contra el cual ningún poder, ni mucho menos un partido o un grupo de partidos, pueden competir. Y, en ese nicho, es donde se pretende “disputar” (de forma ficticia) la integración de la autoridad electoral.
En este punto se explica la gran contradicción de la reforma: eliminar el presupuesto de los partidos al mínimo posible indirectamente confirma que en este país las elecciones presidenciales se ganan con clientelas políticas aceitadas desde el gobierno federal, a través de recursos asignados de forma directa al votante. No a través del financiamiento de los partidos.
Pero, ¿qué pasaría si a esa reforma le siguiera un gobierno de alternancia y no la sucesión de la Cuarta Transformación? ¿Cuántos días le tomarían a López Obrador para condenar su propia iniciativa electoral, ahora pervertida por el simple hecho de caer en manos de “los cretinos”? ¿Artillaría a los “opositores” con un arma de ese calibre? Evidentemente que no.
Él sabe que el fondo de aquella reforma solicita asegurar el triunfo de Morena a como dé lugar, porque no hay mejor crisol ni más fiel examen de la historia de su gobierno que el de las urnas del 2024. Y para ello inyectará 600 mil 321 millones de pesos en transferencias monetarias directas, en el año previo al tamiz electoral. Así, sólo el partido de López Obrador (del que es dueño) podría operar con cero pesos.
#Casualidades: Nunca hemos dudado de su cinismo, ahora resuelto a decirle a la militancia tricolor que su estrategia siempre fue dividir al partido, imponer candidatos poco competitivos, y obtener réditos negociables con los vencedores de la pasada elección en Zacatecas.
Por ello, palabras más, palabras menos, Roberto Luévano Ruiz dedica tiempo para reunirse con algunos priistas y asegurarles lo siguiente: “Yo voy a ser el presidente municipal de Guadalupe en 2024, eso ya está pactado con Julio [César Chávez Padilla]”.
Un acuerdo que sólo es viable si el exsecretario de Desarrollo Social que sólo ha ganado una elección en su carrera política, se encumbra en la dirigencia del tricolor. En caso de lograrlo, también sentencia a los enemigos: “lo primero que voy a hacer es expulsarte del partido”.
Quienes han escuchado sus promesas y amenazas, comentan que buena parte de los seguidores de Roberto cobran en las nóminas de Sombrerete, Pinos y Guadalupe. En este último incluso le tienen asignado personal de seguridad (dos elementos), para resguardar sus movimientos en el estado.
Pero, lo peor de Julio no sólo está en el municipio donde escenifica su “reality show” y en parte del PRI. Sus nexos se extienden hasta la Secretaría de la Función Pública, a través del subsecretario de responsabilidades administrativas (con minúsculas) Ángel Manuel Muñoz Muro.
Responsable de contestar, con su distinguida “agudeza”, a la juez segunda de distrito por los amparos contra las corridas de toros, también lo es de que sobre el Comité Organizador de la FENAZA caigan responsabilidades penales para las que fueron citados hace algunos días a una audiencia urgente en Palacio Nacional.