Tienen bastante sentido las declaraciones que diera a este espacio Jesús Padilla Estrada en julio del 2020, en respuesta a la pregunta sobre las actividades que desarrollaba Luis Cuauhtémoc Palestina Flores dentro del grupo parlamentario de Morena que él coordinó. El exdiputado entonces confirmó que la labor de dicho “asesor” no era cubierta con honorarios directos del Poder Legislativo.
En efecto, el último contrato que recibió Palestina Flores de parte de la LXIII Legislatura corre hasta diciembre del 2019. Un año después -situación que aclara el panorama- a Luis Cuauhtémoc lo separan de la nómina legislativa con la única finalidad de colocarlo como eje primordial de blanqueo de recursos a nombre de tres diputados.
Gabriela Evangelina Pinedo Morales, Héctor Adrián Menchaca Medrano, y el actual secretario del Campo utilizaron el RFC de una persona física para liberar 4 millones 903 mil 523 pesos, que obtenían por “justificar” el pago de exhortos e iniciativas de ley (en algunos casos repetidas), con la aprobación de la Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal, tan sólo en 2021.
Como canino con espuma fresca en el hocico, Luis Cuauhtémoc Palestina no sólo tenía por encargo redactar tres o cuatro cuartillas que vendía a precios exorbitantes. También devengaba los beneficios millonarios de la triangulación de recursos con un extenso catálogo de adjetivos dedicados a columnistas críticos de la labor de sus dueños políticos, y a hostigar al personal de otros fracciones parlamentarias.
El de “farsante” resultó ser uno de sus propios calificativos que bien resume su breve y abyecta historia en Zacatecas como un peón servil de eso que llaman “davidismo”. No hay argumento alguno que logre explicar cómo, entre 2018 y 2019, los servicios legislativos de Palestina Flores como auxiliar de Omar Carrera Pérez tenían un valor ínfimo de 16 mil 500 pesos mensuales.
Y en menos de un año, Luis Cuauhtémoc se convierte en empresario millonario al posicionar esa misma oferta laboral, pero ahora valuada en 5 millones de pesos. Simplemente carece de todo sentido posible, como lo carece el “gobierno” de David Monreal Ávila y todo lo que se relaciona con su carrera política como presidente municipal, senador y luego Coordinador de Ganadería.
Y trazas de los desfalcos existen desde su paso por la Cámara Alta. El ejemplo lo pone Blanca Margarita Flor de María Inguanzo Trujillo. Si no le suena este nombre al lector, es porque probablemente la reconozca más por el apodo simplón que ella utiliza: “Calabaza”. De recibir 50 mil pesos mensuales en el Senado de la República durante 2018, la LXIII Legislatura no fue muy generosa con ella.
Como auxiliar de la diputada Roxana del Refugio Muñoz González, sus costos de “asesoría” cayeron hasta los 15 mil pesos mensuales, de enero a junio de este año. Misma labor, ahora con cobros muy por debajo de su valuación en el Senado y que sólo apuntan al blanqueo de recursos, como lo conoce de primera mano el diputado Víctor Humberto de la Torre Delgado.
En adelante, será tarea de Ernesto González Romo -como él mismo ha hecho el compromiso- la de reconstruir el esquema de triangulación de dinero legislativo en años anteriores, para tener la imagen completa. Aseguró incluso que está dispuesto a traer a la mesa los gastos que realizó María Soledad Luévano Cantú como diputada de la LXI Legislatura.
Así sabremos si una integrante más del bloque de “asesores” de la bancada de Morena, Carla María Tena Mena, participó en el mismo entramado que Luis Cuauhtémoc. Actualmente regidora del mismo partido en el municipio de Guadalupe, ella laboró al inicio de la LXIII Legislatura -hasta donde se sabe- sin dejar huella en la nómina, como sí lo hicieron sus compañeros.
Al menos eso fue lo que especificó Jesús Padilla en la llamada telefónica que sostuvimos a mediados del 2020. Sin embargo, Ernesto González no debe perder de vista que, tan sólo en 2020, y de acuerdo con un investigación periodística de Heraclio Castillo Velázquez, Soledad Luévano devengó 2 millones de pesos en cubrir salarios de sus cuatro asesores y dos asistentes.
La senadora incluyó en su nómina legislativa a Jaime González Romo, hermano del hoy diputado. Lo mismo que a Rodolfo Alejandro Márquez López, Pedro Ernesto Carrera Chávez, Edith Guerrero Lechuga y María de los Ángeles Ortiz Díaz. En total: 1 millón 982 mil 447 pesos, que no tienen la mínima congruencia con la casi inexistente productividad legislativa de “Showledad”.
No hay manera de que, con facturas y recibos de cobro, los 32 diputados involucrados intenten cualquier control de daños de la bomba nuclear que detonó González Romo. Mucho menos una “oposición” que le da voz a Noemí Berenice Luna Ayala para alegar que a falta de un tablero de precios por asesoría, su esposo podía blanquear 300 mil pesos en un mes.
Lo mismo recibe en San Lázaro y presume al edil Manuel Alan Murillo Murillo, al que persigue la ASE con desvíos cercanos a los 27 millones. Claudia Edith Anaya Mota (que este lunes prefirió hablar de la unidad priista y la importancia de los “honores a la bandera”), Adolfo Bonilla Gómez y Roberto Luévano Ruiz además participarán en un foro que organiza en Sombrerete ese edil metido hasta la cocina en conflictos de interés.
¿Líderes y lideresas “morales” en el PRI que voltean la mirada a la corrupción de la que su partido no puede desdecirse? ¿Una dirigente estatal del PAN involucrada indirectamente, pero que respalda el desvío de recursos? No cabe duda de que el oficialismo y la “oposición” tiran por la borda la poca legitimidad que les sobra en forma de migajas.
#Casualidades: Es lamentable, por no decir penosa, la inercia aldeana que le imprime Norma Julieta del Río Venegas al INAI, así como la respuesta timorata de comisionados como Francisco Javier Acuña Llamas, su “querido paisano”, para detener esa visión pueblerina.
Al consultar el historial de Luis Cuauhtémoc Palestina en la Plataforma Nacional de Transparencia, este fin de semana el sistema se paralizaba y no permitía avanzar a los resultados. Una queja en Twitter de quien redacta mostró la burda respuesta del organismo garante.
Luis Fernando Araiz Morales, exdirector de Tecnologías del IZAI, y ahora titular de la misma área en el INAI no supo responder a la pregunta sobre la ralentización del sistema. En cambio, la cuenta de Twitter de su Dirección, se dedicó a echarse porras… con bots.
Once de catorce cuentas ligadas a los likes y retuits de una de las publicaciones de la Dirección de Tecnologías son perfiles que únicamente se dedican a replicar información del INAI y, casualmente, de la comisionada Del Río Venegas. Y se pueden consultar libremente.
Sólo las de Araiz Morales, Mariano Tello Nocetti (sobrino de Alejandro Tello Cristerna y director del Centro de Atención a la Sociedad del INAI), y Alondra Saray Dávila de la Torre, son identificables en esa “comunidad” artificial que utilizan para darle impulso a sus propias publicaciones.
De la respuesta sobre la falla en el sistema de consulta desde los móviles, Luis Fernando omitió cualquier pronunciamiento. Y cuando se puso en descubierto la red de “bots” que aplauden a Norma Julieta, las cuentas del INAI prefirieron el constatable silencio. No cabe duda de que todo lo que toca la comisionada, tarde o temprano se pudre.
Twitter: @GabrielConV