Es la quinta ocasión que “la secta” va a una votación legislativa, asesorada por el ahora Coordinador General Jurídico, Ángel Manuel Muñoz Muro. Y, para no perder la costumbre, es la quinta derrota que acumula el exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas, de la Secretaría de la Función Pública.
También, es la quinta ocasión que el grupo parlamentario de Morena Bienestar respalda una iniciativa que resulta un despropósito, construida desde la Coordinación Jurídica, con ayuda del magistrado Edgar López Pérez, reciente perdedor en la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Imponer en la magistratura a Norma Esparza Castro, actual directora de Estudios Legislativos (subordinada a las órdenes de Ángel Muñoz), de un cuerpo jurídico como el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática era como ponerse una bala en el pie, pues ella fue la encargada de una buena cantidad de despidos injustificados al inicio del sexenio.
No tenía el mínimo sentido posible, o lógica alguna, que Norma Esparza ocupara un asiento en el pleno de ese tribunal, si estaba obligada a excusarse de conocer todos los acuerdos laborales que ella inició como funcionaria verdugo de la nueva gobernanza. Presentar un voto, sin apartarse de miles de asuntos, daba el triunfo seguro a las y los trabajadores por la vía del amparo.
Ello significaba facilitar aún más los cientos de retornos a sus lugares y plazas de trabajo (con todo y salarios caídos), a todos aquellos funcionarios que fueron despedidos mediante oficios ilegales. Esa fue una estrategia que la nueva gobernanza tenía perdida desde el día uno y, a sabiendas de que así sería, lo único que querían era liberar momentáneamente puestos de trabajo.
Norma Esparza lo afirmó frente a una buena cantidad de exempleados a los que les ofreció acuerdos para que aceptaran su retiro voluntario. Tenía la ficha laboral de quienes despidieron, e incluso separó a quienes cargaban con mayores posibilidades de ganar por la vía jurídica para insistirles en que tomaran “la mejor” liquidación a cambio de su plaza.
En su ruta de obediencia a las órdenes arbitrarias de David Monreal Ávila, la directora de Estudios Legislativos también se salvó de un procedimiento penal que tendría graves consecuencias en su vida personal y profesional, casi al mismo tiempo de otro procedimiento que llevó su cónyuge, Guillermo Correa Pacheco, por amenazas contra el periodista Heraclio Castillo Velázquez.
Pese a encontrarse en estos linderos legales, Norma se mantuvo firme a la encomienda que le encargó el que se dice “gobernador”. El día de ayer, sin embargo, la LXIV Legislatura eliminó cualquier posibilidad de que Esparza Castro entrara a la terna finalista, ya que fue excluida de la quinteta que llegará a manos de David, su “fiel” patrón.
Aunque la semana pasada las bancadas del PRI-PAN-PRD dejaron libre la vía de acceso a una votación que permitiera a la nueva gobernanza elegir una magistratura a contentillo, las y los diputados enderezaron sus errores al poner el reloj legislativo en pausa, con la finalidad de cerrar las opciones para el dedazo de David Monreal.
Reanudada la sesión este lunes, los votos de “la secta” regresaron a su mínima expresión, y todo gracias a la rabieta de Ángel Muñoz. Por indicaciones del Coordinador Jurídico, Gabriela Pinedo Morales rompió con la Junta de Coordinación Política, donde le habían recordado: cualquier perfil menos el de Norma Esparza.
Fue así como la -a según- “líder” de la bancada guinda y presidenta de la JUCOPO insistió en que la Legislatura se desistiera de una quinteta, por presuntamente exceder los tiempos de la ley. Pidió luego que el balón se regresara a la cancha del que apodan “gobernador”, y así imponer a Esparza Castro sin veto legislativo.
Empero, todas las fracciones parlamentarias (incluidas las del Verde Ecologista y Nueva Alianza), permanecieron en la propuesta de elegir a cinco aspirantes que resultaron ser: José Guadalupe Chiquito Díaz de León, Érica del Carmen Velázquez Vacio, Oscar Gabriel Campos, Elizabeth Jiménez Castro y Olivia María Cabrera Ramírez.
De nada sirvieron las amenazas de la diputada Gabriela Pinedo en el sentido de romper el quórum con tal de concluir la sesión y enviar la designación a las manos de David Monreal. Fueron sus propios aliados los que se presentaron al pase de lista del periodo extraordinario “en pausa”, desahogaron el orden del día y acabaron con otra frustrada incursión de Ángel Muñoz y Edgar López.
Gracias a estos “operadores” del fracaso, Pinedo Morales lo mismo se quedó sin consensos al interior de la Junta de Coordinación Política para entregar la presidencia de ese órgano a la bancada del Verde Ecologista y el Órgano de Administración y Finanzas a Morena, y la oposición vuelve a empoderarse mediante algunas minorías que servirán de bisagras en próximas votaciones.
#Casualidades: Quienes lo saludaron en los “honores a la bandera” realizados en Fresnillo, este lunes por la mañana, notaron a un titular de Obras Públicas un tanto descompuesto, con el rostro notoriamente demacrado.
A la salida de ese evento, José Luis de la Peña Alonso no se dirigió a su despacho, sino que retornó a su domicilio, en la capital del estado. Cerca del mediodía, por un reporte vecinal, se supo que la policía procedió a detenerlo por haber agredido físicamente a su esposa.
Fuentes al interior de la nueva gobernanza confirmaron que De la Peña nunca se presentó a laborar en sus oficinas, y todo apuntaba a que había sido trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para responder por las acusaciones de violencia doméstica.
Al corte de esta columna, no ha habido ningún pronunciamiento de parte de alguna autoridad, y David Monreal, junto con Rodrigo Reyes Mugüerza han preferido comerse el error de un funcionario, que además está relacionado con aspectos personales, y no de su desempeño público.
En donde no podrán guardar silencio, será en otra causa penal que también persigue a De la Peña Alonso. Se trata del presunto delito contra el trabajo y la previsión social, por el que un juez lo ha obligado a comparecer ante el Tribunal de Justicia.
Debido a la retención ilegal de salarios en contra de un trabajador, al “arqui” se le podrá encontrar más seguido por los pasillos del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento. Vaya momento para ser el rostro visible de la nueva gobernanza en el desfalco público conocido como “viaducto elevado”, o segundo piso, cercano a los 3 mil 600 millones de pesos.