Se dice en la jerga jurídica que “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Sin embargo, no siempre las confesiones ofrecen la totalidad de matices que sí otorgan los testimonios y los documentos. Fue el caso de Priscila Benítez Sánchez que, finalmente, después de un cargo en el gobierno federal, una campaña y ahora una diputación, recuerda sus orígenes.
A las conveniencias, eso sí. Empero, los matices vienen con las huellas de su pasado. Efectivamente, como ella misma confesó en el pleno de la LXIV Legislatura, arrastra una historia priista en la que Miguel Alejandro Alonso Reyes (lo mismo ahora que David Monreal Ávila) cumplió la función de un “gran gobernador” a los ojos de la pintoresca política.
Registros existen desde 2010. En ese sexenio que hoy es causa de las pesadillas de David, la empresa constructora El Jaguar S.A. de C.V., a nombre de Leticia Sánchez Alpuche (madre de Priscila), recibe uno de sus primeros contratos, por la cantidad de 4 millones 223 mil pesos que correspondió a la Tercera Etapa de Regeneración de Imagen Urbana en los municipios de Pinos, Sombrerete y Teúl de González Ortega.
Los recursos fluyeron del proyecto FONREGION-211-2010, con un periodo de ejecución al 11 de octubre del 2011. Aquellos fueron los años de bonanza, patrocinados por su hoy némesis, y en donde conoció, como ella aseguró, “las entrañas del PRI”. Por la cantidad de obras que recibió El Jaguar en ese sexenio, se puede decir que no sólo conoció las entrañas, ella era una de las entrañas.
El priismo de aplanadora, como lo es Morena en el presente, luego le dio otra importante obra en 2012: la tercera etapa de la construcción del Parque para Niños con Capacidades Diferentes, en el municipio de Jerez, con un valor de 3 millones 325 mil pesos. Un año después, en 2013, con dos obras en Fresnillo y una en Guadalupe, la empresa El Jaguar ya era una de las consentidas.
Fue la administración de Rafael Flores Mendoza (a través de Gilberto Álvarez Becerra) quien le confió a Leticia Sánchez la construcción del templo Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad de Tacoaleche, con recursos que sumaron los 2 millones 956 mil pesos. Mientras que Benjamín Medrano Quezada le aportó otros 2 millones más.
Las de Fresnillo fueron obras de drenaje ubicadas en la comunidad Las Catarinas y Plan de Vallecitos, con recurso proveniente de las “entrañas” del alonsismo en 2013. Esa administración en la que Priscila ocupó la Dirección de Fondos y Proyectos para el Desarrollo Social de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, ahora SEDESOL.
En palabras más simples: Benítez Sánchez se encargaba de otorgar microcréditos a los padrones de programas sociales del PRI, que luego fue a vender a Morena. Y el cambio ocurrió, no cómo lo afirma la diputada, porque ella repudiara la corrupción de la que fue parte, sino porque los tricolores le negaron la candidatura local a uno de los distritos de Guadalupe.
Tan no fue así, que la constructora El Jaguar mantuvo su ascenso. En 2014, los municipios en donde colocó contratos fueron Villanueva, Vetagrande y Calera. En este último se encargo de instalar drenaje en la comunidad San Martín Toribio con valor de 1 millón 414 mil pesos, lo mismo que el drenaje en distintas calles de Villanueva por 1 millón 29 mil pesos.
Más tarde, en 2015, sus municipios de resguardo nuevamente fueron Villanueva y Calera, además de sumar a Ojocaliente. Pavimentaciones, construcciones de arco de acceso a carretera, y ampliación de red de drenaje. El valor de las obras rondaron los 3 millones de pesos, en una mezcla de recursos municipales y, nuevamente, del gobierno de Miguel Alonso.
Hacia el ocaso de la administración que hoy aborrece, en 2016, las obras que obtuvo Leticia Sánchez Alpuche registraron un valor mucho menor, además de que se concentraron en un solo municipio: el Morelos de Horacio Franco. Si bien sumó cuatro contratos, en total obtuvo cerca de 1 millón 200 mil pesos en pavimentaciones.
Para contrarrestar la merma de dinero que ingresaba para los Sánchez, en 2014 comienza a captar obra pública Egberto Benítez, hermano de Priscila. Su constructora lleva el nombre de COMINZA S. de R.L. de C.V., e inicia su capitalización de recursos públicos en los municipios de Villa de Cos, Calera y Vetagrande, con contratos que sumaron otro millón 100 mil pesos para la familia.
Aunque no hay registros de que COMINZA participara luego, en 2015, en adjudicaciones, concursos restringidos o licitaciones, Egberto se convirtió en uno de los principales socios de Horacio Franco, la mina de oro de los Sánchez durante todo el 2016. Tan sólo en ese año, la constructora alterna extrajo 6.6 millones de su cuasi accionista, el munícipe morelense.
En total, Morelos les dio a los Sánchez más de 8 millones de pesos en obras durante 2016, que catapultaron las aspiraciones de Priscila una vez convertida por las aguas guindas del monrealismo. Su próximo socio mayoritario se llamó Julio César Chávez Padilla, con asignaciones que superaron los 20 millones, dentro del municipio que se convirtió en la caja chica de David Monreal. Tema pendiente de esta columna.
#Casualidades: Para asumirse como el adalid “anti-corrupción”, el histérico diputado Ernesto González Romo tiene un pasado reciente que “huela a azufre”, como él teatraliza. Realizar campaña con recursos del Senado, es una de sus insignias.
Claro, él le llama “hacer campaña” al alquiler de un perifoneo, pega de calcas y una brigada con banderines en algunas calles. Aunque en realidad, como dijo a sus cercanos, lo que él necesitaba eran unas vacaciones en el Caribe, pues la elección “estaba ganada”.
No comparte esa opinión el empresario Jesús Badillo Valdez, que empujó buena parte del proselitismo de Saúl Monreal Ávila en colonias y comunidades. Todo lo contrario, tiene fresco en la memoria el patético papel del “asesor” de Soledad Luévano en el Distrito V.
No obstante ello, Ernesto gozó de un contrato por 263 mil 223 pesos de enero a junio del 2021, mismo que le trajo un problema con la Ley General de Responsabilidades Administrativas al entregar de forma extemporánea su última declaración de situación patrimonial y de intereses.
Y es curiosa su declaración patrimonial. No presenta experiencia laboral alguna (lo cual queda bastante claro), dice que su remuneración neta es de 88 mil 724 pesos, cuando el contrato que firmó amparan los 263 mil 223 pesos, y que un año antes recibió, como “servidor público”, otros 381 mil 840 pesos, aunque no especifica de dónde.
No tiene inversiones ni cuentas bancarias, bienes muebles o inmuebles, vehículos, no participa de ninguna empresa, ni especifica intereses. Lo que significa que la campaña la pagó con recursos públicos que obtuvo de la Cámara Alta (un probable delito electoral), y que es candidato a una sanción administrativa por la presentación extemporánea de su declaración en blanco.
Por algo será que le tiene fobia a este columnista…
Twitter: @GabrielConV